Las interrupciones suben un 9% hasta las 2.839, sólo 248 en hospitales públicos
Los abortos practicados en centros de Sacyl pasan del 2% al 9% en un año tras la incorporación del Hospital de Burgos
Hospital Universitario de Burgos. TOMÁS ALONSO
El año pasado 2.839 mujeres de Castilla y León interrumpieron su embarazo de forma voluntaria, un 9% más que en 2021 y la cifra más elevada de la última década. La mayoría (2.591) fueron atendidas en un centro privado y sólo 248 pudieron abortar en un hospital público. Es decir, el 9% de las interrupciones en Castilla y León tuvieron lugar en un centro de Sacyl.
El de Miranda fue en 2011 el primer hospital público de Castilla y León donde se practicó este procedimiento. El año pasado se sumó el Universitario de Burgos, lo que ha elevado el porcentaje de abortos en la pública, pasando del 2% en 2021 al 9% en 2022. En número absolutos, la cifra se ha cuadruplicado, pasando de 60 a 248 en ese periodo.
Ese predominio de los centros privados no es exclusiva de Castilla y León. En el conjunto del país, los públicos asumieron sólo el 16% de los 90.189 abortos (con datos de 2021, los últimos disponibles en el Ministerio de Sanidad), es decir, apenas 14.125 procedimientos frente a los más de 76.000 realizados en las clínicas del país.
Por comunidades, los servicios sanitarios de Cantabria (el 67%), Baleares (62%) y Cataluña (53%) son los que asumen un mayor porcentaje, todos ellos con más de la mitad de las interrupciones en la red pública. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla, donde todas las intervenciones fueron privatizadas , según el informe anual de 2021 del Ministerio.
Salamanca, un 76% más
En función de la provincia de residencia de la mujer, dentro de Castilla y León llama la atención el crecimiento de los abortos de las pacientes de Salamanca, donde pasan de 223 a 392 en el último año (169 más), lo que representa un crecimiento del 76%.
También se incrementan de forma notable en Zamora (de 158 a 204 el año pasado), Burgos (de 338 a 433) y Ávila (de 131 a 158). Aumentos más contenidos se dan en Segovia (de 202 a 216) y Palencia (de 165 a 170). En las tres provincias restantes, la cifra disminuye:en León (de 558 a 508), Valladolid (de 702 a 639) y Soria (de 120 a 119).
Otro asunto relevante es la financiación del procedimiento, porque el sistema de salud puede costear la interrupción, sin que suponga gasto para la mujer, pero muchas optan por pagarlo de su bolsillo. En Castilla y León se financiaron el año pasado el 59%, es decir, dos de cada tres, frente al 8% en autonomías como Navarra o Asturias.
Entre los motivos para interrumpir la gestación, la mayoría se realizan a petición de la mujer dentro de los plazos legalmente previstos (2.560 el año pasado). Le siguen las realizadas por graves anomalías en el feto (166 en 2022) o las que presentaban grave riesgo para la vida o salud de la embarazada (97). Otras 97 interrupciones fueron decididas por anomalías incompatibles con la vida del feto o enfermedad grave.