Un ingeniero de carreteras de Zamora pierde la condición de funcionario tras ser condenado por corrupción

Una de las personas condenadas por la Audiencia provincial de Zamora en el conocido como 'Caso de la Sal' acaba de perder su condición de funcionario del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y deja de formar parte de la 'plantilla' del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (antes Fomento), una vez se ha hecho firme la condena dictada en diciembre de 2022. Entre los delitos incluidos en dicha condena destaca el de fraude , por el que la Justicia determinó la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años . 

Ese plazo de dos años empieza a contar una vez que este lunes, 29 de enero de 2024, el citado Ministerio ha publicado la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y declara así la pérdida de la condición de funcionario a R.T.R, que también fue condenado por la Audiencia de Zamora a cinco años y nueve meses de prisión por defraudar 290.000 euros . 

Además del delito de fraude, la sentencia le considera autor de un delito de prevaricación , otro de estafa y otro de cohecho , si bien le absuelve de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos al que también se enfrentaba. 

El proceso judicial comenzó en octubre de 2022 , diez años después de que se iniciaran las diligencias por un caso de corrupción en el que se investigó la participación de cuatro miembros del Ministerio de Fomento y otros ocho vinculados a la adjudicataria del mantenimiento de carreteras del Estado, la unión temporal de empresas (UTE) Copcisa-San Gregorio. 

Según denunció la acusación en el juicio, el entonces jefe de la unidad de carreteras del Ministerio de Fomento en Zamora y un ingeniero técnico de su departamento redactaron el pliego de condiciones del expediente de contratación, controlaron el procedimiento de adjudicación y después permitieron que la seleccionada incumpliera las condiciones del contrato. 

La acusación denunció que la UTE llegó a esparcir sal de mala calidad que le habían regalado bacaladeras afincadas en Portugal o que se manipularon los sistemas de GPS para que no se pudiera controlar realmente las rutas que habían realizado. Un cúmulo de irregularidades entre las que también se investigó la realización de trabajos particulares que se facturaban al Ministerio o la contratación de familiares en subcontratas.