Los jueces de León: "La fiscalización por otros poderes del Estado es incompatible con la independencia judicial"
Más de medio centenar de jueces, magistrados, abogados y procuradores recuerda que “el orden constitucional español exige el absoluto respeto a la división de poderes”
“La fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado es incompatible con la independencia judicial”, advirtieron hoy decenas de jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la administración de Justicia y funcionarios que se concentraron ante los Juzgados de León para defender la independencia judicial. Convocados por la Audiencia Provincial y la Junta de Jueces de León, más de medio centenar de representantes de la justicia leonesa puso de relieve la necesidad de “preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”.
Así, a través de un comunicado leído por la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser, recordaron que “el Estado de Derecho en el que se fundan la Unión Europea y el orden constitucional español exigen el absoluto respeto a la división de poderes”.
“El ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”, concluyó Del Ser.
Esta concentración en León, celebrada el mismo día que Pedro Sánchez promete su cargo como presidente del Gobierno, se produce tras las llevadas a cabo días anteriores en otras ciudades españolas y de Castilla y León en rechazo a las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ que se hacen en el acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y Junts per Catalunya.
En este sentido, el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a propuesta de su presidente, señaló el martes que el texto del acuerdo “contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Para el TSJCyL esto podría suponer en la práctica “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales” en una “evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, algo que “no es aceptable”, ya que “el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.