Diario de Castilla y León

El TSJ avala el ERTE de autobuses en Salamanca y abre la vía para Valladolid

El Ayuntamiento llevará el caso al alto tribunal porque «hay precedentes para que nos dé la razón» 

Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJCYL) en Burgos. E.M

Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJCYL) en Burgos. E.M

Publicado por
J. I. Fernández

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El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) para aplicar a los empleados de Auvasa el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que solicitó a finales de mayo justificando el descenso de viajeros y de ingresos tarifarios debido a la declaración del estado de alarma y que no pudo llevar a cabo porque fue paralizado por la Inspección de Trabajo de la Junta de Castilla y León durante el pasado mes de abril.  

Después de intentar recurrir la decisión del gobierno autonómico ante el Juzgado de lo Social y de que la decisión fuera denegada, ahora llamarán a la puerta del alto tribunal, avalando su petición con los precedentes sentados en los últimos meses en casos similares como el de Vitoria o Salamanca.

En el primer caso, el TSJ del País Vasco ha respaldado recientemente la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo, después de que un juzgado diera la razón al comité de empresa tras la demanda que interpuso, por lo que  el Ayuntamiento tuvo que recurrir al órgano superior y, en el segundo, el TSJ de Castilla y León también ha confirmado el fallo de instancia en el Juzgado de lo Social, pese al recurso de suplicación interpuesto por UGT. Ayer, en Salamanca se conoció esta sentencia que puede ser el camino a seguir , ya que es el mismo tribunal que tendrá que juzgar el caso vallisoletano. 

Aunque el gerente de Auvasa , Álvaro Fernández Heredia, matiza que el caso salmantino es una «empresa privada» frenta a la municipal vallisoletana,   «sí reconoce que existe la causa de fuerza mayor en el caso del transporte público, con lo cual también avala alguno de nuestros argumentos».

Como ocurriera en Valladolid, la empresa Salamanca de Transportes suspendió de manera temporal los contratos de trabajo de 149 trabajadores en marzo (200 en Valladolid), alegando fuerza mayor «por causa directa en pérdida de actividad como consecuencia de la Covid-19 ». Esta propuesta fue informada, de manera favorable, por parte de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca al «constatar la existencia de fuerza mayor», ante el Decreto por el que se declara el estado de alarma y después de que el Ayuntamiento salmantino fijara «el porcentaje de reducción del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús en un 50%». Ante estas decisiones, UGT recurrió al Tribunal Superior de Justicia para que declarara «nula o injustificada la decisión empresarial». Sin embargo, la Sala de lo Social del máximo órgano judicial de Castilla y León rechazó el recurso y confirmó, por tanto, la sentencia del Juzgado de lo Social salmantino. Ahora, la gerencia de Auvasa se agarra a esta jurisprudencia y recurrirá al mismo Tribunal que ha dado la razón en Salamanca, por lo tanto «tendrán que ser coherentes , al igual que también con el TST del País Vasco», apuntó el gerente. 

PRESUPUESTO CORRECTO 

Fernández Heredia da este paso después de haber realizado una denuncia en el juzgado de lo Social que fue paralizado por la Inspección de Trabajo de la Junta de Castilla. En esa ocasión se lo denegaron por una cuestión «muy técnica», «una regla de contabilidad europea» , conocida como la regla del 50% . Esta norma dice que «la capacidad de realizar una actividad de mercado a precios económicamente significativos se determinará aplicando un criterio cuantitativo (el criterio del 50 %), basado en la relación entre las ventas y los costes de producción. Para ser un productor de mercado, la unidad debe cubrir como mínimo el 50 % de sus costes por medio de sus ventas de forma continuada a lo largo de varios años».

En esa ocasión lo que dijo el inspector de trabajo que realizó el informe, y que tuvo en cuenta la Junta, es que, según el presupuesto general de gastos e ingresos de Auvasa, no cumplía la regla. «Sin embargo nosotros argumentamos que la contabilidad europea no se tiene que mirar así, que se tiene que realizar con las cuentas auditadas de los cinco años anteriores. Y ahí, sí lo cumplimos», apuntó el gerente de Auvasa, quien argumentó los pasos que dieron. «Entregamos un informe pericial independiente diciendo que habían calculado mal la regla del 50% porque lo que aportan los ayuntamientos de La Cistérniga y de Simancas no es una subvención como la del Ayuntamiento de Valladolid», y recuerda que en Vitoria no han cumplido con la regla y aun así el órgano les ha dado la razón. «Cada juzgado lo ha interpretado de una manera».

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