Soria vuelve a externalizar los abortos porque todo el personal es objetor

Las sorianas que deban enfrentarse a un aborto en los próximos tres años tendrán que hacerlo, presumiblemente, fuera de la provincia de Soria. El Sacyl, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, ha activado el proceso de contratación para la externalización de este tipo de procedimientos. El contrato cuenta con un plazo de ejecución inicial de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24, y supondrá un desembolso de unos 100.000 euros. En el expediente, Sanidad indica que todos los profesionales de Soria vinculados a los procedimientos de aborto se han acogido al derecho de ejercer la objeción de conciencia por lo que «no hay recursos personales suficientes» para asumir estas operaciones.

Soria es una de las provincias en las que desde hace años no se realiza ningún aborto. Los últimos datos, correspondientes al 2024, indican que de los 124 casos registrados el 97% se practicó fuera de la Comunidad Autónoma. Hasta el 31 de diciembre la Junta contaba con un contrato de externalización en favor de la Clínica Isadora de Madrid que se ha prorrogado hasta este nuevo procedimiento de licitación que ahora arranca.

El contrato hace referencia de forma precisa a la prestación de servicios para la realización de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con destino a las pacientes a las que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León deba prestar asistencia sanitaria en la provincia de Soria. Tal y como esta explicado el importe a satisfacer por la Junta es de 97.200 euros, sin impuestos, y el plazo de ejecución de 36 meses. Cabe matizar que el valor estimado del contrato asciende a 178.200 euros porque se contempla en el pliego la posibilidad de prorrogar el contrato otros 24 meses –lo que supondría un total de 5 años con los abortos de las sorianas externalizados–.

Las empresas y clínicas interesadas en el contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de junio. El objetivo, según consta en el pliego, es que el contrato esté activo a partir del 1 de julio de 2026 y se extienda, sin contar la prórroga, hasta la misma fecha de 2029.

El expediente de contratación se acompaña de un informe que justifica la «insuficiencia de medios» para poder realizar este tipo de procedimiento sanitario en el Hospital Universitario Santa Bárbara. En ese documento se alude a la necesidad de cumplir la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva es necesario «proceder a la contratación del servicio de interrupciones voluntarias del embarazo para pacientes beneficiaras de asistencia sanitaria pública pertenecientes la área de salud de Soria». Sacyl explica que el actual contrato para el mismo servicio finalizó el 31 de diciembre y que «los profesionales sanitarios directamente implicados en la realización de estos procedimientos se han acogido al derecho de ejercer la objeción de conciencia previsto en el artículo 19.2 de la citada Ley Orgánica. En resumen, explica, «no existen recursos personales suficientes para poder asumir la realización de los referidos procedimientos en los términos requeridos legalmente». Por último, incide en que el procedimiento de aborto es una prestación de la cartera de servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud y un derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/2010 «por lo que ante la imposibilidad de realizarlo en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, debido al también derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, es necesario contratar la prestación de este servicio».

A finales de 2024 el Ministerio de Sanidad lanzó un protocolo para la creación del registro de objetores de conciencia para la práctica de abortos, generando un nuevo foco de conflictos con algunas comunidades autónomas, especialmente Madrid.