Sanidad y educación concentran la mitad de las quejas de la Junta ante el Procurador del Común

El Procurador del Común, también conocido como ‘el defensor del pueblo’ de Castilla y León, investiga presuntas irregularidades en la administración local y autonómica a raíz de las quejas que recibe de los ciudadanos (1.918 el año pasado) o motu proprio cuando nacen de sus propias «preocupaciones» canalizadas a través de las actuaciones de oficio y que en 2024 sumaron 144 (47 más que en 2023). Son algunas de las cifras de la memoria anual que ayer Tomás Quintana dio a conocer a los medios de comunicación en Valladolid después de entregar el documento al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y que se presentará también en una sesión monográfica en el parlamento autonómico en el mes de mayo.

El reparto de las quejas es similar al de años anteriores, tanto por provincias como en relación a las administraciones afectadas o los motivos que activan los expedientes.

Entre las actuaciones abiertas de parte, más de la mitad señalan a una administración del ámbito local (con 1.087 quejas, el 57%). A continuación se sitúan las que protestan contra actuaciones de la Junta de Castilla y León, con 635 quejas. De ellas, más de la mitad apuntan a las consejerías de Sanidad (183 el año pasado) y Educación (127). Le siguen las dirigidas a Medio Ambiente (75), Familia (74) y Presidencia (52).

Tampoco varía el porcentaje de resoluciones aceptadas: una de cada diez sigue sin ser aceptada por la administración a la que se dirige, en ocasiones por una decisión motivada y, en otras, porque la entidad no contesta. Pese a todo, el Común saludó el alto grado de aceptación de las «sugerencias» o «recomendaciones» emitidas por su equipo, «casi el 89%», unas décimas superior al habitual y que, en todo caso, suponen un «motivo de satisfacción» porque «dentro de cada aceptación hay un problema que se resuelve». «O camino de resolverse», matizó al reconocer que «las cosas de palacio casi siempre van despacio».

Al desgranar las actuaciones de oficio, citó en primer lugar un asunto recurrente concentra la mayoría de sus resoluciones: el agua potable en los municipios. El año pasado realizó 93 actuaciones para advertir de problemas relacionados con el abastecimiento, como la contaminación por nitratos, «interviniendo para que se corrija» cuando se detectan niveles superiores a lo que marca la normativa, una situación que en ocasiones «es fácil» revertir pero que otras requiere actuaciones como un nuevo depósito y, en ese caso, emplazan a los ayuntamientos, sobre todo aquellos de menor tamaño, a recurrir a las líneas de apoyo de las diputaciones provinciales.

Otro frente relacionado con el servicio de agua son las «numerosas fugas» que han detectado sin que los municipios realicen los exigibles controles sobre el consumo propio y sus redes de abastecimiento, lo que ha motivado también actuaciones para emplazar a los municipios de más de cinco mil habitantes a que «afronten esos problemas con el control del consumo de agua».

Otro foco de su labor el año pasado es la exigencia de por ley de que todos los municipios realicen un inventario de todas las edificaciones que contengan amianto, un «deber» el de acometer ese censo que acumula un «retraso muy considerable» y que resulta necesario para su posterior «retirada progresiva».

El siguiente capítulo que citó el procurador son las competencias en materia urbanística. Por ejemplo, su resolución para que los propietarios mantengan limpios sus solares y edificios para evitar la propagación de garrapatas, ante las picaduras que se estaban produciendo, «algunas con resultado de muerte», contextualizó, y  en otras ocasiones causando importantes daños a la salud, desde la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo a la enfermedad de Lyme. 

Varias actuaciones de oficio pusieron la lupa sobre el derecho a la igualdad de personas con algún tipo de discapacidad, como la dirigidas a exigir la accesibilidad a los autobuses urbanos a través de las rampas de elevación, la que reclamaba gratuidad o bonificación para los viajeros acompañantes de personas que requieren ese apoyo o el requerimiento para que todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes ofrezcan campamentos de verano adaptados a usuarios con discapacidad para que su oferta sea realmente «inclusiva».

Recordó también sus advertencias sobre la demora en la tramitación de expedientes en materia agroganadera. Por un lado, las ayudas a jóvenes y, por otro, las destinadas a la mejora y modernización de explotaciones agrarias, con retrasos que pueden «comprometer la propia viabilidad» de estos negocios.

La petición a la Consejería de Medio Ambiente para «implantar de forma progresiva técnicas de IA, con algoritmos que permitan prevenir el impacto de aves y murciélagos contra las palas de los aerogeneradores» centro otra de las actuaciones de oficio del Procurador el año pasado.

En materia cultural, mencionó las solicitudes dirigidas a la Junta para proteger los elementos arquitectónicos que jalonan el Canal de Castilla, ante el estado de «progresiva degradación» que presentan muchos de ellos. Lo mismo sobre los 54 viejos silos que medio siglo atrás sirvieron para almacenar el grano y que hoy merecen en algunos casos una protección patrimonial o recuperar su uso, como es el caso del mayor almacén de Castilla y León en Pancorbo.

Los problemas de tráfico en los entornos escolares llevaron a Quintana a proponer la implantación aquí de dos iniciativas: kiss and go (para dejar al niño en la puerta del colegio) y kiss and ride (con zonas de estacionamiento próximo) para desatascar los embudos que se forman a las entradas y salidas.

Como ejemplo de actuaciones en materia tributaria, el Procurador del Común recordó su propuesta de ofrecer al contribuyente las dos posibilidades para liquidar el impuesto de plusvalías, con una información clara, para que cada ciudadano pueda escoger la que le resulte más ventajosa (ya sea el cálculo objetivo de la cuota vinculada al valor del bien o mediante la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta).

La denuncia por los oncólogos de Bierzo frena una investigación

Preguntado por la falta de oncólogos en el área de salud de Bierzo, el Procurador del Común explicó que en los últimos años se han recibido quejas ciudadanas alertando de la falta de profesionales, canalizadas en sus respectivas resoluciones. 

El problema, lamentó Tomás Quintana, sigue sin resolverse, con importantes carencias en las coberturas de esta especialidad, que motivaron el año pasado la apertura de una actuación de oficio. La llegada de una denuncia a la Fiscalía de León para que investigue este desolador panorama sanitario en el hospital de Ponferrada obligó a frenar ese expediente. 

«Paralizamos la actuación de oficio porque cuando entra un asunto en la judicatura nosotros no podemos actuar», explicó Quintana al mencionar la normativa que regula la actuación del conocido como defensor del pueblo en Castilla y León.

Sobre su renovación: "Soy un año más viejo; que decidan y decidiré"

El Procurador del Común, que lleva más de dos años en régimen de ‘interinidad’, como el resto de los representantes de las instituciones propias de Castilla y León, confió en que los grupos del parlamento «decidan en algún momento».

«Entonces yo también decidiré», apostilló al recordar que hoy es «un año más viejo» que cuando presentó el anterior informe anual y recibió el apoyo de los grupos para seguir otro mandato en este cargo.

Mostró su gratitud al equipo de trabajadores que conforman la oficina del Procurador del Común y mostró su despreocupación ante la llegada del momento de esa hipotética renovación del cargo.

 «No lo he pensado», aseguró este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, preguntado sobre la expectativa de que esa votación se produzca en esta legislatura o ya en la siguiente, a partir de marzo de 2026 salvo adelanto electoral.