Tercera versión municipal en Soria sobre el chivatazo: el Ayuntamiento dice ahora que recibió un oficio para "un requerimiento de información" sin fecha

Al gobierno de Soria, con su alcalde a la cabeza, Javier Antón, su desesperación por amparar a su antecesor, Carlos Martínez, ante las querellas que se le vienen encima por el chivatazo de la 'operación Fuentona', las explicaciones sobre al anuncio que recibieron de lo que iba a pasar este martes, se le empieza a hacer bola.

Es la tercera versión que dan y cada vez es más confusa. Ahora señalan que se trata de una comunicación del juzgado anunciando un oficio para solicitar información y documentación, como tantos de los que llegan al día a las administraciones. Pero es que, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, un juzgado no envía a nadie y menos a la Guardia Civil a recoger lo que pide por oficio. Pueden haber enviado un oficio requiriendo información, aseguran estas mismas fuentes, el Ayuntamiento contesta y la envía. Sin embargo, y pese a alardear desde el principio de transparencia en el caso, no han enseñado la comunicación ni a los portavoces de la oposición, que tienen tanto derecho a conocerlo como los ediles del gobierno. Según las fuentes judiciales

Es una red de mentiras sin precedentes y autodestructiva en la que se ha dejado atrapar el regidor tras la confesión de Carlos Martínez, señalando que conocía lo que iba a pasar un día antes, pero que le comunicaron que era "un tema leve de tráfico de influencias", según publicó El País, de boca del dirigente autonómico socialista.

El Ayuntamiento de Soria confirmó este jueves 25 de junio que el pasado lunes recibió un oficio remitido por el Juzgado en el que se comunicaba que, en una fecha no determinada, se practicaría un requerimiento de documentación en dependencias municipales, en el marco de la investigación judicial abierta sobre presuntos contratos vinculados a Biosfera Soria.

Las mismas fuentes precisaron a Ical que el escrito, dirigido al alcalde, Javier Antón, como custodio de las instalaciones municipales, no concretaba el día en que se llevaría a cabo la actuación, ni el servicio afectado, ni la documentación que sería requerida, y recordaron que el oficio advertía expresamente de que el procedimiento se encontraba bajo secreto de sumario y obligaba a mantener la confidencialidad de su contenido.

El gobierno de Soria ha desatado una campaña de filtraciones, para evitar dar la cara y ofrecer versiones oficiales con las que acaben atrapados en las querellas de VOX y PP.

El Ayuntamiento apuntó a que realiza esta aclaración después de que surgieran dudas sobre cómo conocía el alcalde que iba a producirse un registro en el Ayuntamiento y el posible "chivatazo" al que aluden PP y Vox, y agregó que esa información procedía exclusivamente del oficio remitido por el Juzgado y no de ninguna filtración.

Esta es una nueva versión después de haber dicho primero que que habían recibido una comunicación, sin concretar la fuente, y una segunda ante los portavoces municipales de PP y VOX, pero también sin enseñar el requerimiento.

Sobre este requerimiento desconocido hasta ahora intentan apuntalar al ex mandatario, que seguramente tenga que vérselas en el juzgado para dar explicaciones sobre si alguien cometió un delito de revelación de secretos, avanzándole la operación con un día de antelación. Pero eso será en el TSJ, no en el juzgado de Soria, por su condición de aforado como parlamentario autonómico.

Tal es la desesperación en la que vive la dirección autonómica, con su jefe contra las cuerdas, que el número dos del PSOECyL, Daniel de la Rosa, se apresuró a celebrar el teletipo de la agencia Ical en redes sociales, pese a que la información lo único que confirma es que el embrollo se les empieza a hacer bola.

Y esto coincide con el ridículo del propio De la Rosa, que en unas horas pasó de festejar la solicitud de contratos por parte de la Fiscalía de Burgos al consistorio relacionados con la empresa del presidente de la Diputación de Burgos y concejal de Burgos, Borja Suárez. Poco después tuvo que recoger cable. La Fiscalía había archivado el día 24 las investigaciones, pero los socialistas burgaleses no lo sabían. El bochorno no es sólo climático en la casa socialista de Daniel de la Rosa.

La situación empieza a ser más que preocupante y no son capaces de tapar la fuga de credibilidad por un caso de corrupción único en la historia reciente de Soria. Ferraz y Moncloa empiezan a dar por amortizado a Carlos Martínez, según ha podido saber este periódico de fuentes directas del gabinete de Pedro Sánchez. Ven como la bola crece día a día y no tiene duda de que el agua de la investigación, que ha llegado a orillas de secretario autonómico, acabará traspasando la puerta. "El asunto es muy preocupante y serio, y más con toda la que está cayendo en estos momentos. No estábamos para más escándalos", señalan esas fuentes de la dirección nacional y de Moncloa.

Los propios concejales, algunos parlamentarios nacionales, como el alcalde, confiesan en privado su pesimismo sobre lo que se viene encima en una investigación incipiente. Hay más de una concejalía que ha adjudicado contratos a la trama, como la de Urbanismo, que dirige el diputado y secretario provincial Luis Rey.

El consistorio señaló que el regidor se dio por enterado del requerimiento en su condición de responsable de las instalaciones municipales y mantuvo la reserva que se le pedía por el secreto de sumario. Al día siguiente, agentes de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento, donde practicaron el registro que afectó a la documentación relacionada con el área de Medio Ambiente, que dirigía Yolanda Santos, concejala que fue detenida el martes y puesta en libertad el miércoles.

Una vez que la edil quedó en libertad con cargos, el alcalde reunió a los portavoces de los grupos municipales para informarles de la cronología de los hechos y de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento, que "ha manifestado desde el primer momento su plena colaboración con la autoridad judicial y estudia su personación en la causa". "El alcalde pensó que los portavoces respetarían el secreto de sumario, pero han venido a decir que sabía con antelación lo que iba a pasar cuando se recibió un requerimiento del Juzgado".

Las mismas fuentes indicaron que la información facilitada en esa junta de portavoces se trasladó con la advertencia de que el procedimiento seguía sometido al secreto de sumario y debía mantenerse en el ámbito de la confidencialidad, y aclararon que "la confirmación pública de la existencia del oficio judicial ha respondido únicamente a la necesidad de evitar interpretaciones sobre un posible aviso previo ajeno o chivatazo”.

Es también tremendamente curioso que Carlos Martínez pretenda alejarse de la investigación mientras él mismo reconoce que, cinco minutos después de la entrada de los agentes en el que fue su consistorio durante 19 años hasta hace menos de dos meses, recibió un mensaje urgente del gabinete de alcaldía para que contactara con ellos por la gravedad de las situación. El relato es del propio Martínez ayer en rueda de prensa. Al menos mientras no decida cambiar la versión. Curioso que el alcalde le llamara a él con tanta urgencia, con los guardias acopiando documentación del gabinete de alcaldía, y no lo hiciera a los portavoces municipales. Curioso si se tiene en cuenta que Martínez ya no tiene ninguna vinculación oficial con el consistorio soriano desde el 13 de abril.

La verdad judicial hará imperar la coherencia y la congruencia en toda esta orgía de chivatazos, llamadas y mensajes que, por el momento, acorralan tanto al mandatario soriano como al antecesor, que siempre estuvo ahí, incluido el mismo día del registro policial, a través de una llamada telefónica de Javier Antón, pese a que se encontraba en Tánger.