Un procurador del PSOE pregunta en las Cortes por el contrato de una empresa para la que trabaja

El Ejecutivo autonómico quiere aclarar si hay conflicto de intereses a propósito de una pregunta registrada en las Cortes el 12 de abril por un grupo de procuradores socialistas, entre ellos Rubén Illera, que afectan a una empresa para la que este trabaja. El documento solicita «datos, informes y un gran número de documentos sobre el contrato para la prestación del servicio de teleasistencia en Castilla y León», según explica un escrito de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dirigido a la Mesa de las Cortes al que ha tenido acceso este periódico. El departamento del Ejecutivo autonómico solicita así a la Mesa que determine si esas peticiones del procurador suponen un conflicto de intereses entre su actividad profesional y sus funciones como procurador. También solicita que, hasta que se resuelva esta cuestión, «se paralicen los plazos de remisión de esta documentación».

La pregunta parlamentaria que firma Rubén Illera afecta a una empresa para la que presta sus servicios profesionales. La entidad, a su vez, concurría a una convocatoria pública para prestar el servicio de teleasistencia y, al no ser seleccionada, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Junta, que en la actualidad está en tramitación procesal.

Según la Consejería implicada, la petición formulada, que finalmente ha sido retirada por los procuradores socialistas, «podría incurrir en un conflicto de intereses, puesto que Illera «presta sus servicios profesionales retribuidos» para esa empresa, si bien admite que no existe «una norma específica en nuestro ordenamiento autonómico» que contemple el caso. Sin embargo, apela a los acuerdos de las mesas del Congreso y del Senado que sí reprueban estas conductas cuando un parlamentario «tenga un interés personal», de tal forma que «se pueda poner en duda su objetividad o su independencia, o que implique que no persiga la consecución del interés general».

Por otro lado, Familia subraya que la solicitud efectuada «se refiere expresamente al contrato del servicio de teleasistencia que ha sido objeto de impugnación por parte de la empresa», y se pide «información detallada y muy concreta de todos los aspectos referidos a la ejecución del contrato, como el seguimiento de la actividad del servicio, incluyendo cuadro de mandos, informe de seguimientos, memorias, evaluación de la prestación del servicio, número de trabajadores en cada mes existentes desde el inicio del contrato, con indicación del tipo de contrato, categoría profesional, jornada, titulación, antigüedad y centro de trabajo, número de beneficiarios del servicio, número de unidades móviles en cada provincia, días y localidades en las que ha existido una solicitud de llaves que hayan sido desatendidas, entre otras muchas».

Se trata, añade la Consejería, de «información muy sensible si tenemos en cuenta que existe un procedimiento judicial respecto a dicho contrato». Para más abundamiento, el departamento señala que «no es la primera vez» que Illera «lleva a cabo actuaciones que, presuntamente, pudieran incurrir en conflicto de intereses entre su actividad como procurador y su desempeño empresarial». Basa esa observación en que el 27 de septiembre de 2019 Illera registró una solicitud de documentación sobre entidades prestatarias de ayuda a domicilio con fondos públicos, de los últimos tres años en todas las provincias. El 20 de enero de 2020 también solicitó documentación, esta vez sobre entidades concretas de siete provincias. 

En marzo de 2021, a raíz de una inspección de Servicios Sociales, la Junta constató que Illera es titular de una empresa «dedicada principalmente a la prestación de servicios de ayuda a domicilio». También constató que el procurador socialista «tuvo acceso a una información completa y detallada referida a todas las empresas del sector en el que opera su empresa». Por ejemplo, información de su competencia empresarial «que no es pública».

Además de la valoración sobre el conflicto de intereses, la Consejería solicita a la Mesa de las Cortes que informe a la Consejería si ha de entregar la información y los documentos solicitados por Illera, y que emita un informe «sobre el modo de proceder en aquellas solicitudes de información y peticiones de documentación obrantes en la Administración, como la que nos ocupa en este caso».