Castilla y León, la más lenta en tramitar eutanasias

El pasado año se atendieron en Castilla y León 27 solicitudes de prestación de ayuda a morir según el Ministerio de Sanidad, y 26 según la Consejería de Sanidad de la Junta. Esta última aporta otros dos datos, y suma cuatro solicitudes más que, aunque presentadas en 2023, no habían concluido su tramitación a 31 de diciembre, lo que eleva las peticiones a 30. Otras cuatro habían sido presentadas en 2022 y se resolvieron en 2023. Precisamente esta disparidad de datos, junto a la «ocultación» de los mismos, es uno de los aspectos que denunció en la mañana de este jueves la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), en una rueda de prensa en la que relató cómo la entidad tuvo que acudir al Procurador del Común para que se les aportasen cifras sobre la prestación. «Los datos sobre las solicitudes de eutanasia son un galimatías en todo el estado, trabajamos a oscuras», aseguró el médico y activista de DMD, Fernando Sanz. Desde la puesta en marcha de la Ley de eutanasia en 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, Castilla y León ha registró 63 solicitudes, con un total de 23 autorizaciones de eutanasia.

En lo que sí concuerdan ambas administraciones es que en 2023 llegaron a realizarse doce eutanasias en Castilla y León. El número representa un 44% del total de las solicitudes, según el último informe de evaluación anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España dado a conocer este jueves por el Ministerio de Sanidad. O bien un 40% según la Consejería de Sanidad. Desde la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, se atendieron en España 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir: 173 durante 2021, 576 en 2022 y 766 en 2023.

Según los datos del estudio del Ministerio, de las 27 solicitudes registradas en la Comunidad once fueron de hombres y 16 de mujeres, y las patologías de base mayoritarias en las personas solicitantes fueron enfermedad neurológica y oncológica.

Según puso de manifiesto DMD, Castilla y León es la comunidad autónoma que más tarda en tramitar los expedientes de eutanasia, con un plazo medio de respuesta de 81 días, cuando la media nacional se sitúa entre los 35 y los 40 días. La asociación lamenta que un tercio de los solicitantes muere antes de que se resuelva el expediente, otro tercio se deniega y solo un tercio llega a término.

Pero el mayor problema no está en en la burocracia de la Junta. Uno de los mayores escollos a la prestación real de la eutanasia está en la objeción de conciencia del personal sanitario, un total de 1.011 profesionales. Existen 764 médicos, 234 enfermeras y 13 farmacéuticos inscritos en el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, según la Junta. «Pero aquí no están todos, porque muchos no se registran hasta que les llega una solicitud», apunta Sanz. Y es que «no hay un procedimiento para sustituir al médico objetor para tramitar una solicitud», remarca. Y mientras no se encuentra otro médico, esa solicitud «es inexistente, no se contabiliza».

Precisamente fue ese el caso que relató en la rueda de prensa de DMD Judith González Barcina, hija de una persona enferma de ELA que solicitó la eutanasia. Murió antes incluso de que su petición empezara la tramitación, puesto que su médico era objetor. El expediente terminó en manos de un equipo médico que ni siquiera respondió. Cuando la Consejería de Sanidad llamó para responder a las quejas de la familia, su padre había fallecido el día anterior. «Murió por la noche, solo, y eso no tenía que haber ocurrido», lamentó Judit. 

Por comunidades, según el Ministerio, la que más solicitudes registró fue en Cataluña, con 219, seguida de Madrid, con 89; Canarias, con 62; País Vasco, con 58; Comunidad Valenciana, con 56; Andalucía, con 43; Galicia, con 41; Baleares, con 37; Asturias, con 33; Castilla-La Mancha, con 28; Castilla y León, con 27; Navarra, con 24; Aragón, con 22; Cantabria, con 19; La Rioja, con 4 y Murcia y Extremadura, con dos cada una.

En el otro lado de la moneda, el pasado año se presentaron 21 revocaciones en toda España, según el Ministerio, de personas que dieron marcha atrás en su voluntad de solicitar su eutanasia. Aquí se vuelve a producir una disparidad de datos, ya que según el Gobierno central, dos de ellas se realizaron en Castilla y León, mientras que según el Gobierno autonómico el número se elevó a seis: cinco después de la primera solicitud, y una tras la autorización.

Informe  «deficiente»

El informe de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Junta de Castilla y León que facilitó a los medios la asociación DMD, que lo obtuvo a su vez del Comisionado de la Transparencia, desvela también la distribución de la prestación por años. Así, en 2021 se practicó una única eutanasia, diez durante 2022 y doce en 2023. Pero se trata de un informe que «presenta deficiencias que impiden conocer aspectos relevantes sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia», aseguran desde DMD. «Entre ellas, no es posible saber cuántas personas fallecen durante la tramitación ni la causa de su muerte, o cuánto tiempo se tarda en nombrar médico responsable alternativo cuando hay objeción de conciencia. Tampoco aporta información sobre los motivos de denegación de solicitudes, ni se detalla si las personas solicitantes viven en el medio rural o urbano, cuál es su nivel socioeconómico o el tipo de contexto eutanásico», enumeró la entidad en un comunicado. «Además, el informe no aporta datos sobre las prestaciones reconocidas y solicitadas por Instrucciones previas. No queda claro dónde se producen las demoras que condicionan una duración de los procesos que nos parece inadmisible y que es urgente corregir».

En la rueda de prensa, la asociación también denunció omisiones en el nuevo decreto de la Junta de Castilla y León, publicado el pasado 25 de noviembre, sobre el documento de instrucciones previas, también conocido como testamento vital. «Omisiones que, a nuestro juicio, hacen nula la norma», afirmaron. Entre ellas, que no se incluya la eutanasia entre el contenido que pueden tener las instrucciones previas. Por otro lado, «se omite asignar a alguna unidad administrativa o centro la formalización del documento de instrucciones previas donde cualquier ciudadano puede dejar por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos cuando se produce un deterioro irreversible de su salud y llega un momento en el que no puede expresarse».

DMD tiene noticia de que la formalización del documento de instrucciones previas se hará por personal voluntario y se designará a personas concretas, «con el riesgo de que la función deje de realizarse cuando esa persona termine de prestar servicios o deje de ser voluntaria. Además, la norma no contiene ningún anexo y los modelos que la acompañan se han publicado en la web, lo que posibilita su modificación o su eliminación sin la tramitación de la correspondiente modificación del decreto del que deben ser parte».

La asociación también critica el nuevo decreto porque «no resuelve las dificultades de registro actuales, con demoras de hasta 18 meses para formalizar las instrucciones previas, como ocurre en Burgos, y con dificultades de acceso en el medio rural».

«El nuevo modelo de documento de instrucciones previas limita derechos de la ciudadanía y es confuso, lo que supone una posible fuente de problemas interpretativos cuando deba ser aplicado. Aunque la norma de la que parte este modelo omite la posibilidad de pedir la eutanasia, en el modelo se incluye esta opción, a la que basta decir sí, sin ninguna otra manifestación», expone la asociación Derecho a Morir Dignamente, que cumple 40 años el viernes, 13 de diciembre.

40 aniversario

La asociación Derecho a Morir Dignamente cumple 40 años. Cuatro décadas desde que decenas de personas respondieron al llamamiento de un joven profesor de matemáticas, Miguel Ángel Lerma, para crear en España una asociación en defensa de la muerte digna similar a las que ya existían en otros países europeos. «A pesar del rechazo inicial del Ministerio del Interior, que se negaba a inscribir a la nueva organización en el registro de asociaciones, finalmente se logró el 13 de diciembre de 1984», relatan desde la organización.

Cuatro décadas después, Derecho a Morir Dignamente (DMD) cuenta con más de 8.000 personas socias comprometidas con el derecho a la muerte digna. «El trabajo de la asociación y los testimonios de personas valientes como Ramón Sampedro, que hicieron público su deseo de poder decidir el momento final de sus vidas, han logrado que la prestación de ayuda para morir tenga el apoyo de la mayoría de la población española y se haya convertido en un derecho para la ciudadanía con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021», concluye la entidad.