Diario de Castilla y León

Las coordenadas del mercado laboral

Un estudio de la ULE recoge que el sector de los cuidados está marcado por la feminización, ya que 9 de cada 10 personas implicadas en este ámbito son mujeres, y la escasez de recursos que «ensombrecen» el sistema de atención a la dependencia

Trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid en un imagen de archivo. / E. M.

Trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid en un imagen de archivo. / E. M.

Publicado por
Estibaliz Lera

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Es un panorama diferente, donde la robotización, la generalización de internet, la inteligencia artificial, la digitalización o la virtualización están ocasionando «mutaciones radicales» en los procesos de producción de bienes y servicios, con un objetivo claro: producir más en menos tiempo y con menos efectivos . Ahora bien, el camino de la industria 4.0 va acompañado de su marcada extensión universal, avalada por cuatro razones, como son que irrumpe en todos los sectores, penetra en todas las ocupaciones, afecta a todo tipo de empresas y se extiende a todos los empleados. 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 no ha hecho, según expone Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León (ULE), más que acelerar este proceso de cambio en cuanto a las coordenadas esenciales del contrato de trabajo , ya que es posible desarrollar la actividad productiva en cualquier momento, y cómo no, desde cualquier emplazamiento dada la facilidad en el acceso a los materiales. 

Esta circunstancia pone encima de la mesa varias cuestiones. En primer lugar, declara, una intensificación en el tiempo de dedicación a la actividad laboral acompañada de una puesta a disposición constante y una disponibilidad permanente por parte de los trabajadores, que se manifiesta no solo en la nueva economía de plataforma sino también en otros sectores más tradicionales.

A esto se suma, añade Rodríguez Escanciano, la deslocalización de la prestación de servicios, puesto que la presencia física en el lugar de trabajo no resulta hoy tan imprescindible como lo fue hace décadas. «El teletrabajo se ha convertido en un puerto de refugio para muchos asalariados frente a la pandemia y sus rebrotes, pero no hay que dejar de alertar sobre algunos extremos oscuros de su régimen jurídico, en materia de prevención de riesgos laborales ante el incremento de afectaciones a la salud mental, o de costes asumidos por los propios asalariados».

Cuidados, punto de mira

La catedrática de la ULE asegura que el sector que merece especial atención es el de los cuidados porque, según dice, son muy visibles los problemas de financiación y escasez de recursos que ensombrecen el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia . «La expansión de la pandemia por coronavirus en nuestro país ha puesto de manifiesto con su cara más desgarradora un grave problema social silenciado durante décadas: el del bienestar de las personas mayores, que se han visto tristemente afectadas por unas preocupantes tasas de mortalidad particularmente incisivas para quienes estaban ingresados en centros residenciales», lamenta. 

En este sentido, considera que merece una crítica una realidad que pasa desapercibida, que es la de la precariedad de las condiciones de trabajo aplicables al cuantioso volumen de mano de obra implicado en el sector de los cuidados . En su opinión, son «deplorables» y, además, sus coordenadas laborales están marcadas por la feminización –9 de cada 10 personas implicadas en este ámbito son mujeres–; una significativa presencia de inmigrantes; una elevada temporalidad en la contratación; un déficit de formación; una ingente carga de trabajo y de responsabilidad; una intensificación manifiesta del tiempo de trabajo; una notable disponibilidad para atender situaciones sobrevenidas; una amplia polivalencia funcional; unas deficientes posibilidades de conciliación; una acusada carencia en prevención de riesgos laborales que no solo afecta a los posibles contagios e infecciones que exigen equipos de protección adecuados –«que han brillado por su ausencia cuando más necesarios han sido por la COVID-19», apostilla Susana Rodríguez Escanciano–, sino también en cuanto a enfermedades psicosociales debido a los vínculos que se pueden llegar a formar entre quienes cuidan y quienes son cuidados, implicándoles más allá de sus propios cometidos, y una escasa retribución del trabajo en este ámbito. 

Bajo este denominador común de precariedad, la catedrática de la ULE indica que las condiciones laborales en las residencias y los centros de día son «un poco mejores», sin embargo, agrega que esta afirmación no puede sostenerse en los puestos más bajos del sistema de clasificación profesional, donde las retribuciones en muy poco superan el salario mínimo interprofesional . De igual forma, destaca que este problema se manifiesta de manera más acusada en la atención a domicilio.  Diálogo social

Respecto a las conclusiones del estudio que lleva por título ‘Apostando por la calidad en el empleo en Castilla y León. El diálogo social como premisa’, tiene claro que la automatización y la digitalización están provocando no solo que algunos trabajadores hayan quedado alejados del mercado laboral ante la masiva destrucción de puestos de trabajo , pasando a formar parte de los permanentes inempleables, sino también un empobrecimiento generalizado de los asalariados. 

Sus recomendaciones pasan por utilizar el diálogo social como «instrumento para promover el buen gobierno y fomentar no solo la cooperación entre los interlocutores sociales, sino también mejorar el rendimiento económico». En esta línea, Rodríguez Escanciano subraya que este camino crea un entorno cohesionado donde los sindicatos y las asociaciones empresariales pueden cumplir y trabajar para lograr objetivos deseables de trabajo decente y crecimiento en el nivel nacional y autonómico.

«Es una pieza esencial para instaurar un clima de confianza para aplicar de manera efectiva las medidas destinadas a enfrentar el brote de la COVID-19 y sus repercusiones», sostiene la catedrática de la Universidad de León para, más tarde, destacar que fortalecer el respeto de los mecanismos de diálogo social y utilizarlos es una forma de cimentar la resiliencia y el compromiso de los empleadores y de los trabajadores para la adopción de medidas de política dolorosas, pero necesarias. «Se trata de adoptar decisiones conjuntas o en colaboración entre el gobierno y los agentes sociales, de manera que estos últimos intervienen y se corresponsabilizan en las correspondientes decisiones del poder público, asegurando una mayor efectividad de tales propuestas en un contexto de mayor paz social», remacha.

Ahora bien, a su parecer, no solo resulta interesante el diálogo social articulado a través de fórmulas como pactos tripartitos o leyes negociadas, sobre las que Castilla y León cuenta con experiencias sobresalientes a través del Consejo del Diálogo Social , sino que, sin perder nunca esta perspectiva de interés general, debe actuar también para los trabajadores y sus condiciones de trabajo en sectores o empresas determinados a través de la negociación colectiva. 

En este punto, incide que atesora un instrumento destinado a «equilibrar» la situación existente entre las partes del contrato de trabajo, no en vano la autonomía colectiva sirve para contrarrestar las limitaciones que en este modelo contractual presenta la individual, al tiempo que garantiza una competencia leal entre las empresas obligadas a respetar unas condiciones uniformes. 

Así, una vez analizada la regulación convencional de los sectores principales de la actividad de Castilla y León –agropecuario, construcción, turismo, automoción…–, el estudio enfatiza la posición del convenio colectivo como «instrumento de cambio social y de reducción de tensiones», a través del cual se logran transformar las discrepancias y controversias surgidas del conflicto social por excelencia, en resultados cooperativos y en paz social.

«Es obligatorio que los interlocutores sociales adopten una perspectiva colaborativa en aras a la mejora de las condiciones de trabajo no solo en los aspectos más clásicos, como pueden ser los retributivos, donde los propios agentes sociales han reconocido que en nuestra autonomía el salario medio es inferior a las cifras españolas, sino que deben esforzarse en incorporar contenidos nuevos para satisfacer las necesidades provocadas por los cambios habidos en el proceso productivo como consecuencia de las nuevas tecnologías», reflexiona Rodríguez Escanciano. 

Por ello, anima a incorporar nuevos contenidos convencionales para cubrir las remisiones que las últimas reformas legales asociadas a la digitalización ofrecen, como sucede, por ejemplo, con el derecho a la protección de datos de los trabajadores, el control empresarial a través de medios técnicos o el teletrabajo, sin olvidar la tutela de los riesgos laborales de naturaleza psicosocial y la pertinencia de seguir cerrando brechas por razón de género. Es verdad, tal y como reconoce, no es una tarea fácil, porque se trata de materias técnicas, en las que todavía no hay demasiados referentes. 

Ante la escasez de contenidos, apunta que las mayores dificultades se plantearán, no tanto en las empresas tecnológicamente avanzadas de grandes dimensiones, sino en las pequeñas y medianas, de ahí la importancia de que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas tomen conciencia de la necesidad de introducir previsiones al respecto en los convenios colectivos del sector con el fin de evitar fórmulas tipo y soluciones vacías de eficacia práctica. 

Otro punto «imprescindible» que se refleja en esta investigación, premiada por el Consejo Económico y Social y el CEI-Triangular E3, es corregir el inmovilismo mediante la apertura de nuevos ámbitos funcionales convencionales autonómicos acordes con los actuales yacimientos de empleo, poco sindicalizados, localizados en el marco del medio ambiente –energías renovables, construcción sostenible…–, cuidados, así como, de manera destacada, en relación con las nuevas tecnologías: analistas de datos, data miners, data arquitects, expertos en software y aplicaciones, especialistas en networking e inteligencia artificial, diseñadores, creadores de nueva inteligencia, robots e impresoras 3D, expertos en negocios digitales y especialistas en e-commerce, ingenieros, matemáticos e informáticos. 

Sus próximos pasos buscan cerrar brechas por razón de género desde la responsabilidad social empresarial en el escenario poscovid, en el que, según avanza la catedrática de la Universidad de León, abordarán temas como la discriminación retributiva , el techo de cristal o suelo pegajoso, las necesidades de conciliación, la violencia machista o las dificultades de acceso al empleo por parte de las mujeres. También tienen pensado sumergirse en un proyecto basado en la economía social como «palanca para la sostenibilidad» en los territorios rurales, dentro del cual tratarán la prestación de servicios públicos de calidad en el medio rural, la gestión urbanística, la brecha digital, los nuevos yacimientos de empleo, el trabajo agrícola y pecuario, las cooperativas o el emprendimiento. 

A título individual, Susana Rodríguez Escanciano comenta que va a publicar diversos trabajos sobre problemas de salud laboral , en concreto de carácter psíquico, derivados de las nuevas tecnologías (riesgos heredados y riesgos emergentes); las oportunidades laborales en el sector de la construcción ante la transición ecológica; la racionalización de los horarios laborales, o la temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas. 

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