Acaip alerta del «polvorín» de las cárceles de la región tras crecer un 75% los ataques a los funcionarios

Las agresiones a funcionarios de prisiones en las ocho cárceles de Castilla y León se dispararon un 70% en el último año (al pasar de 46 a 80 en 2025), frente a la subida mucho más moderada en el conjunto de España, del 5%.

Una alarmante evolución que lleva a los sindicatos a reclamar a Instituciones Penitenciarias medidas urgentes en todos los frentes, ya que, la situación arroja números «insoportables» también en vacantes de puestos de trabajo de funcionarios de prisiones (16,8%) y mucho más aún en médicos de plantilla (85%) , sin olvidar las agresiones entre internos que llegaron a 949 en los penales de la Comunidad en 2025.

Una ‘fotografía’ de violencia que el sindicato Acaip-Ugt califica de ‘polvorín’ en las ocho cárceles existentes en Castilla y León, debido principalmente a la «sobreocupación» reclusa, con casos como los de Mansilla de las Mulas (León) que ha pasado en año y medio de tener algo más de 800 internos a más de 1.100, un 32% más a finales de 2025.

Fuentes de Acaip-UGT abundaron en la situación de ‘colapso’ de este centro de León, denominado, Villahierro. «Hemos pasado en menos de un año de albergar 840 internos, a tener a día de hoy más de 1.100 internos, en una prisión en continuas obras de mejora, y con dos departamentos cerrados», alertan.

Siete trabajadores agredidos

«La sobreocupación cada vez es mayor, y el resultado es que la excepción se ha convertido en norma. La mayoría de las celdas albergan dos presos, disparando la tensión y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción», recalcan los sindicatos de prisiones.

A su juicio, la prisión de León, «alberga una diversidad étnica, racial, cultural y religiosa sin precedentes, donde la sobreocupación mencionada hace muy difícil la convivencia diaria». En un contexto de aumento de población reclusa, «esta mezcla se convierte en un multiplicador de la conflictividad». Esta sobreocupación, «genera incidentes y peleas continuas, como la ocurrida el viernes 30 de enero en un módulo ordinario de la prisión con 72 plazas y 100 internos, donde hasta 15 presos tuvieron que ser aislados y dos trabajadores resultaron heridos al intervenir en dicho incidente».

Esta refriega, lejos de ser una anécdota pasajera, fue el preludio de una semana que se recordará en Mansilla de las Mulas por mucho tiempo. Entre el 16 y el 22 de febrero, siete trabajadores resultaron heridos por agresiones y dos fueron ingresados en un hospital. El incidente más grave tuvo lugar el sábado 21 de febrero en el módulo 14, donde un interno atacó a cuatro trabajadores utilizando un palo de escoba fracturado a modo de arma blanca.

Los cuatro funcionarios requirieron asistencia médica y uno de ellos tuvo que ser evacuado de urgencia a un centro hospitalario

Este brutal ataque no fue un hecho aislado, según informó el sindicato CSIF. El miércoles 18 ya se habían registrado otros dos episodios. Por la mañana, una agresión a un funcionario en el módulo 2. Por la tarde, dos trabajadores resultaron heridos con diversos golpes al intentar mediar en una pelea entre reclusos en el módulo 4. Uno de ellos también terminó en el hospital.

Para CSIF, estos hechos son el síntoma de un «deterioro sistémico». El sindicato señala directamente al incremento del 32% de la población reclusa en menos de un año como uno de los factores detonantes, una presión asistencial que no ha venido acompañada de un refuerzo proporcional de plantilla y medios.

«La vulnerabilidad es consecuencia directa de la insuficiencia de plantilla y la carencia de recursos técnicos», denuncian, subrayando que los trabajadores se encuentran en una situación de «total exposición».

El sindicato fue especialmente duro con la gestión actual del centro. Según el escrito registrado ante la Subdelegación del Gobierno de León el 23 de febrero, la reciente incorporación de una nueva dirección está «debilitando la autoridad» de los funcionarios. Acusan a la cúpula de mostrar una «preocupante falta de interés» por la seguridad de sus empleados, lo que ha generado, sostienen, un clima de descontento y desamparo generalizado.

Al hilo de estos incidentes Acaip y UGT recuerdan que en cárceles de las Comunidad los módulos están diseñados para acoger 72 presos y albergan más de 100. Hay hacinamiento en los módulos que genera conflictividad en todos los campos; agresiones a funcionarios, peleas e incidentes entre internos, con un clima de «tensión continua».

Esta agresividad es especialmente palpable en Ávila, donde se ha pasado de una ‘única’ agresión a funcionarios en 2024 a 13 el pasado año. Otro crecimiento notable se ha producido en Dueñas (Palencia), que ha pasado de 18 a 27; en Segovia, de dos a nueve casos y Valladolid, que cerró 2024 sin agresiones y finalizó 2025 con cinco ataques a trabajadores.

Por si estas estadísticas no fueran suficientemente desalentadoras, los sindicatos denunciantes aportan otro dato más, el de agresiones entre internos en cárceles de Castilla y León en 2025, que se elevaron a 949, con Dueñas-Moraleja, a la cabeza con 267 casos, seguida de León (254), Topas (215), Segovia (79), Burgos (39), Valladolid (38), Soria (30) y Ávila (27).

Tres prisiones sin médico

Los citados sindicatos denuncian que Dueñas, como León y Topas (Salamanca), son centros ‘macro’ que solo deberían de albergar a un máximo de 1.100 internos y acogen a muchos más. En el caso de Ávila, aunque es un problema recurrente en todos los penales de la región, el llamativo incremento de conflictos está ligado a la ausencia de médicos de plantilla. En el penal abulense la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fija una cobertura de tres galenos y la realidad es que no hay ninguno en plantilla en la actualidad.

Lo mismo ocurre en Burgos (cinco vacantes de cinco puestos) y Soria (tres de tres). No mucho mejor están los centros penitenciarios de Dueñas y Topas (ocho vacantes de 9 puestos), Segovia (5 de siete), Valladolid ( 6 de siete). León es el mejor ‘dotado’ y solo cuenta con tres facultativos de plantilla en una RPT de nueve.

En el global de la Comunidad, deberían de estar trabajando en la actualidad 52 médicos de plantilla y solo hay ocho en ejercicio, con el 85% de vacantes. En España la RPT recoge 511 facultativos y están vacantes 384 puestos: un 75% de plazas sin cubrir, una proporción paupérrima, pero 10 puntos mejor que la de Castilla y León.

Agentes de autoridad

Según Acaip-UGT, la Administración «no está dotando a los trabajadores de las herramientas ni de la reestructuración de plantillas necesaria para gestionar esta nueva realidad».

«La convivencia se ha vuelto mucho más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, «sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio».

«A la tensión en los módulos se suma una crisis sanitaria que está alcanzando niveles inasumibles. En el Centro Penitenciario de León «solo hay 3 médicos de los 10 que según la relación de puestos de trabajo debería haber». «Sin médicos que supervisen tratamientos y sin una atención primaria real, la prisión se está convirtiendo en almacenes de patologías mentales desatendidas, lo que deriva en brotes de violencia que sufrimos los trabajadores a diario», insisten.

A todas esta críticas, Acaip-UGT suma la tardanza en reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, estatus que, por cierto, han logrado los trabajadores de las prisiones de Cataluña en enero de este año y que, en el resto de España, es solo una ‘propuesta en estudio’ una promesa que ven muy acertada los principales partidos, pero que nunca se cumple.

Por cierto, ha tenido que ser un grave incidente en una cárcel de la Comunidad, en concreto la de Soria, el que activó la enésima petición de partidos políticos para aprobar la condición de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones.

La Comisión de Interior del Senado el pasado 24 de febrero aprobó una moción presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno a reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

La iniciativa de los ‘populares’ se fundamenta en el grave incidente que se registró el 10 de enero en el centro penitenciario de Soria, cuando un funcionario resultó herido de gravedad tras una agresión durante un cacheo rutinario. El PP asegura que no se trata de «un episodio aislado ni imprevisible» y ha sentenciado al respecto que «el sistema está llegando a un punto límite». El senador del PP por Soria, Javier Jiménez, recordó que los a 25.000 funcionarios de prisiones «tienen que seguir yendo a sus puestos de trabajo todos los días en condiciones lamentables».