El lobo multiplica los ataques en Castilla y León: 4.000 asaltos

La pesadilla de los ganaderos de Castilla y León se intensifica, y va al alza. La proliferación de lobos en la Comunidad, confirmada en el último censo presentado en noviembre, da sus frutos en forma de reses muertas y rebaños destrozados, cada vez más. Un nuevo estudio cifra en casi 4.000 los asaltos del depredador a la cabaña ganadera en 2024, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior y de un 47% desde que el Gobierno de España, por iniciativa de la proteccionista Teresa Ribera en su etapa de ministra de Medio Ambiente —o como se dice ahora, de Transición Ecológica y Reto Demográfico— lo incluyó sin datos técnicos que lo avalaran en el Listado de Especies de Especial Protección (Lespre) en 2021.

Así lo desveló en la mañana de este martes el consejero  de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al presentar un nuevo estudio sobre los daños del lobo a la cabaña ganadera de Castilla y León. Según las conclusiones de ese informe, el número de ataques y cabezas de ganado muertas por daños de lobo en la Comunidad en 2024 continuó incrementándose, hasta alcanzar un total de 3.973 ataques, suponiendo un aumento del 11% respecto de los ataques registrados en 2023 (3.566 ataques), de un 23% respecto de 2022 (3.237) y de un 47% respecto de los ataques del año 2021 (2.694).

Por su parte, el número de cabezas de ganado muertas esos asaltos alcanzó las 5.985 en 2024, con un incremento del 8% respecto de las cabezas muertas en 2023 (5.567 cabezas), de un 10% sobre las cabezas muertas en 2022 (5.417) y de un 39% respecto de las de 2021 (4.314), año en el que el lobo se incorporó al Lespre. Además, en 2024 otras 430 cabezas de ganado fueron heridas por ataques de lobo, frente a las 238 cabezas de ganado heridas en 2023.

Por provincias, Ávila aglutina el 25% de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.525 reses muertas y 37 heridas. A continuación, las provincias de Zamora, con 1.108 animales muertos, y Segovia, con 868 reses, representan el 19% y 15% respectivamente de las cabezas muertas. Hay que destacar también la provincia de Burgos, que con 813 animales muertos representa el 14% de los daños, lo que significa multiplicar por 8 los daños respecto a 2021, pasando de 85 reses muertas en 2021 a 813 reses en 2024.

Por especies, el 50% de las cabezas muertas se corresponden con ganado vacuno (2.963 reses), concentrándose estos daños fundamentalmente en las provincias de Ávila, Segovia y Zamora, con 1.210, 657 y 415 cabezas muertas respectivamente. El ganado ovino representa el 42% de las cabezas muertas (2.523 reses), distribuidas fundamentalmente entre las provincias de Zamora, con 663 animales muertos, Salamanca, con 520 cabezas, y Burgos, con 499. El equino, con 295 animales muertos, sigue representando el 5% de las bajas, distribuidos fundamentalmente por la cordillera cantábrica, en las provincias de Burgos, León y Palencia, con 135, 61 y 48 animales muertos respectivamente. Por último, los daños sobre ganado caprino apenas suponen el 2% del total, con 135 bajas.

Como consecuencia, el importe de las indemnizaciones abonadas a los ganaderos por estos daños cada día es más abultado. En el año 2024 supusieron un total de 4,8 millones de euros, de los cuales, 3,8 millones se correspondieron con pagos compensatorios y un millón de euros por responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños.

El número de explotaciones ganaderas que han recibido estos pagos compensatorios no ha dejado de crecer en los últimos años, en consonancia con la proliferación de manadas del cánido y de los ataques del depredador. En 2020 fueron 765 las explotaciones que lo recibieron. En 2021, 794; En 2022, 966; en 2023, 1.101 y por último, en 2024, 1.230. El crecimiento es del 55% en el número de granjas atacadas por los lobos desde la inclusión del depredador en el Lespre.

Posición «injustificada»

Con estos datos, Suárez-Quiñones argumentó que el Gobierno mantiene una posición «injustificada» y que también es contraria a las tesis que defiende la Unión Europea, que ya ha iniciado los trámites para, en función del dictamen del Comité Permanente del Convenio de Berna, modificar la Directiva Hábitats y rebajar la protección al lobo. Además, también afirmó, en declaraciones que recogió Ical, que desde el Gobierno autonómico no admiten «que esto sea un debate entre el lobo o la ganadería», y por eso la Junta «lucha por la conservación del lobo, y así lo hemos demostrado en las últimas décadas, por lo que no admitimos lecciones. Lo que queremos es la compatibilidad».

El consejero se refirió de forma especial a la provincia de Ávila, en la que aseguró que se han superado «todas las líneas rojas» hasta llegar a una situación «insostenible» que hace urgente un control de la población de lobos.

Suárez-Quiñones, que denunció que el Gobierno está incumpliendo su compromiso de asumir la mitad de los pagos compensatorios a los ganaderos que sufren ataques, se mostró sorprendido por la inacción del Ministerio de Transición Ecológica, dado que además de un incremento «inaceptable» del número de ataques, también se ha registrado un incremento de las manadas, que han pasado de las 179 del censo de 2012/2013, a las 193 del censo de 2022/2023.

El responsable autonómico de Medio Ambiente argumentó que el Gobierno se encuentra «cercado» en su postura, dado que además de la decisión de la Comisión Europea de modificar la Directiva Hábitats para rebajar la protección al lobo, desde el Grupo del PP en el Senado se pretende introducir enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario para que el lobo sea excluido del Lespre. Así, hizo un llamamiento a todos los diputados nacionales de Castilla y León para que cuando la ley sea tramitada en el Congreso voten a favor de los «intereses de los ganaderos de Castilla y León y en defensa del medio rural».

Desclasificación

Al mismo tiempo, con el objetivo de presionar al Ministerio de Transición Ecológica, Suárez-Quiñones recordó que en las próximas semanas Castilla y León, junto con las comunidades de Galicia, Cantabria y Asturias, solicitará la desclasificación del lobo del Lespre, y recalcó que el Gobierno debe «recapacitar» ante el incremento de daños y manadas.

Por último, el consejero de Medio Ambiente anunció que se ha abierto una negociación con las organizaciones agrarias para actualizar los pagos compensatorios que reciben los ganaderos, con el fin de asumir el incremento del precio de mercado de los animales.

Posición de las Opas

Por su parte las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) de Castilla y León calificaron de «insoportables» los daños que los lobos están provocando en la Comunidad y reclamaron al Gobierno que rectifique y saque a los cánidos del Lespre.

El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, lamentó que el Gobierno «prefiera tener lobos a contar con ganaderos en el medio rural», a la vez que explicó que los cuantiosos daños económicos que están generando los ataques hace necesario volver a la situación anterior a la inclusión del lobo en el Lespre. «Nadie quiere erradicar a los lobos, pero los daños que están provocando ahora son insostenibles», apuntó en declaraciones que recogió Ical.

A su vez, Donaciano Dujo reclamó al Gobierno un cambio de posición y que convoque de forma urgente a las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo que permita acabar de forma urgente con esta «lacra».

En la misma línea, el representante de La Alianza Upa-Coag, Aurelio González, lamentó que se ha pasado de una media de siete ataques diarios en 2021, a once en 2024, y recalcó que «el verdadero peligro de extinción lo sufren las explotaciones ganaderas de extensivo y no los lobos». Además de criticar al Gobierno por no sumarse a la recomendación del Comité Permanente del Convenio de Berna, que recomienda rebajar la protección del lobo, denunció que el Ministerio de Transición Ecológica no se reúna con las organizaciones agrarias.

González calificó de «irresponsable» la postura del Gobierno, a la vez que también reclamó un mayor control sobre la población de ciervos y los jabalíes, dado que la acción del lobo «no es suficiente para reducir el incremento de unas especies que provocan graves daños en las explotaciones agrícolas».

Por su parte, el coordinador regional de Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, advirtió que los ataques de los lobos ponen en peligro la continuidad de la ganadería extensiva y por tanto, a una herramienta clave para prevenir los incendios forestales. A su vez, criticó que mientras toda Europa va en la misma dirección y plantea rebajar la protección del lobo, el Gobierno de España vaya en «dirección contraria».

Por último, criticó que el Ministerio de Transición Ecológica esté cerrado a «cal y canto» para las organizaciones agraria y aseguró que con los actuales niveles de ataque es muy complicado que exista un relevo generacional en la ganadería extensiva, dado que a las pérdidas económicas, hay que sufrir el estrés y el daño emocional que sufren los ganaderos cuando, de forma repetida, sufren ataques en sus explotaciones.

Al menos 193 manadas

El lobo se multiplica en Castilla y León y las manadas se expanden por todo el territorio. Tanto, que por primera vez han colonizado las comunidades de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha desde Ávila, Segovia y Soria, y se extiende hacia el sistema ibérico. Al norte, en las montañas de León, Palencia y la zona zamorana de Sanabria, hay enclaves donde el lobo ha saturado el territorio, ya no caben más.

En las nueve provincias de la Comunidad viven al menos 193 manadas, cuando en el recuento anterior, de los años 2012 y 2013, había solo 158. Supone que en el territorio habitan entre 1.000 y 1.700 lobos, según el último Censo regional del lobo ibérico 2022-2023 presentado el pasado 19 de noviembre.