Cuatro instituciones, encalladas

Una interinidad casi perpetua es lo que parece haber inundado a las instituciones propias de las Cortes de Castilla y León y, en concreto, a sus órganos directivos y presidentes, que se encuentran en una especie de limbo normativo desarrollando sus funciones pero habiendo cumplido ya los cuatro años de mandato que establece la legislación. Desde hace cerca de un año, y más en algunos casos, la renovación de estos organismos permanece encallada por cuestiones puramente políticas y que señalan directamente al propio Parlamento autonómico.

Tanto el Procurador del Común como los consejos de Cuentas, Consultivo y Económico y Social cuentan a día de hoy con unos altos cargos que acumulan meses y meses en funciones a excepción de este último, donde esta figura no está contemplada. En los tres restantes, por el contrario, se encuentran a la espera de iniciar la renovación de sus principales figuras pese a ser organismos fundamentales en la comunidad autónoma.

Quizá el ejemplo más evidente de todo lo anterior sea el Procurador del Común por ser, precisamente, la institución que más tiempo acumula encallada. Concretamente, vive este escenario desde el 2 de noviembre de 2022 cuando el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, firmaba su cese tras cuatro años de mandato, tal y como establece la Ley que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo de Castilla y León.

Hasta ahí todo se llevó a cabo dentro de la normalidad, pero fue el periodo que se inició entonces el que es, cuanto menos, atípico. Lo previsible hubiera sido que se iniciara un periodo para elegir al nuevo procurador, con la posibilidad de que Quintana repitiera en el cargo otra legislatura hasta el máximo de dos que establece la ley. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y el Procurador va camino de un año en funciones.

Precisamente, la propia Ley indica que «una vez producido el cese, en el plazo de un mes, se iniciará el procedimiento para la elección del nuevo Procurador del Común de Castilla y León» . Dicha elección debe tener lugar en un pleno convocado a tal efecto, previa presentación de los candidatos a la Mesa de las Cortes por parte de la Comisión Parlamentaria. Será entonces cuando la Mesa y la Junta de Portavoces acuerden un candidato que en menos de un mes deberá ser elevado al pleno. Allí, con el respaldo de tres quintos de los procuradores, será elegido.

Este procedimiento, a priori sencillo, es el que presenta mayores dificultades por, precisamente, la actual composición del arco parlamentario. Esos tres quintos de los votos a favor no son sencillos de conseguir, puesto que las matemáticas juegan en contra de todos los grupos parlamentarios y  especialmente para el PP. 

Así, de los 81 procuradores de esta legislatura, 49 deberán votar a favor del candidato. Los socios de gobierno, PP y VOX, suman 44, por lo que serían insuficientes. De esta forma, y salvo que la Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya dieron la sorpresa con los votos de sus seis parlamentarios, las cuentas no salen. La clave pasa, por tanto, por el PSOE de Luis Tudanca y sus 28 votos, que junto al PP sumarían unos atractivos y más que suficientes 59.

Pero más allá de la aritmética parlamentaria, lo cierto es que la cuestión política pesa mucho más. Si el PP quiere contar con el respaldo del PSOE, debe presentar un candidato al que los de Tudanca puedan dar el visto bueno. Y si es así, quienes no quedarán satisfechos con la propuesta serán los socios de gobierno de VOX, lo que puede tensar la relación entre ambas formaciones. En cualquier caso, contentar a los de Juan García-Gallardo sería solo un acto de lealtad y generosidad política de los ‘populares’, a sabiendas de que sus votos, aunque a favor, no serían suficientes.

Por otro lado, también forma parte de la ecuación la opinión que VOX tiene y que en varias ocasiones ha expresado acerca de estas instituciones. Aún con el respeto que habitualmente prima en este tipo de cuestiones, no han ocultado sus dudas acerca de la utilidad de los organismos propios, lo que opaca más que exista una resolución sencilla.

Ante semejante escenario, es más que razonable que el Partido Popular sea el primer interesado en dilatar los tiempos para posponer lo máximo posible una decisión sumamente incómoda. No obstante, también los hay que salen perjudicados, como el propio Tomás Quintana, que a buen seguro es de los que más desean la resolución de esta situación tan atípica.

Junto con el Procurador del Común, otra de las instituciones de las Cortes que también se encuentran atascadas es el Consejo de Cuentas. Su actual presidente, Mario Amilivia, es otro de los que se encuentra en funciones después de que su mandato se cumpliera a principios de este año, 48 meses después de que su nombramiento fuera ratificado por el presidente de las Cortes el 6 de febrero de 2019. Son, por lo tanto, del orden de ocho meses de retraso los que acumula la renovación de este organismo.

Y el procedimiento, de nuevo, implica directamente a las Cortes autonómicas. En este caso, según la Ley del Consejo de Cuentas de Castilla y León, es deber del Parlamento elegir a los tres consejeros. Los candidatos son presentados por los grupos parlamentarios en función de su número de procuradores y, de nuevo, es necesario el voto favorable de tres quintos de la Cámara para que resulten elegidos. No obstante, esta fórmula se aplica solo en primera votación, ya que puede tener lugar una segunda en la que sería suficiente con la mayoría absoluta. Finalmente, son esos tres consejeros elegidos los que proponen a un presidente de entre sus miembros y que las Cortes aprueban por mayoría absoluta.

Sobre el papel, la renovación del Consejo de Cuentas resulta mucho más factible para el Partido Popular como formación mayoritaria del Parlamento. Si bien en una primera votación de los consejeros el problema que surge es idéntico al que se plantea con el Procurador del Común, la posibilidad de una segunda ronda en la que la mayoría absoluta es válida allana mucho el camino. No en vano, para esta votación sí podrían servirse únicamente de los votos de VOX para elegir a los candidatos propuestos por ambos partidos. Es más, la misma fórmula también les habilita para nombrar al presidente de esta institución.

Por lo tanto, ante un escenario más favorable, la pregunta que surge es por qué los ‘populares’ no se aventuran a la renovación del Consejo de Cuentas. Y la respuesta, por su parte, nace de la lógica, puesto que a nadie le sorprendería que una vez abordada esta renovación fueran muchas las voces que reclamarían también la del resto de instituciones, aquellas en las que los obstáculos se multiplican para los de Alfonso Fernández Mañueco.

Eso, por no hablar del resto de organismos, que a pesar de haber demostrado una discreción ejemplar con el asunto de la renovación bien podrían molestarse al ver que unos la afrontan y otros no.

El caso del Consejo Consultivo, por su parte, es muy similar al de Cuentas. Sus tres consejeros electivos son nombrados por las Cortes, mientras que la condición de natos la adquieren todos los expresidentes de la Junta que lo soliciten -actualmente solo Juan Vicente Herrera la tiene-. Son ellos los que elevan a las Cortes una propuesta para la Presidencia, que se aprobará mediante votación secreta durante el pleno. En este caso, en una primera votación es válida la mayoría absoluta, mientras que en la segunda es suficiente con la simple para dar el relevo al actual presidente, Agustín Sánchez de Vega, quien al igual que Amilivia fue ratificado por el presidente de las Cortes el 6 de febrero de 2019.

De nuevo, el Consejo Consultivo no parece el más conflictivo para su renovación, pero como en el caso de Cuentas, abordarla implicaría abrir una veda que provocaría más de un dolor de cabeza al Partido Popular.

El ces, un caso particular 

A la vista de todo lo anterior, salta a la vista que el verdadero encallamiento que viven las instituciones propias de las Cortes nace de la complejidad que trae adherida lograr los votos suficientes para nombrar al Procurador del Común. No obstante, hay otro de estos organismos que se presenta como un caso particular tanto por su funcionamiento como por su composición, y cuya renovación tampoco se perfila como algo sencillo.

Para empezar, el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) cuenta con 36 consejeros. Doce ejercen como representantes de las organizaciones sindicales; otros doce, de las organizaciones empresariales; y la docena restante se divide entre seis expertos, cuatro representantes de las organizaciones profesionales agrarias, un representante de las asociaciones de consumidores de ámbito regional y un representante de las cooperativas y sociedades anónimas laborales.

Cada uno de estos consejeros es nombrado por las entidades a las que representan, con la particularidad de que pueden ser sustituidos en cualquier momento. La única excepción son los seis expertos, de los que cuatro son designados por la Junta de Castilla y León y los otros dos por las Cortes, estos últimos elegidos de entre los candidatos que presenten los grupos parlamentarios según su número de procuradores. En este caso, la elección implica tres quintos de los votos en primera votación o mayoría simple en segunda.

No obstante, una vez más, el verdadero problema viene con la elección del presidente del Consejo, un cargo que actualmente ocupa Enrique Cabero y que lo hace en unas circunstancias también particulares. Después de que el anterior presidente, Germán Barrios, fuera elegido como consejero de Empleo en la primera etapa del Gobierno de la Junta de PP y Ciudadanos, Cabero pasó a ocupar su cargo siendo nombrado el 20 de noviembre de 2019.

No obstante, en este caso no se puso a cero el cronómetro del mandato, sino que continuó desde donde lo había dejado su predecesor. Por lo tanto, Cabero habría cumplido con el plazo que establece la Ley en abril de 2022. Desde entonces ha permanecido en el cargo a través de prórrogas, puesto que en CES no existe la fórmula del ejercicio en funciones.

Para la renovación del cargo, es el pleno del propio Consejo el que debe proponer a las Cortes a un candidato que cuente con el respaldo de al menos dos tercios de los consejeros. En este sentido la Ley que regula el CES, y que data de 1990, pretendió que siempre hubiera consenso, al menos, entre los sindicatos y la patronal, sumando entre ambos 24 votos. No obstante y hasta la fecha, la propuesta del presidente siempre se ha llevado a cabo por unanimidad.

Precisamente, esa Ley del año 1990 sufrió una modificación en 2013 para que la propuesta del candidato a presidente del CES se realizara al pleno de las Cortes en lugar de a la Junta de Castilla y León. Asimismo, se estableció que la elección tendría lugar mediante mayoría absoluta. Así, el Consejo Económico y Social cuenta con un modelo organizativo único que no se da en ningún otro de España.

Más allá de todo eso, el principal problema en la renovación del CES está a la hora de designar a los dos expertos que aportan las Cortes de Castilla y León, y a los que se suman dos suplentes. Ya en este mandato los dos últimos no existen, mientras que de los titulares uno era a propuesta del Partido Popular y otro a propuesta del Partido Socialista. De nuevo, la actual composición del arco parlamentario hace que a priori sea imposible repetir este planteamiento, lo que otra vez pospone la renovación de unas instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de la comunidad autónoma.

Mientras tanto, sus órganos directivos, en un ejercicio de responsabilidad, continúan al frente de las mismas con la mirada puesta en un calendario que avanza pero en el que no se fija la tan esperada fecha. Y mientras unos guardan este asunto al fondo del cajón, la paciencia de otros puede no ser infinita.