162 catedráticos de Derecho exigen paralizar la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia
La declaración está impulsada por el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid
Más de un centenar de catedráticos y profesores de Derecho, concretamente 162, han publicado esta tarde una declaración firmada exigiendo que se paralice rotundamente la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia .
El primer firmante es el Catedrático Emérito de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez López-Muñiz, que asegura ser quien comenzó a formar el grupo que elaboró la declaración. Asimismo, declara que los motivos son " evidentemente " jurídicos y se denomina libre de ideologías y de adscripciones políticas .
Afirman que la Proposición "constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad, y es contraria a la dignidad de la persona humana y a los derechos más fundamentales que le son inherentes, garantizados por la Constitución y el Derecho internacional de los derechos humanos como base irrenunciable de nuestra civilización".
Añaden que la pandemia ha demostrado que se debería proteger a los más vulnerables y afectados por esta Proposición. "Lo ocurrido en los meses transcurridos de la actual pandemia ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida" , aseveran en el comunicado.
La declaración se refiere a la publicación del 31 de enero de 2020 el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Allí se informaba de una Proposición de Ley Orgánica regular la eutanasia y cuyo objeto es "el derecho que corresponde a toda persona, que cumpla las condiciones exigidas, a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse" . Esta Proposición fue tomada en consideración el 17 de febrero de 2020 por el Pleno del Congreso de los Diputados y se envió para su tramitación a su Comisión de Justicia. El plazo de enmiendas se ha alargado hasta el 2 de septiembre de 2020.