El Común insta a la Junta de Castilla y León a regular el Bono Térmico para pagarlo antes de seis meses

En Castilla y León hay más de 80.000 personas que se benefician del Bono Social Térmico , una ayuda destinada a compensar los gastos energéticos para calefacción o agua caliente en personas vulnerables , pero el «retraso en su abono» se ha convertido en un «problema» , a juicio del Procurador del Común que, después de recibir varias reclamaciones de usuarios particulares, ha emprendido una actuación de oficio para pedir a la Junta que agilice los pagos , al tratarse de un recurso para costear «suministros imprescindibles». 

El Defensor del Pueblo se dirige a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para solicitar al Gobierno regional que apruebe un procedimiento de concesión y pago de esta ayuda, igual que han hecho ya otras comunidades autónomas, y pone como ejemplo los casos de Madrid, País Vasco o Andalucía, donde el plazo máximo para resolver los expedientes se ha fijado en seis meses . 

Los tres territorios que menciona la institución dirigida por Tomás Quintana en su reciente resolución –aunque pone de relieve que hay más–, son los que ya han elaborado un marco legal propio destinado a regular la tramitación del Bono, después de que el Tribunal Constitucional alertase de que el Real Decreto-Ley del Gobierno central se 'inmiscuía' en competencias autonómicas. Y es que, cabe recordar, el pago de esta ayuda se realiza con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero son las comunidades las que gestionan los fondos para que el abono llegue a los usuarios que lo necesitan. 

Según dicho Real Decreto-Ley, el pago de la ayuda a los beneficiarios debía realizarse en el primer trimestre del año , pero el Constitucional sentenció que el texto se «excedía» en unas tareas de tramitación que le corresponden a las autonomías y, anulada esa exigencia temporal, ahora hay un 'vacío' que el Procurador pide aclarar en Castilla y León en aras de lograr un funcionamiento rápido. Máxime después de haber recibido varias quejas de usuarios que han esperado más de nueve meses para ver la cuantía en su cuenta corriente. 

«Esta Procuraduría, a través de algunos expedientes tramitados a partir de quejas ciudadanas recibidas, ha tenido conocimiento de las dificultades de la Administración autonómica [...] en la tramitación del procedimiento tendente al pago de la misma, dificultades que se traducen en el retraso de su abono , lo que supone un problema considerando las necesidades de los beneficiarios, al tratarse de personas afectadas por un bajo nivel de renta; retraso que también resulta contrario al básico principio que inspira el funcionamiento ágil y eficaz de las administraciones públicas», alega el Común.  

Esas «dificultades» que el Defensor del Pueblo cita en la actuación de oficio son las que

se desprenden a raíz de analizar el informe elaborado por la Junta de Castilla y León para aclarar por qué se dilata el ingreso del Bono Social Térmico en la Comunidad. 

Según refiere la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la transferencia de fondos por parte del Ministerio se realiza a finales de año , con un cálculo basado en el número de usuarios que tenían concedido el bono eléctrico al cierre de la anualidad anterior. Hay que aclarar que los beneficiarios del Bono Térmico no tienen que realizar una solicitud, sino que se toma como referencia a los beneficiarios del bono de electricidad. 

Recibidos los fondos del Ministerio, Castilla y León inicia el procedimiento, con varios y complejos pasos a seguir . En primer lugar, la Junta  solicita a las comercializadoras de referencia una relación de beneficiarios del bono social eléctrico y, a finales de enero, disponen de los listados de cada operadora, con información sobre si el beneficiario es vulnerable o vulnerable severo. Después, tienen que cruzar esa información con la dirección del beneficiario para determinar la zona climática en la que reside, puesto que hay diferentes importes dependiendo de su área geográfica. 

Una vez clasificados los datos, la Junta tiene que enviar una carta a cada perceptor del bono eléctrico para ver si también quiere la ayuda térmica o renuncia a ella, y en esa comunicación le pide, además, que compruebe si el número de cuenta es correcto.

Cada posible beneficiario del Bono Social Térmico tiene tramitar su respuesta, bien por correo electrónico, bien mediante una comunicación por registro de entrada o a través de la aplicación que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha para este fin. Toda esta información actualizada se clasifica después por provincias. 

Así, la Junta razona que la dilación se debe, por una parte, a la necesidad de «depurar» la base de datos que envían las comercializadoras de suministro –ya que algunos usuarios figuran sin número de cuenta, con un número incorrecto, o sin dirección– y, por otra, al «elevado volumen de perceptores» –con más de 80.000 personas –. «Como consecuencia de ambas cuestiones el número de comunicaciones realizadas es muy numeroso, y también es muy alto el número de llamadas recibidas», recalcan. 

Además, la Junta subraya que, por «experiencia», deben «revisar la totalidad de las comunicaciones recibidas» antes de proceder al pago de la ayuda «porque hay beneficiarios que remiten más de una comunicación sustituyendo a la anterior». 

Para poder desempeñar todos estos trámites, e l Gobierno autonómico aclara que ha contratado más trabajadores «dedicados exclusivamente a este fin», con «cuatro personas a tiempo completo», tal y como refleja la resolución emitida por el Procurador del Común. Y añade que «ha reforzado» el equipo «en los meses con más carga de trabajo con otras tres personas que atendían llamadas y revisaban la base de datos», cuyas nóminas se han sufragado con fondos autonómicos, apostillan. 

Así, este año han podido realizar un primer pago en mayo «a las provincias que se habían revisado en primer lugar» y un segundo pago en junio «a las provincias que se revisaron posteriormente», si bien se trata de plazos que en anualidades precedentes se alargaron mucho más tiempo , como se desprende de la información reflejada en otros expedientes particulares, donde se constatan retrasos en los devengos. 

Baste comprobar que el año pasado un usuario de León se quejó porque no había recibido el pago del Bono Social Térmico hasta el día 23 de septiembre, después de dos comunicaciones para aclarar cuál era su número de cuenta. En aquel momento, ante la petición informativa solicitada por el Procurador del Común, el departamento que dirige la consejera Isabel Blanco recordó que había enviado una notificación a las 81.927 personas que en ese momento podrían beneficiarse de la ayuda y que habían tenido que realizar más de 15.000 modificaciones.      

De ahí que, aunque este año se hayan acortado los plazos de los abonos, el Procurador pida a la Junta de Castilla y León que apruebe un marco normativo propio como el que ya tienen otras autonomías porque, aun siendo consciente de la «complejidad» que supone su gestión, estima que es una ayuda «para costear suministros tan imprescindibles para la vida humana de aquellas personas que así lo requieren, como la calefacción, el agua caliente o la cocina». 

Así que insta al Gobierno autonómico a que fije por ley un plazo máximo para que no se dilate esta ayuda destinada a población vulnerable y pone el acento en esos seis meses de límite que se han determinado en Madrid, Andalucía y País Vasco.