CASO FUENTONA
Nueva prórroga en el caso de corrupción del Ayuntamiento de Soria: un mes más de secreto del sumario
La ampliación en el 'caso Fuentona' se aplica desde el 22 de octubre en la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos municipales
Policía de paisano durante el registro en el Ayuntamiento de Soria, en una imagen de archivo.
Un mes de secreto de sumario en el 'caso Fuentona', que investiga la causa de corrupción en el Ayuntamiento de Soria. La Sección de Instrucción, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Soria acordó prorrogar un mes más, a partir del 22 de octubre, el secreto de las actuaciones del caso Fuentona, relativo a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de la capital, según el comunicado remitido a los medios por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La decisión, que es ya la cuarta, viene a sumarse a las anteriores ampliaciones del secreto. La precedente comenzó a aplicarse el 22 de septiembre, después de que el tribunal considerara que la complejidad de las diligencias había impedido completarlas dentro de los plazos establecidos. En aquella resolución, el órgano judicial señaló que persistían las razones que justificaron la reserva de las actuaciones para evitar que se comprometiera el resultado de la investigación.
El caso salió a la luz el 23 de junio, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento de Soria y dos domicilios particulares. La operación se saldó inicialmente con siete detenciones. Los arrestados quedaron posteriormente en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el juez.
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Entre los detenidos, informa Ical, figuró la entonces concejala de Turismo, Comercio y Medio Ambiente, Yolanda Santos, quien posteriormente renunció a su acta y se dio de baja en el PSOE.
Las pesquisas se centraron en hechos que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Durante la instrucción, el tribunal admitió la personación de Vox y del PP como acusaciones populares. La de Vox se aceptó en julio, mientras que la del PP se incorporó en agosto, coincidiendo con otra de las prórrogas del secreto de las actuaciones.