Diario de Castilla y León

Castilla y León es la cuarta comunidad de España en agresiones a funcionarios de prisiones

El sindicato APFP clama por más medios, ya que la Comunidad tiene un déficit de plantilla del 20,6%, el doble que el nacional / Solo el ataque de furia de Igor el ruso en Dueñas dejó cuatro trabajadores heridos

Centro penitenciario La Moraleja en Dueñas (Palencia).- ICAL

Centro penitenciario La Moraleja en Dueñas (Palencia)

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Íñigo Arrúe
Valladolid

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Castilla y León es la cuarta comunidad con más agresiones a funcionarios de prisiones de España, al sumar 626 en el acumulado del período entre 2004-2020, estadística elaborada por la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y en la que no entran en el estudio las cárceles de Cataluña por tener transferida, como en tantos otros casos, esta competencia. 

El dato de Castilla y León debe ponderarse, ya que  cuenta con 8 centros penitenciarios, la tercera con más cárceles de España, tras Andalucía y la Comunidad de Madrid. 

La comunidad con más agresiones es Andalucía, con 1.772 ataques a trabajadores, seguida de Madrid (942) y la Comunidad Valenciana (765). Por prisiones concretas, la número uno es Córdoba, con 352, por delante de Picassent (Valencia), con 303. De las de Castilla y León, Mansilla de las Mulas (León) se coloca en el decimocuarto lugar, con 150 agresiones, y Topas (Salamanca) aparece en el puesto 28, con 94. 

En el presente año los funcionarios de las cárceles de la región han padecido también numerosos y graves ataques de reclusos. Uno de los casos más violentos lo protagonizó el pasado 12 de abril  en la cárcel de Dueñas  el interno Norbert Feher, alias ‘Igor el Ruso’. Atacó a cuatro funcionarios con un azulejo tras negarse a abandonar su celda para ser juzgado al día siguiente como autor confeso por el triple asesinato ocurrido en Andorra (Teruel) en 2017.

Presos muy peligrosos

El recluso serbio, clasificado como ‘extremadamente peligroso’, y con un amplio historial de incidentes regimentales, se negó a abandonar voluntariamente su celda para ser conducido a los tribunales de Teruel. Ante esta actitud, se personaron en el departamento los jefes de Servicio y un numeroso contingente de funcionarios con los equipos de intervención. Decidieron entrar en la celda, momento en el que se desencadenó la furia. Igor –pocos días después condenado a prisión permanente revisable–, se abalanzó sobre ellos con un trozo de azulejo afilado y consiguió agredir a cuatro trabajadores. Tras un gran forcejeo, consiguieron reducirlo con la «fuerza mínima imprescindible» y le trasladaron al departamento de ingresos para su traslado. 

El presidente nacional de AFFP, Francisco Javier López, aseguró entonces que la «profesionalidad» de los funcionarios «evitó una tragedia», y acto seguido exigió más medios con urgencia. «Cada día queda más claro que es cuestión de tiempo que esto ocurra, y que, tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como el Ministerio del Interior, no están haciendo el más mínimo esfuerzo para tratar de evitarlo», añadió López. 

Nueve días después, el 21 de abril, la misma cárcel de La Moraleja fue escenario de otra agresión. Un recluso «extremadamente peligroso» atacó al jefe de Servicios y a dos funcionarios. El suceso tuvo lugar cuando trasladaban al interno G.B.D.S, de nacionalidad brasileña y 21 años, desde el departamento de aislamiento al de enfermería para ser atendido por los servicios médicos del centro penitenciario de un fuerte dolor en el ano.

Al ser requerido por el médico para que se pusiera en la camilla para ser reconocido el interno se puso «muy agresivo» y empezó a dar voces y a gritarle que era un «maricón» y que no se iba a poner como le decía. Ante esta actitud, el jefe de Servicios ordenó su traslado, momento en el que el interno, tras un gran forcejeo con patadas y puñetazos, le pegó un puñetazo en la cara. Tras reducirle «con la fuerza mínima imprescindible» fue conducido al departamento de aislamiento. Otros dos funcionarios fueron agredidos en el forcejeo y tuvieron que ser atendidos.

La agresión más reciente se produjo en el centro penitenciario de Valladolid. Ocurrió el 12 de julio. Un preso que se encontraba internado en el módulo de respeto, destinado a los reclusos con ‘menos conflictividad’, tuvo que ser aislado después de propinar un puñetazo a un funcionario poco después de recriminarle que no le suministrase la medicación, posología pautada y que no pueden alterar los funcionarios. Este episodio se registró tres meses después de otro incidente en el penal vallisoletano. Ocurrió el 9 de abril cuando un recluso agredió a un funcionario y le rompió un dedo en el momento en el que el  trabajador le abrió la puerta de la celda para trasladarle al patio.

La APFP tras este enésimo altercado lanzó un comunicado para exponer, una vez más, que  los funcionarios de prisiones trabajan «sin medios adecuados para hacer frente a la peligrosidad del medio», sin una formación continua y constante y con una «grave» falta de personal. También sin carecer de  la categoría de «agentes de la autoridad»; sin la equiparación salarial con Cataluña (que tiene esta competencia transferida), y sin que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior «estén haciendo el más mínimo esfuerzo para tratar de solucionar estos problemas».

Casi 3.500 presos

En el caso de Castilla y León, la APFP  pone sobre todo el foco en el «déficit de plantilla», con el porcentaje de plazas vacantes más alto de España. A fecha de 21 de junio de 2021, tenía un porcentaje del 20,65% (598 funcionarios menos que el número oficial por catálogo de 2.905). La que más, Topas con un 27,92% menos de plazas vacantes, por delante de Dueñas (21,08 %) y León (20,4%). Le siguen Valladolid (18,45%), Segovia (17,8%), Burgos (16,5%) Soria (13,9%) y Ávila (13,1%). Todo ello para una población reclusa en Castilla y León (en mayo de 2021) de 3.467 internos –en España son en total, 51.911– de los cuales 3.677 son varones y 232 mujeres. 

La ‘fotografía’ del momento del número de presos en cada cárcel es muy difícil de precisar, pero el sindicato Acaip, muy crítico también con la indefensión de los funcionarios, publicó un informe en el que revelaba que Brieva (Ávila) tiene una ocupación real media de 151 reclusas; Segovia, llega a una ocupación actual de 345 internos; Topas posee una capacidad  para 1.008 y tiene ahora 740; Soria tiene una ocupación cercana a 176; Mansillla de las Mulas (León) cuenta con una ocupación actual de 672; Dueñas tiene una capacidad de 1.008; Valladolid tiene una ocupación actual de 417 y Burgos, de 405 presos.  

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