Castilla y León acelera el megacentro de datos que invertirá 4.600 millones en Zamora

La Junta de Castilla y León activa su maquinaria administrativa para para acelerar cuanto esté en su mano la implantación del mayor centro del país de datos de gran escala en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos, a ocho kilómetros de la capital. Las compañías Edison Next Spain y FRV-X Renewable promueven esta inversión multimillonaría de 4.600 millones de euros en un proyecto controvertido que prevé generar 400 empleos en este enclave de la España vaciada.

La agilidad para encauzar esa lluvia de millones explica la tramitación del expediente como Proyecto Regional, como figura en la resolución publicada este miércoles en el Bocyl.

Este inicio de la tramitación abre el periodo de información pública y audiencia (45 días hábiles para presentar alegaciones, esde el 17 de septiembre hasta el 23 de noviembre) y conlleva la publicación de los documentos que conforman un proyecto que divide a la población entre quienes ven una oportunidad y quienes recelan de los riesgos para el territorio por el elevado consumo de recursos de este tipo de megainfraestructuras industriales y tecnológicas.

La decisión del Ejecutivo autonómico de recurrir a la figura del Proyecto Regional permite articular bajo un único instrumento jurídico un complejo diseñado más allá de los límites municipales de Monfarracinos. Las instalaciones informáticas se ubicarán en suelo industrial de este municipio, pero la infraestructura de generación energética y la línea eléctrica subterránea atravesarán parcelas rústicas de Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles, Aspariegos y Villalube.

Al asumir tramitación directa, la Junta unifica las competencias de ordenación del suelo que de otro modo habrían requerido negociar licencias y cambios de planeamiento municipio a municipio, lo que expondría el plan a posibles paralizaciones administrativas. Además de esa implicación urbanística, la aprobación como proyecto regional conllevará la declaración de utilidad pública e interés social. Esta herramienta jurídica otorga a la Administración la facultad de ejecutar ocupaciones urgentes mediante expropiación forzosa, así como la constitución de servidumbres de paso e instalaciones temporales para los viales y el tendido eléctrico de alta tensión.

La documentación, ya disponible en la web de la Junta, desvela los detalles del proyecto. La principal singularidad técnica del campus es que funcionará de forma totalmente aislada (off-grid o ‘en modo isla’) respecto al sistema eléctrico nacional. Esta solución busca esquivar la saturación que sufre más del 80% de la red de distribución en España, un cuello de botella que frena el despliegue de grandes infraestructuras tecnológicas.

El complejo nace para satisfacer la creciente demanda europea de capacidad de cálculo dedicada al entrenamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial, servicios en la nube y el despliegue del 5G. Y para alimentar los 200 megavatios de potencia informática que necesitará el centro —repartidos en cinco edificios gemelos de 40 megavatios cada uno—, los promotores garantizan su propio suministro de manera autónoma. El proyecto contempla la creación de una microrred energética privada que combina tres fuentes de generación y almacenamiento. Por un lado, la mayor parte de la electricidad procederá de un parque solar situado a unos 14 kilómetros, en los términos de Villalube y Aspariegos, que enviará la energía a través de una línea subterránea de alta tensión.

Los excedentes producidos durante las horas de sol se guardarán en un sistema masivo de baterías de litio para cubrir los momentos de menor radiación. Y cuando la energía solar y las baterías no sean suficientes, el complejo pondrá en marcha una central de apoyo compuesta por 24 motores alimentados por gas natural y gasóleo. Además, la instalación capturará el calor residual de las chimeneas para transformarlo en electricidad adicional limpia.

Esos 200 megavatios de potencia equivalen a tener encendidos de forma simultánea a pleno rendimiento entre unos quince estadios como el Santiago Bernabéu. A diferencia de un estadio, que solo opera a máxima potencia unas pocas horas por semana, el centro de datos funcionará de forma ininterrumpida las 24 horas. Eso sitúa su consumo anual total en 2.255 GWh, lo que, traducido a Bernabéus, equivale al gasto eléctrico que realizarían más de 220 estadios a lo largo de un año entero. Si lo equiparamos a número de hogares, el consumo acumulado a lo largo de un año entero equivale al gasto energético de más de 700.000. Es el equivalente a dos ‘Bilbaos’.

La agilización de los trámites adinistrativos no supondrá merma en las exigencias medioambientales. El procedimiento se canalizará mediante una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, el mecanismo que deberá calibrar los riesgos de la actividad.

De momento, la documentación técnica recopila también algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, el sistema está diseñado para cubrir alrededor del 70% de su consumo anual con energía renovable, pero el 30% restante dependerá de la quema de combustibles fósiles en los motores de respaldo. Esta combustión generará la emisión a la atmósfera de unas 307.000 toneladas anuales de dióxido de carbono a través de 24 chimeneas de 30 metros de altura, así como óxidos de nitrógeno que requerirán un sistema de depuración mediante inyección de urea. Los informes detallan también necesidad de almacenar grandes volúmenes de productos químicos y combustibles para mantener la operación continua. Entre ellos figuran más de mil toneladas de gasóleo de reserva, miles de metros cúbicos de solución de urea, aceite térmico para la recuperación de calor y gases refrigerantes para los sistemas de climatización.

El almacenamiento a gran escala en baterías de litio entraña además riesgos de sobrecalentamiento que exigen estrictas medidas de prevención de incendios. En cuanto al entorno, la actividad continua de los motores y los equipos de enfriamiento generará emisiones sonoras elevadas en el interior del recinto que obligarán a instalar apantallamientos acústicos en las cubiertas. Por su parte, la planta de tratamiento de aguas por ósmosis inversa generará un efluente con concentración de sales que requerirá balsas de neutralización química para evitar la contaminación del suelo o los cauces cercanos.

La inversión directa en el complejo alcanza los 3.260 millones de euros (3.840 millones antes de impuestos). Al sumar el Iva y el parque solar fotovoltaico, la cifra global asciende a 4.600 millones de euros.

En cuanto al empleo, la explotación continuada del complejo requerirá entre 372 y 430 puestos de trabajo directos cualificados en varios turnos de trabajo.

Con su publicación en el Bocyl se activa una tramitación que, como pronto, alcanzará su aprobación definitiva a mediados de 2027, lo que permitiría iniciar las obras sobre el terreno el próximo verano.

El cronograma de los promotores fija un desarrollo gradual durante 45 meses. A principios de 2029 se pondría en marcha la primera fase de la planta energética y a mediados de 2029 comenzaría a operar el primer edificio de procesamiento de datos. La incorporación de los cuatro edificios restantes se realizará de manera progresiva cada seis meses hasta completar la capacidad total del campus en 2031.