Castilla y León recupera el notable en Servicios Sociales y refuerza su liderazgo junto a Navarra

Castilla y León no se apea del podio y continúa como la autonomía con la segunda mejor nota de toda España en el índice que evalúa sus servicios sociales, únicamente por detrás de Navarra. El ‘puesto de plata’ lo mantiene después de haber mejorado su calificación hasta alcanzar el 7,3 , muy por encima de la referencia nacional, situada en el 5,35, lo que supone que la Comunidad está prácticamente dos puntos por encima de la media del país.    

Así lo pone de manifiesto el informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con el objetivo de «medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de ocho millones de personas en España». A través de diferentes variables, la entidad realiza una radiografía de las comunidades y, en función del resultado de esos indicadores, cada territorio obtiene una puntuación. 

A tenor de esos resultados, referidos a 2022, Castilla y León se queda en segundo lugar, a escasa distancia de Navarra , que ha logrado un 7,4. En tercer lugar, siguiendo un orden decreciente, continúan el listado La Rioja, Asturias, País Vasco, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares y Aragón. Todos estos casos están por encima del indicador nacional, mientras Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid, Cantabria y Murcia se van alejando de la media, hasta el 3,09 obtenido por la comunidad del mar Menor.

Aunque en la calificación global la Comunidad esté en segunda posición (ha escalado cuatro décimas desde el 6,89 logrado en 2021) hay varios epígrafes en los que se alza como referencia , entre ellos, el de eficiencia, pues logra la mejor ratio entre cobertura y gasto. Tanto, que el informe destaca el ejemplo de la región porque ofrece «mejor cobertura con menor esfuerzo económico» . 

«Sin duda alguna se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas adecuadas, como lo fue la acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local», valoran. Además, señalan que «el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra una relación bastante equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y el catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios». 

Los otros dos territorios que también alcanzan un equilibrio entre la cobertura y el gasto son Castilla La Mancha y Baleares, mientras Madrid, Murcia y Madrid tienen un bajo gasto en relación a la cobertura , y el resto presentan sistemas «ineficientes» porque hay una escasa cobertura con relación al gasto, tal y como refleja el documento de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

De los aspectos que evalúa el informe, Castilla y León está por encima de la media, por ejemplo, en atención a la dependencia, plazas residenciales para personas mayores de 65 años, servicios residenciales para personas con discapacidad, acogimientos familiares a menores, plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género y plazas para personas sin hogar. Por el contrario, no llega a la referencia del país en coberturas relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio , centros de día, servicio de teleasistencia y rentas mínimas de inserción. 

De los indicadores en positivo, destaca que es la comunidad autónoma con una nota más elevada según el Observatorio de la Dependencia –correspondiente a diciembre de 2022–, al lograr un 8,5. También lidera el ranking en cuanto a porcentaje de plazas públicas en servicios residenciales para mayores de 65 años, con un 5,96%, ya que cuenta con 37.053 para una población de 622.101 personas en esa franja de edad. El porcentaje es prácticamente el doble que la media nacional. 

Lo mismo ocurre en cuanto a ratio de plazas residenciales para personas con discapacidad . Las 7.396 representan el 4,3% respecto a las 171.507 personas mayores de edad en esta situación y ese porcentaje es el más significativo del país. También lo es el porcentaje de plazas en centros ocupacionales y centros de día sobre el total de personas con discapacidad, ya que las 10.638 habilitadas suponen un 6,2% y ninguna otra comunidad llega a esa tasa. 

Sin embargo, el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben el servicio de teleasistencia se sitúa en el 5,3%, casi la mitad de lo que ocurre en el conjunto de España (9,86%) . Eso sí, en este caso se trata de datos referidos al año 2021, antes de que la Junta de Castilla y León implantase la teleasistencia avanzada y gratuita.

En cuanto a ayuda a domicilio, la referencia autonómica del 4,24% está cerca del 4,99% nacional, con 26.346 personas usuarias de las 622.101 castellanos y leoneses que tienen más de 65 años –también son datos de 2021–.

Respecto a las rentas mínimas de inserción, la ratio de perceptores respecto a la población en riesgo de pobreza también está alejada de lo que ocurre en el global del país, con un 4,51% en Castilla y León frente al 7,7% de media nacional. En datos absolutos, supone que en Castilla y León hay 339.866 ciudadanos en riesgo de pobreza y sólo 15.320 perciben rentas mínimas. El dato de perceptores se ha reducido un 42% (11.209 menos, en cifras absolutas) desde 2021 en comparación con 2019, una vez el Gobierno central implantó el Ingreso Mínimo Vital.

Sobre el presupuesto en servicios sociales por habitante y año, la media estatal se sitúa en 462,67 euros y Castilla y León lo supera, con 519,27 . La cifra es fruto de dividir los 1.232 millones en gasto en servicios sociales y promoción social, entre los 2.372.640 habitantes de la Comunidad. 

La citada cuantía es la sexta más elevada del país, por detrás de País Vasco (1.007,2 euros), Navarra (688,16), La Rioja (561,39), Extremadura (561,87) y Asturias (541,87).

En cuanto a los trabajadores técnicos en los centros de servicios sociales, Castilla y León dispone de 1.392, así que la ratio por habitante está en uno por cada 1.707, mientras que la media de España es de uno por cada 1.651. El mejor indicador en este caso lo tiene Navarra, que despunta sobre el resto porque cuenta con uno por cada 689 ciudadanos. 

El informe sobre el Índice DEC revela también que el porcentaje que destinan las Administraciones a servicios sociales ha retrocedido del 1,88% en 2020 al 1,82% en 2021, lo que supone que, si se hubieran mantenido en los mismos términos, se habrían invertido mil millones de euros más, calculan. Castilla y León, sin embargo, es una de las pocas comunidades donde se produce la situación contraria y sí sube el gasto público en relación con el PIB regional hasta concretarse en el 2,12%.