AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento se queda con 6 oficinas del edificio de Caja Duero por el caso de los áticos
Tuvo que pagar 3 millones por la sentencia que inhabilitó a De la Riva y obligó a demoler lo construido de forma ilegal / Ahora asume los inmuebles de los que cobraron la indenmización para hacerlos viviendas y subastarlas
El Ayuntamiento de Valladolid recuperará seis oficinas y un piso del edificio la antigua Caja Duero, ubicado en la plaza de Zorrilla, para convertirlos en vivienda y sacarlas a subasta. Las seis oficinas y el piso que pasarán a ser propiedad municipal son la ‘herencia’, un tanto envenenada por el coste que supuso para las arcas municipales, de la sentencia que apartó al exalcalde Francisco Javier León de la Riva de la política por el conocido como el caso de los áticos del edificio de Caja Duero.
El juzgado de lo Penal número 2 condenó a León de la Riva en abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, a 13 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o concejal por un delito de desobediencia al incumplir de forma reiterada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 que ordenaba derribar las obras realizadas de forma ilegal en el edificio y devolver el inmueble a su estado original.
En su fallo, ratificado luego por la Audiencia Provincial, el tribunal anuló las licencia de obras concedida en su día para la rehabilitación del edificio y también la de ocupación tras comprobar que en el inmueble, en el que el alcalde había comprado una vivienda y en el que tiene su residencia, se habían realizado trabajos que incumplían el Plan Especial del Casco Histórico. En concreto, se incrementó la edificabilidad en todo la planta octava, incluida la construcción de dos áticos en las antiguas carboneras, además de demolerse una galería interior.
La sentencia recogía además que no se respetaron los elementos de cerramiento tanto interiores como exteriores a los que obligaba la catalogación del edificio, caso de la cubierta y la fachada, ni se respetó el límite del 50% que debía destinarse a uso residencial, a viviendas. De hecho hasta las sexta plaza todo eran oficinas. En consecuencia, el tribunal ordenó la demolición de las obras ilegales y la reposición de los elementos eliminados para devolver el edificio a su estado anterior. Había que dejarlo tal y como estaba antes de que se realizaran las obras.
La sentencia le costó la carrera política a León de la Riva y tres millones de euros al Ayuntamiento. Para restituir la legalidad y devolver el inmueble a su estado anterior hubo que derribar todo aquello que se había construido de manera ilegal, aunque contase con la licencia concedida por Urbanismo, y en consecuencia fue necesario indemnizar a los propietarios de las oficinas y viviendas afectadas. Dado que en la sentencia se especificó que la indemnización es incompatible con el mantenimiento de la titularidad del inmueble, aquellos propietarios que optaron por coger el dinero tienen que entregar la propiedad. Así es como el Ayuntamiento se quedará con las seis oficinas, cuatro en la planta cuarta y dos más en la sexta, y con un piso de la octava que vio reducida su superficie al tener que demolerse una parte en cumplimiento de la sentencia.
En el caso de las oficinas ya está formalizada la escritura de transmisión de dominio en ejecución de sentencia y también están registradas. Las cuatro oficinas de la cuarta planta se unirán, de dos en dos, para formar dos viviendas y lo mismo pasará con las de la sexta. En cuanto al piso de la planta ocho está pendiente de escriturar y regularizar al tener menos metros tras el derribo de una parte.
Dada la ubicación, en pleno centro de la ciudad, todo indica que el precio de las viviendas cuando se subasten será elevado.
Lo que no está todavía claro es si el Ayuntamiento se quedará también con los dos trasteros construidos tras la demolición de la vivienda que ocupaba el 8º A. La decisión está a la espera de una aclaración de la asesoría jurídica dado que la sentencia no especifica a quién corresponde la titularidad.
Con la asunción por parte del Ayuntamiento de las oficinas y su conversión en viviendas se cerrará el círculo de un proceso que se conoció como el ‘caso de los áticos’, por ser en esta parte del edificio donde se derribaron dos trasteros para construir cinco apartamentos.
La Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado denuncio los hechos dado que al ser un edificio catalogado la ley impedía el aumento de volúmenes y de la altura y el TSJCyL anuló en 2008 la licencia y obligó a derribar lo construido de forma ilegal y dejar el inmueble como estaba antes. Hasta seis años después, en 2014, no se dio por ejecutada la sentencia. Esta demora fue lo que llevó al exalcalde al banquillo.