Investigadores de la UVA y la USAL, contra la supresión del Gobierno a las ayudas de la IA

Dos siglas se han convertido en el nuevo campo de batalla de la geopolítica global, las de la Inteligencia Artificial (IA). Una ‘carrera’ de fondo donde todos los países pueden participar, con sus respectivos proyectos e inversiones, pero en la que Estados Unidos y China saca varios metros de ventaja sobre el resto de países. En esa tesitura, España abrió en junio de 2023 una convocatoria para «formar redes de colaboración interdisciplinar en IA», con un presupuesto de 31 millones de euros procedentes de fondos europeos y ayudas que financiaban con hasta 2 millones cada red de investigación que permitirían posicionar a España como un referente a nivel no solo europeo, sino global. Pero sin explicación, los investigadores solicitantes vieron cómo pasaron de posibles beneficiarios a perjudicados por una cancelación inesperada del proyecto. Ahora, más de medio millar de académicos, entre ellos cuatro de la Universidad de Valladolid (UVA) y dos de la Salamanca (USAL), exigen un nuevo plan de ayudas y responsabilidades «a aquellas personas que a nivel individual hayan sido responsables de esta situación».

La indignación llevó a la creación de un colectivo de afectados, con casi un centenar de investigadores unidos para «visibilizar las irregularidades en la gestión de esta convocatoria, defender los derechos de la comunidad científica y exigir soluciones que restituyan los esfuerzos invertidos en los proyectos». Uno de esos proyectos es el de Francisco José García Peñalvo, catedrático de la USAL y uno de los 563 firmantes del comunicado dirigido a devolver la convocatoria a su estado natural, como también consideran Jesús María Zamarreño Cosme y Beatriz Águeda Hernández, profesores titulares de la UVA; María Antonia López Luengo, profesora contratada y doctora en la UVA; Lucía Sanz Valdivieso, investigadora predoctoral en la UVA; y Llanos Navarro Laespada, profesora sustituta de la USAL.

«Sorpresa» e «incredulidad» son las dos primeras palabra que utiliza García Peñalvo para reflejar su opinión sobre la decisión tomada desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a cargo de Diana Morant. Pero para este catedrático de la USAL, los problemas ya se atisbaban desde que se anunció la convocatoria. «Es una convocatoria que aparece una manera bastante sorpresiva, en un momento cercano a la época estival, muy compleja de organizar y coordinar entre las universidades que debían ir en consorcio y que, llegado el momento del envío, los servicios de investigación de unas universidades se preguntaban entre sí para ver si eran capaces de resolver algunos aspectos que no estaban muy claros», explica a este periódico. Y entre las limitaciones, la forma de adjuntar los documentos que «no era trivial» y con modificaciones posteriores en el procedimiento de envío y la gestión de firmas entre los investigadores y los responsables legales de las instituciones.

Para este perjudicado, la Convocatoria de Proyectos de Investigación en Cooperación en el Área de la Inteligencia Artificial suponía una inyección para poder «sostener» su grupo de trabajo, con un presupuesto de 31 millones de euros procedentes de fondos europeos (NextGenerationEU) y ayudas que financiaban con hasta 2 millones cada red de investigación. Ese montante elevaba la convocatoria a la categoría de «única» al permitir la movilización de «un potencial latente del sistema universitario español» junto a la retención de «talento investigador» y generación de «sinergas interdisciplinares capaces de superar los retos de la IA en la sociedad contemporánea», como refleja el comunicado del colectivo de investigadores afectados.

La DANA como excusa

Ese frenesí no se correspondió con el ánimo del Gobierno para resolver en los plazos indicados la primera convocatoria dedicada a la IA en España. Con previsión de una resolución en seis meses tras cerrarse el 15 de septiembre de 2023, ese tiempo transcurrió sin respuesta para los investigadores. Y con el objetivo de conocer la lista de proyectos elegidos, desde diferentes universidades consultaron la situación a la extinta Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora, Información y Seguimiento del Sistema Universitario, del Ministerio Universidades. La respuesta, sin embargo, rezumaba prosperidad al afirmar que «la publicación de la resolución era inminente», constatan en el mismo comunicado.

Los seis meses de espera se transformaron en quince. Pero sumados nuevos retrasos, la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento, Elisa Rivera Mendoza, afirmó que la convocatoria estaba «en vías de estar resuelta». Era el 12 de diciembre de 2024. 18 días después, esa esperanza se vio apagada tras la comunicación del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García, donde explicó que «una serie de circunstancias sobrevenidas han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria». Entre los motivos, añadió, «se suma la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la DANA».

La respuesta de Juan Cruz Cigudosa García fue considerada como «inaceptable, indigna e irresponsable» por parte del colectivo de investigadores afectados tras usar la DANA como argumento para suprimir la convocatoria. «¿Por qué la directota general de planificación Elisa Rivera dijo en la comisión de ciencia del Congreso de los Diputados que la convocatoria está en vías de ser resuelta y una semana después hemos recibido una comunicación diciendo que eliminan la convocatoria? ¿Mintió deliberadamente Elisa Rivera?», cuestionaron en un comunicado.

«La DANA no tiene nada que ver con la convocatoria porque pasa un año después de que se cierre el envío de propuestas», reafirma García Peñalvo, que considera a su vez que no hay «ninguna razón con una evidencia clara para justificar la cancelación».

Al margen de las causas y el montante de 31 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation EU que quedan sin ejecutar, García Peñalvo refleja que el «efecto negativo» que ha conllevado esta decisión «no tiene remedio». Otra voz anónima, firmante del comunicado del colectivo de investigadores afectados, opina que es una «falta de respeto monumental al trabajo realizado, por no hablar de que si se hizo la convocatoria es de suponer que se consideraba de interés general para el avance del conocimiento y el posicionamiento internacional de España en diversos campos de investigación».

Oportunidad perdida

Eliminados los proyectos, la investigación conjunta en IA y la coordinación en el sistema universitaria es considerada como una oportunidad perdida, lo que frena la remontada de España respecto al resto de Europa en torno a la carrera investigadora de la Inteligencia Artificial. «Es significativo que la primera convocatoria dedicada a la IA no se resuelva y se tenga la decisión tras año y medio desde que se comienza a publicitar dicha convocatoria. [...] Tras el anuncio del plan Stargate por parte de E.E.U.U., con 500.000 millones de dólares de partida, es difícil estar a una altura competitiva, pero siguiendo los paso de, por ejemplo, Francia, habría que dar pasos estratégicos y que estén garantizados con una financiación adecuada, aunque sea al nivel de nuestro país», explica.

Con una herida todavía sin cerrar, el Gobierno lanzó recientemente una nueva convocatoria de ayudas a la inteligencia artificial (IA) bajo las mismas condiciones que el anterior plan, pero los investigadores ya no aceptan sus propuestas. «Se ha perdido la oportunidad propia del primer impulso y lo que se haga estará bajo un obvio sentimiento de desconfianza», considera García Peñalvo.

Además, en su particular caso como líder de un proyecto investigador, duda de si sumarse a la nueva convocatoria. «Primero habrá que ver el texto y alcance de la convocatoria, si ha simplificado los procedimientos y solucionado todas las zonas grises de la primera, qué presupuesto y cantidad de proyectos podrán ser potencialmente financiados, qué restricciones aparecen para la creación de los consorcios, en qué ventana temporal se tiene que presentar y cuándo se resolverá… Además, habrán pasado casi dos años entre que se gestaron las propuestas (de las que no se ha recibido ninguna realimentación ni para lo bueno ni para lo malo) y que se tengan que presentar las nuevas, esto al ritmo de avance de la IA es un mundo. Por tanto, sí o sí los proyectos deberán replantearse, muchas de ellos prácticamente desde cero», concluye el catedrático de la USAL.