Los plazos del Gobierno dejan en el aire 19 GW de renovables en Castilla y León

Diecinueve gigavatios (GW) de capacidad de generación de energías renovables en Castilla y León están en peligro si se aplica a rajatabla una de las leyes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), del que es titular Teresa Ribera. Se trata, para hacerse una idea, de una energía ‘pico’ equivalente a 19 reactores nucleares, cuya instalación se malograría por el incumplimiento de unos plazos del que, para más inri, es responsable en gran medida la Administración.

El precipicio del Real Decreto-ley 23/2020 se acerca día a día y tiene nombre de fecha en el calendario: 25 de enero de 2024. Si ese día los parques eólicos y fotovoltaicos que entraron en tramitación antes del 25 de junio de 2020 no consiguen dar todos los pasos necesarios para obtener la autorización administrativa de construcción, perderán automáticamente los avales presentados a la Administración y, lo que es mucho más grave, las autorizaciones para enganchar sus estaciones a la red eléctrica, una conditio sine qua non para estas plantas.

Según los últimos datos de Red Eléctrica de España, permanecen en alguna fase de tramitación, con el enganche a la red ya concedido, 127,7 GW de renovables en España (38,8 de eólica y 90,9 de fotovoltaica), de los que 19 GW (5,7 de eólica y 13,3 de fotovoltaica) corresponden a Castilla y León. Supone casi el 15% del total y el triple de lo que hay actualmente instalado en la Comunidad. Es a ese grueso de parques con enganche a los que afecta la amenaza del 25 de enero. Otros 33,5 GW han iniciado después los trámites y no disponen de ese permiso, de los que 7,5 GW son de la Comunidad.

Las alarmas llevan semanas encendidas en el sector y cada día que pasa la luz de las sirenas vira más al rojo.  Los promotores piden desde hace años más agilidad a la Administración, pero obtienen la respuesta de que si no respetan un calendario que es precisamente la Administración la que no puede cumplir, serán castigados.

«El Real Decreto-ley 23/2020 tenía un propósito bien intencionado en su día, que era evitar una cierta burbuja en las renovables que parecía que se estaba produciendo, por el gran número de solicitudes de acceso a las redes que se había registrado», explica en respuesta a este periódico el secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), Eugenio Tejerina. «Este decreto pretendía hacer una depuración, para que continuaran adelante los proyectos más acordes con el interés general, pero el resultado final ha sido que no se descolgaron tantos proyectos como se pretendía, y que la Administración no ha sido capaz de acelerar sus mecanismos para cumplir los plazos. La norma no ha resuelto el problema y ha trasladado una carga brutal a las administraciones y a los agentes del sector».

La incertidumbre preocupa a los promotores porque la ministra no quiere desvelar qué va a hacer al respecto, y lo último que ha trascendido de su Ministerio es que se da de plazo hasta enero para tomar una decisión, si dar una nueva prórroga o dejar caer cientos de proyectos, y con ello cientos de millones de euros –y generar años de retraso, si se pretende cumplir con los niveles de generación renovable previstos en la Agenda 2030 de la UE–. Eso sí, también ha trascendido que los funcionarios del Miteco mantienen reuniones discretas con las asociaciones de promotores eólicos con el fin de arreglar el entuerto.

No parece que haya otra posibilidad que  ampliar los plazos. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha pedido una prórroga de dos años sobre los   intervalos contemplados en el Real Decreto-ley 23/2020. Es una medida que ve necesaria, y eso que ya se produjo una prórroga de seis meses el pasado julio, puesto que ese era el mes en que vencían las tramitaciones. Por otro lado, tras el ‘ultimátum’ del 25 de enero queda un último plazo aún más difícil de cumplir que los anteriores: todos los proyectos deberán estar construidos y en funcionamiento el 25 de junio de 2025, es decir, tendrán menos de dos años para edificar y obtener la autorización administrativa de explotación definitiva.

Mantener la exigencia del 25 de enero, y la del 25 de junio de 2025, causaría un importante cuello de botella, al exigir el desarrollo simultáneo de cientos de estaciones eólicas y fotovoltaicas, con la falta de mano de obra suficiente que se puede provocar, así como la falta de capacidad financiera para cubrir de repente inversiones que los promotores calculan en 25.000 millones de euros en toda España.

«Ante los retrasos de la Administración, estos plazos no se pueden cumplir», añade Tejerina. «Todas las partes han hecho un esfuerzo, sobre todo hay que destacar la buena labor de la Junta de Castilla y León, que con mucha diferencia ha sido la más efectiva y rápida en tramitaciones de todas las comunidades autónomas». Una agilidad que ha permitido cumplir con las declaraciones de impacto y autorizaciones administrativas previas.

Pero hay licencias que se tramitan ante la administración local.«En los pequeños pueblos, los que tienen una menor capacidad de gestión, se encuentran con muchos problemas para cumplir con los plazos», explica el secretario general de Apecyl. Se trata de administraciones que «no están preparadas para la avalancha que viene», pese a las  iniciativas que el sector trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Por todo ello, en Apecyl piden que desde la Administración se dé certidumbre al sector, seguridad jurídica. «Que haya criterios uniformes, los mismos en todos los sitios», demanda Tejerina. Por otro lado, ven necesario que la Administración «se dote de recursos humanos y materiales suficientes para agilizar los procesos». El objetivo es «no perder esta oportunidad histórica de esta gran inversión que se está produciendo en energías renovables».Un «trabajo a destajo» que ha permitido que «más de un 55% de la energía en España sea renovable», apunta. «Es el momento de aprovechar esta ventaja».

Paralizar todos estos proyectos supondría «un gran perjuicio para el promotor, pero también para el ayuntamiento de que se trate y para el conjunto del país», asegura Tejerina. «La UE está diciendo que todas estas inversiones no se dejen de hacer por el hecho de que existan problemas burocráticos. Tenemos que trabajar mucho con el objetivo de seguir siendo la Comunidad Autónoma líder en energías renovables, a muchas distancia de las demás», concluye. 

La avalancha de proyectos de instalación de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas se inició en 2019, después de cuatro años de parón. Entre 2014 y 2019 no se instaló ni un solo aerogenerador en Castilla y León. En 2019 arrancaron proyectos que se venían tramitando de antes, con la ejecución de muchos de ellos. 

Solo en eólica comenzó en ese año la construcción de 16 nuevos parques, con una inversión total de más de 550 millones de euros. Todos ellos sumaron 182 hélices de última tecnología con una capacidad de generación pico de 603 MW.

Cinco años después han entrado en funcionamiento muchos otros que mantienen a Castilla y León como líder en potencia eólica instalada, con 5,4 GW ya en funcionamiento. Por encima, y a distancia, de las segundas de la tabla, Aragón y Galicia, con 3,8 GW cada una. Menos liderazgo tiene la Comunidad en fotovoltaica, por debajo de otras regiones con más abundancia de sol, pero ocupa aun así el quinto puesto, con 1,3 GW de potencia instalada. Provincia a provincia, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas que ya están en marcha son las siguientes:

ÁVILA.

Es la séptima en potencia eólica instalada, 261 MW, y la sexta en fotovoltaica (89 MW). Produjo en el último ejercicio cerrado 587.134 megavatios hora (MWh) de eólica y 132.598 de fotovoltaica. Cuenta con 281 aerogeneradores distribuidos en 15 parques eólicos, y acoge en su territorio 622 instalaciones fotovoltaicas.

BURGOS.

Uno de cada tres aerogeneradores de la Comunidad está en la provincia de Burgos, que acapara 1.420 unidades, el 31,21%. Todos ellos suman una potencia instalada de 2.140 MW en 80 parques. De hecho, fue la provincia que más energía eólica generó en 2022, con 4.904.719 MWh. Sin embargo, en energía fotovoltaica es la penúltima provincia de la Comunidad, con 82 MW instalados en 477 plantas, que produjeron el pasado año 93.825 MWh.

LEÓN.

Es la sexta provincia en potencia eólica instalada (439 MW), y la quinta en fotovoltaica con 92 MW. Lo generado en 2022 por la eólica sumó 719.061 MWh, y por la solar 131.851. A lo largo y ancho de la provincia se distribuyen 299 molinos en 16 parques eólicos. Suma 395 instalaciones fotovoltaicas.

PALENCIA.

Es la tercera provincia en potencia eólica instalada, un total de 908 MW generados por 560 molinos distribuidos por su geografía, en 46 parques. En generación solar ocupa el cuarto lugar de la Comunidad, con 165 MW instalados, repartidos en 450 plantas. De eólica generó 1.907.195  MWh, la tercera que más, y en solar 186.331.

SALAMANCA.

La provincia charra es la penúltima en eólica, con 184 MW instalados, y la tercera en solar, con 177. Produjo en el año 2022 un total de 379.814 MWh de eólica y 287.448 de fotovoltaica. Solo hay 115 molinos distribuidos a lo largo y ancho del territorio provincial, repartido en 7 parques. Su territorio acoge 809 instalaciones fotovoltaicas.

SEGOVIA.

Es la tercera provincia por la cola en fotovoltaica instalada, con 84 MW. De este tipo de energía produjo en 2022 un total de 127.011 MWh. De eólica cuenta con 75 MW instalados, que produjeron 96.288 MWh en 2022. Solo hay 78 aerogeneradores en la provincia, en una sola planta, mientras sus paneles solares se distribuyen en 332 instalaciones.

SORIA.

Es la segunda provincia más importante de la Comunidad en generación eólica, con 1.263 MW de potencia instalada. Un total de 972 molinos se distribuyen en su territorio, el 21,36% de los existentes en la Comunidad, distribuidos en 43 parques. También es la segunda en generación eólica, 2.611.707 MWh en el último ejercicio cerrado, lo que supone el 86,4% de toda la energía producida en la provincia. Soria es, sin embargo, la última en generación fotovoltaica, con solo 21 MW instalados. Sus 288 instalaciones fotovoltaicas produjeron 32.797 MWh en 2022.

VALLADOLID.

Es la primera provincia de la tabla autonómica en energía fotovoltaica instalada, con 434 MW en 1.263 plantas. Es la cuarta, sin embargo, en eólica, con 756 MW y 310 molinos distribuidos en 22 parques en su territorio. Se colocó a la cabeza en generación solar en 2022, cuando produjo 714.408 MWh en este tipo de energía, mientras permaneció en cuarto puesto en eólica, con 1.638.597 MWh.

ZAMORA.

Es la segunda provincia de la tabla autonómica con más fotovoltaica instalada, 254 MW. Ocupa el quinto lugar en instalación eólica, con 612 MW, con 515 aerogeneradores en 28 parques distribuidos a lo largo y ancho de su territorio. La tecnología con la que más energía generó el último ejercicio fue la eólica, con 1.284.927 MWh, el 51% de toda la producida en la provincia. En segundo lugar se colocó la hidráulica, y en tercer lugar la fotovoltaica, con 253.094 MWh generados en 997 instalaciones.