La situación en las cárceles y la justicia copan el 18% de las quejas de Castilla y León al Defensor del Pueblo

La lentitud de la justicia y las condiciones de los centros penitenciarios han disparado la frustración ciudadana en Castilla y León. En 2025, el Defensor del Pueblo recibió 1.750 quejas procedentes de la Comunidad, un aumento del 19% respecto al año anterior, lo que consolida una tendencia al alza en los conflictos entre los ciudadanos y la Administración. Estas reclamaciones representan el 4,8% del total nacional, que alcanzó las 36.485, según recoge el informe anual de la institución, dirigida por Ángel Gabilondo.

El documento señala que los problemas en la administración de justicia y en las cárceles concentran casi el 18% de las quejas registradas. En detalle, la Administración de Justicia generó 153 expedientes, mientras que la situación en prisiones sumó 161, lo que coloca a este ámbito entre las áreas más conflictivas, junto con asuntos de interior, que acumularon 126 reclamaciones.

Valladolid, con 446 expedientes, se sitúa a la cabeza de Castilla y León en número de reclamaciones, seguida por León, con 282, y Salamanca, con 250. Resulta llamativo el dato de la provincia vallisoletana en materia de asilo, donde se registraron 66 quejas, una cifra que supera con creces a la de cualquier otra provincia de la región, muy por encima de la siguiente provincia, Palencia, con 11.

Burgos contabiliza 199 quejas y centra las críticas de la institución por los retrasos de dos años en los informes psicológicos de los juzgados. El mapa provincial se completa con Palencia, donde se tramitaron 150 reclamaciones, y Zamora, que llega a los 124 expedientes con especial incidencia en la falta de alojamiento para alumnos de formación profesional. Segovia registró 121 quejas que evidencia la falta de psicólogos en su centro hospitalario. Finalmente, Ávila con 120 reclamaciones y Soria con 58 cierran un balance que confirma el incremento generalizado de la conflictividad administrativa en todo el territorio.

La colaboración entre las instituciones autonómicas y estatales es fundamental para canalizar estas denuncias. En este sentido, el Procurador del Común de Castilla y León jugó un papel relevante al remitir 101 de estos expedientes al Defensor del Pueblo nacional, lo que supone el 8,60% de todas las quejas que llegaron a través de los comisionados autonómicos de España.

Los temas más recurrentes a nivel nacional han sido los retrasos y funcionamiento judicial en la Administración de Justicia (12,8%); prestaciones, pensiones y gestión administrativa en Empleo y Seguridad Social (8,1%); atención a colectivos vulnerables en Migraciones (6,4%) y política social (6,4%), y en Sanidad, educación y medio ambiente hay porcentajes relevantes de en torno al 4-5%.

El informe del Defensor del Pueblo pone rostro a estas cifras con casos concretos que evidencian el colapso de ciertos servicios. Un ejemplo es la queja de un ciudadano que esperó dos años por un informe pericial psicológico esencial para un proceso penal en un juzgado de instrucción de Burgos. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reconoció la situación y, para paliar los retrasos, decidió externalizar el servicio mediante una subvención al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para realizar 294 pericias psicológicas. Sin embargo, tal y como se detalla en el documento, no se habían adoptado medidas para cubrir las plazas vacantes, como establece la ley.

Por ello, el Defensor del Pueblo critica esta medida al considerar que es una solución temporal que no ataja el problema de fondo. La institución formuló dos recomendaciones claras. Exige al Ministerio que cubra las plazas vacantes de personal y resuelva las incidencias laborales en los institutos de medicina legal. Además, demanda que se garantice que los informes externalizados «cumplan con los mismos criterios de calidad y los protocolos de actuación y guías de buenas prácticas que los institutos de medicina legal».

Asimismo, recomendó que se garantizara la cualificación profesional y especialización forense de los psicólogos elegidos por cada colegio para realizar las pericias judiciales, en el marco de la externalización acordada con el ministerio.

Otro de los expedientes que figura en el informe anual del Defensor del Pueblo aborda la histórica lucha del profesorado de religión, en su mayoría mujeres, que trabajaron durante décadas sin que el Ministerio de Educación cotizara por ellas a la Seguridad Social. Esta irregularidad les impedía acceder a la jubilación o les dejaba con pensiones muy reducidas. El informe destaca como un hito judicial clave una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid, del 2 de diciembre de 2024. El fallo reconoció el derecho de una profesora que trabajó entre 1984 y 1998 y condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Ministerio a abonarle la prestación completa. El tribunal aplicó el «principio de automaticidad», que obliga a la Administración a pagar las prestaciones aunque el empleador no haya cumplido con su obligación de cotizar. El Defensor del Pueblo lamenta que estas profesionales se vean forzadas a recurrir a la vía judicial de forma individual para que se les reconozca su derecho. Por ello, ha recomendado a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social el desarrollo de una normativa que aplique este principio de forma efectiva y evite largos y costosos procesos judiciales.

La sanidad también ha sido un foco de atención. El informe recoge una actuación en Segovia, donde la Consejería de Sanidad admitió la «escasez de personal de psicología clínica» en la Unidad de Hospitalización Breve del Complejo Asistencial. La situación era tan precaria que, por falta de camas en la unidad infanto-juvenil de referencia en Valladolid, se estaban ingresando menores en la unidad de adultos de Segovia. Como respuesta a la intervención del Defensor, la Junta anunció la creación de nuevos hospitales de día de psiquiatría infanto-juvenil en Salamanca, León y Burgos.

El documento dedica un capítulo destacado a los retrasos en la valoración del grado de discapacidad, un problema estructural en el que Castilla y León tiene un papel protagonista. La Comunidad ha respondido a las recomendaciones de la institución con «planes de choque» para reforzar las plantillas y ha desarrollado normativa propia para agilizar los procedimientos, como la Orden FAM/1070/2023. Sin embargo, el informe también señala un punto de fricción. La Junta se ha mostrado reticente a expedir un documento que certifique la prórroga de la validez del grado de discapacidad mientras se tramita la renovación, argumentando que «implicaría un exceso de burocracia».

En el ámbito educativo, la institución investigó los problemas de alojamiento para alumnos y profesores interinos de Formación Profesional en zonas rurales. Se estudió la posibilidad de utilizar la residencia de estudiantes de Puebla de Sanabria, en Zamora, para paliar esta situación. Además, el informe menciona positivamente la orden aprobada por la Junta en 2018 para prevenir y eliminar la segregación escolar, en el contexto de la atención al alumnado gitano.

Ángel Gabilondo, en la presentación de los datos, subrayó que «el informe no es aséptico, ya que en él se refleja la realidad de la coyuntura actual, la difícil situación de quienes no encuentran respuestas, o no hallan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos».

De igual forma, añadió: «Nos corresponde a esta institución, sin arrogancia pero con conciencia de la tarea que nos incumbe, presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir al respecto y lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas».

El documento funciona como un termómetro de la frustración ciudadana y un puente entre los problemas individuales y las soluciones que debe aportar la Administración.