Diario de Castilla y León

Fiasco de las oficinas antiokupa de la Junta de Castilla y León: sedes sin ninguna consulta en 6 meses

Valladolid, con 38, copa el 35% de las solicitudes de información y asesoramiento al servicio que se presta desde las Cámaras de la Propiedad, mientras Ávila y Salamanca no reciben ninguna

Vivienda que intentó ser ocupada en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. PHOTOGENIC

Vivienda que intentó ser ocupada en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. PHOTOGENIC

Publicado por
Raúl Ruano
Valladolid

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Fiasco de las oficinas antiokupas de la Junta. El uso que reciben los seis meses que llevan abiertas es escaso y en algunas provincias, como Ávila y Salamanca, ni tienen consultas . Las Cámaras de la Propiedad Urbana y la Junta llegaron a un convenio en verano para la implantación de oficinas antiokupación en todas las provincias de la Comunidad. Un instrumento que pretende dar respuesta a las inquietudes de aquellas personas que sufren ocupaciones en su vivienda, pero apenas es utilizada por los ciudadanos. Las Cámaras de la Propiedad ofrecen este servicio, y con su personal (antes solo lo hacían a sus asociados), para informar y asesorar en materia de ocupación ilegal de viviendas. Un uso que la ciudadanía no ha recogido y así lo evidencian los datos de las pocas veces que han sido demandadas durante medio año.

Este sistema comenzó a funcionar el 8 de junio y desde entonces, apenas  ha recibido un total de 109 consultas . Unas peticiones de ayuda o de información muy dispares entre las nueve provincias que forman Castilla y León. De hecho, dos provincias no tienen ningún tipo de consulta en los primeros seis meses de estas oficinas. Muestra de que el problema de la okupación no está a la orden del día en la sociedad castellano y leonesa. 

Estas oficinas no le cuestan dinero a la Junta, pero los resultados no son positivos: «No pagamos un servicio porque las Cámaras ya atendían consultas», explica la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo. Pese a que  no haya aportado económica, los datos de consultas, apenas 109 consultas, evidencian el fiasco de este sistema. De hecho, si se contabilizan los días laborales, cuando abren estas oficinas, las consultas realizadas no llegan a una diaria. 

Valladolid encabeza el listado de consultas en estos más de seis meses que llevan abiertas las oficinas antiokupación de la Junta. La provincia pucelana acapara 38 consultas, el 35% del total . Es decir, una de cada tres peticiones para solicitar información sobre okupaciones ilegales se ha producido en Valladolid. Sorprende el segundo puesto en este listado. Soria es la provincia menos poblada de la Comunidad, no llega a los 90.000 habitantes, pero es la segunda que más consultas ha realizado a estas oficinas con 19. 

La tercera provincia también llama la atención: Zamora, una de las provincias con menos población de Castilla y León. Pese a ello, es la tercera que más solicitudes ha remitido a estas oficinas con 14. En cuarto lugar se encuentran León y Burgos, ambas con 12 consultas. A continuación hay otro ‘empate’ al presentar cinco tanto Segovia como Palencia. Las dos provincias restantes, Ávila y Salamanca, no han recibido ningún tipo de consulta desde el 8 de junio. 

María Pardo justifica esta gran diferencia de consultas tan amplia entre las provincias con que el «mercado inmobiliario es distinto» a lo largo y ancho de Castilla y León. Según la directora general de Vivienda, valora positivamente la actuación de la Junta en esta materia, pese a que los ciudadanos no han recogido el guante: «En Castilla y León se ha frenado o contenido el fenómeno de la ocupación ilegal, en parte por estas oficinas» , defiende. 

Pardo sostiene que «las Cámaras de la Propiedad colaboran con la administración para atender consultas».  Indica que el acuerdo que alcanzaron, sirve para «encontrar puntos de acuerdo con las personas vulnerables», ya sea la persona que no puede pagar el alquiler o aquel que no recibe el arrendamiento.

«Ver en qué medida podemos ayudar», apunta la directora de Vivienda sobre los usos que les da al Ejecutivo autonómico esta herramienta. «Valoramos muy positivamente lo que hemos hechos para ayudar a resolver algo del ámbito civil. Lo hemos puesto en marcha para dar a conocer que existen estos casos y los letrados puedan llegar a una solución», indica Pardo y añade que «un solo caso de ocupación ilegal es grave y hay que atenderlo» , sostiene pese a que en Ávila y Salamanca ni si quiera hay peticiones de información. «Podemos entender que gracias a esta herramienta la ocupación ilegal no es apetecible en Castilla y León», asegura a pesar de los negativos datos de petición de información o asesoramiento. 

«Hay gente que no consulta a las oficinas porque no sabe que existe esta posibilidad», afirma para después apuntar que las Cámaras «prestan apoyo a pequeños propietarios, porque los que tienen muchas viviendas ya tienen abogados y medios para hacer frente a la ocupación ilegal» .  María Pardo defiende la política de vivienda que realiza la Junta y apuesta por continuar dando «ayudas al alquiler» como forma de luchar contra la ocupación: «Hay que seguir con las medidas que ayudan al inquilino que firmó un contrato con el propietario».  

Las 109 consultas realizadas en Castilla y León versan sobre diferentes situaciones o casos relacionados con la ocupación. La mayoría de las llamadas o peticiones de información son sobre la prevención y medidas preventivas para no sufrir una ocupación ilegal . Hasta 39 consultas son sobre este motivo, un 35% de ellas. A continuación se encuentran las consultas generales sobre ocupación, para pedir información en líneas generales con 29. En el tercer puesto se sitúan las consultas que tienen que ver con un proceso judicial activo o problemas con los inquilinos; con otras 26 consultas. 

Entre estos tres motivos acaparan la mayoría de solicitudes. Hay otros cuatro casos por los que los ciudadanos han acudido a las Cámaras, pero en menor medida. Cinco llamadas fueron para consultar sobre procedimientos legales , denuncias y actuaciones ante la Guardia Civil y la Policía. Otras tres consultas fueron por estafas y problemas concretos del usuario que acudió a este servicio. Dos consultas fueron para pedir información sobre propiedades específicas como edificios o viviendas ocupadas y tan solo hubo una consulta relacionada con la legislación, los derechos de los propietarios y similares. 

Tras recopilar estos datos, Vivienda destaca la «preocupación de muchos propietarios que se informan sobre prevención», así como la «falta de herramientas de las comunidades de vecinos para combatir las situaciones de ocupación ilegal». A su vez destaca las «consultas de propietarios residentes en otros países». 

Otro de los puntos que resalta la Junta es el «problema de la Sareb y su inacción, con las consecuencias molestas para los vecinos». Uno de los casos de ocupación ilegal más sonados en toda la Comunidad ha sido el de una comunidad de vecinos en Arroyo de la Encomienda, un municipio del alfoz de Valladolid . La propietaria de los pisos, la Sareb, ya denunció a los okupas que han provocado en ocasiones escenas violentas y han complicado la convivencia. Los vecinos decidieron cerrar la piscina y la pista de pádel, pero algunos okupas hicieron oídos sordos. Se trata de una urbanización con 190 viviendas de las que 80 son propiedad de la Sareb y buena parte de ellas se encuentran okupadas. Un problema que se agraba aún más porque la deuda de la Sareb con la Comunidad de Propietarios se acerca a los 300.000 euros. 

Esta no es la única ocupación mediática en Valladolid. En otro municipio cercano a la capital, Santovenia de Pisuerga, también hubo problemas con las ocupaciones ilegales.Una familia se percató de que había un chalé vacío en el municipio e intentó entrar a vivir en él. Un fortuito encuentro con la Guardia Civil y la vigilancia de varios vecinos provocó que su estancia fuer más breve de lo que pensaban. Fueron desalojados en tres horas de una casa con un valor de 160.000 euros. Unas personas que ya habían intentado entrar en casas de Cabezón de Pisuerga y en la Cistérniga. Esta familia que intentó okupar en Santovenia, llegó más tarde a la capital vallisoletana tras ser desterrada de Tarragona por una reyerta que terminó con un muerto por herido de bala. 

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