La nueva ley de Residencias "crea entornos de convivencia" y refuerza "el protagonismo de los usuarios"

Aprobado el proyecto de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León por el Consejo de Gobierno. Una normativa que "crea entornos de convivencia" en los centros y refuerza "el protagonismo de los usuarios" , tal y como explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Esta ley es de obligado cumplimiento "para todos los centros de Castilla y León ya sean de titularidad privada o pública". La esencia es "la atención centrada en las necesidades y el deseo de las personas dependientes que vienen en estos centros. Qué cuidados quiere y cómo quieren que se presten", apuntó Blanco. 

Durante la comparecencia en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Gobierno de la semana, la titular de Familia expuso que los aspectos fundamentales de esta nueva ley, que deberá pasar por las Cortes de Castilla y León, es "la atención centrada en las personas, a través de su proyecto de vida y centrándonos en lo que ellos quieren o necesitan" .

Esta ley afectará a las 72. 634 plazas que hay en las residencias de la Comunidad, distribuidas en 1.144 centros. La nueva norma "establece las condiciones básicas materiales y espaciales de todas las residencias, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia". En concreto, hay 54.600 plazas para atender a mayores, 48.791 en residencias y 5.809 en centros de día. De todas estas plazas, 37.053 se financian públicamente. En lo que se refiere a las plazas para personas con discapacidad, hay 18.034 plazas, 5.164 en residencias, 2.232 en viviendas y 10.638 en centros de día. Esto sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 por ciento, muy por encima de la media nacional del 4,19%.

El objetivo principal de esta ley es garantizar los derechos de quienes viven en los centros de carácter residencial y en los centros de Día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración, para personas en riesgo o situación de dependencia, y con discapacidad situados en la Comunidad. 

Precisamente, la consejera explicó que los nuevos centros que se edifiquen deberán estar adaptados a la normativa : "Hay aspectos arquitectónicos que son de obligado cumplimiento para los centros que se construyan nuevos", pero los ya existentes deben modificarse para entrar dentro de la ley. El plazo para esta remodelación de los centros privados es a finales del 2029, es decir, seis años. Precisamente, este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una línea de subvenciones de 15 millones de euros para las obras en las residencias ya existentes. Pese a esta ayuda, habrá centros que por sus propias características arquitectónicas no será posible adaptarlas a la nueva normativa, pero "deben estar debidamente justificados", apuntó la consejera. 

Otro de los aspectos que abordó Isabel Blanco en su comparecencia fue la creación de "unidades de convivencia" . Se trata de pequeños módulos dentro de los centros en los que convivan entre 12 y 16 personas, dependiendo de las características de cada uno de ellos. Estas unidades de convivencia persiguen un doble objetivo, extender el modelo de la atención centrada en la persona y evitar la propagación de enfermedades como paso con la pandemia Una situación que aborda esta nueva ley es la "eliminación de las sujeciones físicas o químicas a excepción de los casos que sean recomendados". "Se trabaja con los centros y profesionales en formación en materia de atención a las personas sin sujeciones", aseguró Blanco.  

Uno de los objetivos que persigue esta ley es  abrir estos servicios a los usuarios que decidan continuar viviendo en sus domicilios . Desde la Consejería se pretende combinar a "las personas mayores que decidan donde quieren estar, si quieren permanecer en el medio rural, poner a su disposición los servicios". De esta forma la Junta quiere conjugar los dos modelos: personas atendidas en los centros residenciales y personas atendidas en sus propios domicilios. "Los que quieran quedarse en su casa que estén atendidas como si estuvieran en un centro residencial y las personas que estén en centros residenciales se siente como en su casa", sentenció Blanco. La consejera explicó que pese a la aprobación del proyecto de ley, hay aspectos que están sujetos a una normativa posterior en desarrollo como el número de profesionales por centro.