JUSTICIA
El TSJ urge 19 nuevas plazas de juez para Castilla y León tras dos años en barbecho
Del Ser reconoce su «preocupación» por la abrupta entrada en vigor de la Ley de Eficiencia después de constatar «problemas de acoplamiento y consolidación de los tribunales»
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, presenta la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Alto Tribunal.
El compromiso está sobre la mesa, pero ha de materializarse. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, considera «absolutamente imprescindible» la creación de 19 plazas judiciales en la Comunidad. Tres de ellas en Burgos; concretamente en las secciones Civil y de Instrucción de los tribunales de Instancia de la capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.
Una vez materializada dicha petición, Aranda y Miranda pasarían a ser los únicos partidos judiciales -salvo las capitales de provincia y Ponferrada (León)- con tres magistrados en sus respectivas secciones Civil y de Instrucción junto a Medina del Campo (Valladolid). En cualquier caso, lo único que espera Del Ser es que no se produzca demora alguna para que dichas plazas sean efectivas a partir del próximo año, máxime cuando los dos últimos ejercicios no se han incorporado nuevos jueces. Tan solo dos, según matizó ayer, en las secciones de Violencia contra la Mujer en Valladolid y León pese a que la media regional era de cinco plazas por año.
La solicitud, recogida en la memoria anual del TSJ correspondiente al ejercicio 2025, también recoge nuevas plazas en Valladolid, Ávila, Segovia y León. En esta última provincia, además, urge la creación de una plaza en la Sección segunda de la Audiencia Provincial por su «saturada carga de trabajo».
Debido a esta falta de personal, no quedó más remedio el año pasado que reforzar los órganos judiciales con jueces de adscripción territorial (JAT), cuya ratio se sitúa en uno por cada 100.000 habitantes. En Valladolid, por ejemplo, se incorporaron dos JAT al Juzgado especializado en condiciones generales para sacar adelante el ingente volumen de asuntos registrado. Aun así, el TSJ insiste en que «es preciso poner fin a estos refuerzos al surgir necesidades más urgentes que atender». Por otro lado, conviene poner de manifiesto que sin estas incorporaciones no hubiese sido posible afrontar causas tan complejas como la trama eólica o el caso Funeraria.
A mayores, el Alto Tribunal estima conveniente reforzar órganos colegiados como las secciones penales de la Audiencia Provincial de Burgos, León, Salamanca, Soria y Valladolid, donde también convendría sumar una nueva plaza en la Sala Social del Alto Tribunal. Asimismo, Del Ser también subrayó la necesidad de crear una segunda plaza en la Sección de Violencia contra la Mujer y el Tribunal de Instancia de la capital burgalesa.
Sobre la nueva Ley de Eficiencia que tantos quebraderos de cabeza está generando en los juzgados, la memoria anual del TSJCyL señala que sus «exigencias» han influido en la disminución del número de asuntos registrados. Sobre todo en el orden Civil, que experimentó una notable caída al pasar de 166.007 a 144.659 asuntos de un año a otro.
En términos generales, los órganos judiciales de Castilla y León culminaron el pasado ejercicio con 333.997 asuntos registrados, casi un 5% menos respecto a 2024. Cierto es, tal y como expuso Del Ser, que en el orden Contencioso y penal se registraron ligeros ascensos que apenas resultan significativos. La principal consecuencia, eso sí, es que el número de asuntos en trámite disminuyó (de 177.078 a 170.319) mientras el nivel de resolución se mantenía en «parámetros elevados» con cifras «similares» a las del año anterior.
Más allá de los datos, Del Ser no ocultó su «preocupación» tras constatar que la actividad en los juzgados se ha visto ralentizada tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. El principal escollo, a su juicio, reside en la abrupta implantación de una normativa que ha generado «problemas de acoplamiento y consolidación de los tribunales», con cambios de puesto entre los funcionarios de un día para otro duramente criticados por los sindicatos.
Ante semejante panorama, la presidenta del TSJ lleva desde principios de año reuniéndose con los tribunales de Instancia de cada provincia para recabar las quejas y sugerencias de todos los actores implicados, a través de una Mesa de Calidad, para su posterior remisión al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).