La directora de Parques Nacionales asegura que la concesionaria de Navacerrada “está ocupando un espacio ilegalmente”

María Jesús Rodríguez de Sancho fue nombrada directora el Organismo Autónomo Parques Nacionales hace poco más de un año, en septiembre de 2020. Ahora, se enfrenta al desafío de la Junta de Castilla y León, que pretende mantener abierta la estación de esquí del puerto de Navacerrada, en una decisión contraria al fin de la concesión y al informe del propio Organismo que aboga por “proteger el alto valor ecológico de la zona” a través de unas actuaciones de reactivación con las que “la mayoría está a favor”. Argumenta que en esta zona la temperatura ha subido casi dos grados desde la década de los 50 hasta, han bajado los días de helada y las jornadas de temperatura por debajo de cero grados en un 25 por ciento. Pide a la gente, ante el anuncio de la apertura de las instalaciones, que no acuda, porque la actividad sería en un espacio que está ocupado ilegalmente.  

¿En qué argumentos se basa el recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado, a instancias del OAPN que usted dirige, contra Castilla y León por ‘ocupación ilegal’ del Puerto de Navacerrada?

Nosotros hemos puesto un recurso por la inacción de la comunidad autónoma de Castilla y León en el ejercicio de sus competencias, en relación con la concesión administrativa que se había dado en 1996 a la empresa que entonces se llamaba Deporte y Montaña para la estación de esquí. Esta concesión tenía un plazo de 25 años, que es el máximo señalado por la ley, y además venía en las propias cláusulas y condiciones de la concesión que, extinguido el plazo de 25 años, automáticamente caduca la concesión y queda sin ningún valor. La Ley no admite que haya una concesión administrativa de un monte catalogado de utilidad pública en más de 25 años. El monte de Valsaín está dentro del catálogo de montes de utilidad pública, que es una figura que viene del siglo XIX y que da un régimen de protección, conservación y gestión específico para esos montes, y es un monte de titularidad pública, en el cual el Organismo Autónomo Parques Nacionales es su propietario y siempre ha actuado como tal en esos terrenos, no como administración. Lo que pedimos en el recurso que hemos puesto ante la jurisdicción contencioso administrativa es que la Junta de Castilla y León ejerza sus competencias como administración competente para el procedimiento administrativo de caducidad de esta concesión y de desahucio administrativo, puesto que el concesionario no ha abandonado el monte de utilidad pública y está, en definitiva, en una ocupación ilegal, porque no tiene el título habilitante para estar ahí.

¿Por qué se da este paso por parte del Ministerio de Transición Ecológica y qué medidas cautelares reclaman?  

Las medidas cautelares que pedimos es que no se ejerza la actividad, porque sería ilegal. Si hubiera cualquier accidente, que esperemos que no, allí se está ejerciendo una actividad de manera ilegal. Entonces, lo que nosotros pedimos al Juzgado es que, de manera cautelarísima, puesto que están publicitando que se va a abrir la estación el 1 de diciembre, impida que ese ejercicio de actividad se realice.  

¿Esperan una pronta resolución de ese recurso, que se pronuncien los tribunales?

El recurso llevará el procedimiento que tiene que llevar, pero las medidas cautelarísimas se llaman así precisamente por la urgencia de su adopción, y esperamos que eso sí se resuelva con prontitud.

A unos días del puente de diciembre y con el anuncio de la empresa gestora de abrir la estación, ¿qué mensaje se puede trasladar a los aficionados a los deportes blancos por parte de Parques Nacionales?  

Yo les diría que no fueran a este lugar a practicar esa actividad puesto que sería en un espacio que está ocupado ilegalmente.  

¿Cómo se puede explicar al ciudadano todo lo ocurrido en los últimos meses y en qué momento del proceso nos encontramos?

Para que lo entienda cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga una propiedad, y esa propiedad la tiene en alquiler, si acaba el alquiler el inquilino normalmente se marcha, y en este caso se ha acabado el alquiler y el inquilino no se ha marchado. Es muy fácil de entender, esa es la situación. El propietario no puede echar a las bravas al concesionario en este caso, como tampoco se puede echar al inquilino que se queda después de finalizado el contrato, sino que hay que seguir un procedimiento, y ese procedimiento lo tiene que llevar a cabo la administración que tutela esto. Esa administración es la Junta de Castilla y León y no ha ejercido sus competencias, y eso es lo que nosotros pedimos en el recurso administrativo. No ha ejercido sus competencias desde el mes de marzo, cuando la Junta de Castilla y León, en el ejercicio entonces sí de su competencia, inició un procedimiento administrativo para ver si se volvía a hacer una concesión, no prorrogar la existente, que eso es imposible porque la Ley lo impide, sino para iniciar una nueva. En ese momento pidió informes al Organismo Autónomo Parques Nacionales en su condición de entidad propietaria, porque así lo prevé la propia Ley de Castilla y León. A nosotros nos dieron un plazo de diez días para pronunciarnos y emitimos el informe, y dijimos que no considerábamos conveniente dar una nueva concesión por dos motivos. 

¿Cuáles son esos motivos?

El primero es el escenario de cambio climático actual. Tenemos registros de temperaturas desde los años 50 en una estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que está en el puerto de Navacerrada. Ahí se constata claramente cómo ha subido la temperatura casi dos grados desde la década de los 50 hasta ahora, cómo han disminuido los días de helada y los días de temperatura por debajo de cero grados en un 25 por ciento. Los datos también dicen que las previsiones de precipitaciones van a ir a menos también, con lo que el escenario climático desaconseja esa actividad ahí. Pero además, desde 1996 en que se dio esa concesión, se han adoptado numerosas figuras de protección sobre ese espacio, de carácter autonómico, nacional e internacional, como la declaración de Parque Nacional, como Zona de Especial Protección para las Aves, como Zona de Conservación Especial de la Red Natura 2000 de la Unión Europea y como Reserva de la Biosfera de la Unesco. Todas esas figuras de protección en todos esos niveles lo que observan es el alto valor ecológico de esa zona y pensamos que toda esa normativa adoptada responde a un deseo y objetivo de las propias administraciones, y de los ciudadanos en general, de proteger esa zona. Y es lo que pretendemos con la decisión que hemos adoptado.  

¿Son, entonces, circunstancias diferentes a las que acontecen en otras estaciones de esquí?

Las circunstancias no tienen nada que ver en unos sitios y en otros. Nosotros no es que estemos en contra del esquí, pero esto se está haciendo en un Monte de Utilidad Pública, que es dominio público forestal de todos los ciudadanos, y se está utilizando para un uso privativo en beneficio solamente de una empresa. No es que estemos en contra del esquí, ni que pensemos que se tienen que cerrar todas las estaciones de esquí. Este caso es muy concreto, está en el límite del Parque Nacional, y en el momento de la declaración se excluyó dentro del Parque Nacional precisamente porque se estaba practicando el esquí en ese espacio. Pero la propia Ley declarativa del Parque Nacional, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ya prevé que esa actividad, en el tiempo, se deje de practicar, y cuando ha caducado la concesión de 25 años que se había dado en 1996 es el momento oportuno para hacerlo.  

¿Se han mantenido o se van a mantener encuentros entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León para encontrar soluciones de consenso?  

Sí, claro que las hay, porque la propia Ley de Parques Nacionales, en el caso concreto del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, al ser un parque nacional que tiene territorio en dos comunidades autónomas, prevé que haya una coordinación por parte de la Administración General del Estado a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Hay una comisión de coordinación donde están las dos comunidades autónomas y nos hemos reunido con ellas en varias ocasiones durante este año, en las que se les han expuesto los motivos de la decisión del Organismo Autónomo para no hacer una nueva concesión de ese espacio. Y también se propuso un programa de reactivación económica sostenible del entorno del puerto de Navacerrada para ordenar todos los flujos turísticos que se dan allí, para rehabilitar el puerto, porque cualquiera que vaya se puede dar cuenta del estado de deterioro enorme en el que se encuentra ese espacio. Realmente creo que las administraciones debemos intervenir y solucionar ese estado tan tremendo de deterioro que hay.

¿Cuál es el futuro de estos parajes de la Sierra de Guadarrama y qué se puede avanzar que vaya a ocurrir en 2022?

Hemos presentado un programa de activación económica sostenible del puerto de Navacerrada y su entorno, trabajando con los municipios que aportan territorio al puerto, que son el Real Sitio de San Ildefonso, Cercedilla y Navacerrada, y también con las comunidades autónomas. Se han propuesto una serie de iniciativas de las que ya se están redactando los proyectos, unos más avanzados que otros, y ya hay un programa de actuaciones que se divide en cuatro ejes y sometimos a información pública. El resultado de esa consulta pública, que fue online, anónima y abierta durante tres semanas, es que el 85 por ciento de los ciudadanos que participaron hicieron una valoración muy positiva de las intervenciones. Únicamente el 14 por ciento manifestó su deseo de que la estación de esquí permaneciera. Por lo tanto, pensamos que hay una mayoría que está a favor de todas las actuaciones de reactivación que se pretenden en el puerto de Navacerrada y en su entorno. Y además, no se va a prohibir la práctica de otro tipo de esquí más compatible con el territorio, que no genera tanto impacto en esos ecosistemas de montaña. Tenemos el referente de la estación de Valcotos, que en el año 98 se expropió, se desmanteló y se hizo una restauración ecológica y ahora es un lugar de atracción para científicos, montañeros, para los que practican esquí de fondo y otro tipo de actividades de invierno. Pensamos que va a ser un impulso para la zona y los pocos puestos de trabajo, porque realmente los que declara la empresa en el Registro Mercantil son una media de 12 al año, van a ser mayores con el programa de reactivación económica.