La Junta denuncia que el reparto de los 7.000 millones perjudica "de nuevo" a empresas y pymes de la Comunidad
El consejero de Hacienda pide la convocatoria del CPFF y un trato de "igualdad" y sin "privilegios" entre territorios
La Junta de Castilla y León denunció hoy que el Gobierno perjudica de nuevo a los castellanos y leoneses en el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas a empresas, pymes y autónomos, al aplicar los mismos criterios “discriminatorios” que en el reparto del REACT-EU.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pide la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer el reparto de los Fondos REACT EU y el de los 7.000 millones de ayudas directas a empresas, pymes, autónomos y profesionales en "igualdad y sin privilegios" entre territorios.
Así, recuerda que se asignaron a Castilla y León “únicamente” 335 millones de un total de 10.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que, en su estimación, supone una pérdida de 258 al no aplicarse el Sistema de Financiación Autonómica.
En este caso se espera que el porcentaje sea todavía más perjudicial sobre los 7.000 millones, dado que el Gobierno ha preasignado ayudas directas a algunas Comunidades Autónomas que excluye a Castilla y León. A ello se suma que el criterio de distribución se ha hecho, una vez más, de forma unilateral, sin contar con las Comunidades Autónomas o al menos no con todas las CCAA y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por ello, la Junta pide la igualdad de trato independientemente de su localización en España. Castilla y León recibió el 3,35 por ciento de los fondos REACT EU cantidad “muy inferior” a la distribución que le correspondería con el Sistema de Financiación Autonómica, que ronda el 6 por ciento.
Según la Junta, el 3,35 por ciento de los Fondos REAT EU es un porcentaje “claramente inferior” a lo que Castilla y León representa en el conjunto de España tanto en el sistema de financiación como en población, y en superficie. Esta distribución perjudica a los autónomos, PYMES, empresas y profesionales de Castilla y León, cuando el trato debería ser el mismo independientemente de la localización en el territorio, concluye.