Una investigadora ‘atraída’ para su regreso a casa

El pasado 12 de marzo, en un lugar emblemático y simbólico como la Residencia de Estudiantes de Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inauguraba el encuentro ‘Un mejor país para la ciencia’, que reunía a 40 de los 58 investigadores de prestigio internacional que el Ministerio ha ‘llamado’ para trabajar en España a través del programa ATRAE, en sus dos primeras convocatorias: las de los años 2023 y 2024. Una iniciativa –en el acto se anunció la tercera edición del programa, que contará con un presupuesto de 30 millones de euros– destinada a incorporar talento investigador consolidado, de prestigio internacional, para «promover un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación más competitivo».

Entre los investigadores convocados –profesionales que se enfrentan a desafíos como la cura del Alzheimer o el uso de una Inteligencia Artificial y de una digitalización inclusiva, segura y sostenible– estaba la salmantina Nuria Ramos Martín, investigadora distinguida del departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca (Usal).

Ramos Martín, que trabajó como docente e investigadora de la Universidad de Ámsterdam entre 2005 y 2023, lidera el proyecto de investigación ‘Múltiples dimensiones de la transición verde justa y los derechos sociales’ (Greensocial), que fruto de esa primera convocatoria de ATRAE cuenta con una dotación de 484.525 euros para ser desarrollado hasta el 31 de agosto de 2028. La salmantina ha sido directora del proyecto Europeo Jean Monnet ‘Perspectivas del derecho laboral de la UE’ y ha contribuido como experta en varios informes para la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre teletrabajo, trabajo precario en Europa y condiciones de trabajo en la UE.

Con una amplia experiencia como investigadora y coordinadora de proyectos europeos en materia de derechos sociales e implementación en los países miembros de la Unión Europea, Ramos Martín subraya en declaraciones a este diario el enorme «interés» y la «actualidad» de su investigación, en torno a dos aspectos, el de la sostenibilidad medioambiental y el de la sostenibilidad desde el punto de vista social, indisociables. «Numerosas organizaciones internacionales, en particular la OIT con su directriz del 2015, establecen que esta transición (hacia sociedades climáticamente neutras, lo que implica la idea de que las emisiones de gases de efecto invernadero se equilibren y sean iguales, o menores, a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta) tiene que estar enfocada hacia un futuro más verde y sostenible, pero que va a tener profundas implicaciones para el empleo y para los trabajadores», recuerda la investigadora. Lo defiende también la Unión Europea, advierte Ramos Martín, en su Pacto Verde: la transición no puede dejar a nadie atrás, no puede hacerse a costa de los trabajadores.

Con el proyecto Greensocial, Ramos Martín investiga sobre cómo equilibrar el proceso para promover el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. «Obviamente, en determinados sectores intensivos en carbono se van a perder empleos», reconoce la investigadora, que apunta a sectores como el de la minería, el transporte o la agricultura como algunos de los que se pueden ver afectados. «Hay que hacer primero una evaluación, antes de implementar esas medidas de transición justa para ir hacia energías más renovables. Hay que hacer una evaluación temprana de cuáles van a ser las consecuencias sociales de esas políticas y hay que darle respuesta a esas consecuencias sociales», defiende la salmantina.

Eso ha de implicar, sostiene la investigadora, distintas «líneas de intervención pública». «En primer lugar, inversión pública en sectores y tecnologías con bajas emisiones en carbono. También implica, desde el punto de vista social, políticas activas para la reestructuración y diversificación de la economía en los territorios que se van a ver afectados por esa transición: eso supone generar empleos verdes, la promoción de la formación y del reciclaje profesional, fortalecer el sistema de protección social, o potenciar el diálogo social y la negociación colectiva verde», enumera Ramos Martín, que contará para llevar a cabo su proyecto con algunos compañeros del departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la USAL, como Rosa Morato García y Wilfredo Sanguineti Raymond. Un departamento que, a su vez, mantiene una línea de investigación consolidada sobre sostenibilidad corporativa, diligencia debida de las empresas multinacionales y respeto de los derechos humanos laborales en sus cadenas globales de valor.

Greensocial analizará el estado de la cuestión en tres países de la Unión Europea como España, Países Bajos y Francia, un país este último que desde 2019 cuenta con la Loi d’orientation des mobilités (Ley de Orientación de la Movilidad). «Esa ley fomenta que los empresarios desarrollen soluciones nuevas en materia de movilidad de los asalariados, tratando de promover un mayor uso del transporte público, un mayor uso de vehículos compartidos, un mayor uso de vehículos eléctricos que contaminen menos, para que el transporte al trabajo se produzca de una manera más sostenible. Y es uno de los temas que se incluye como obligatorio dentro de las rondas de negociación colectiva, para que los interlocutores sociales lo tengan en cuenta», subraya la investigadora, que durante su estancia en el departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Ámsterdam coordinó proyectos relacionados con los derechos sociales europeos, el empleo precario en Europa o las relaciones laborales en el sector público. En España, por cierto, de momento solo existe una propuesta de ley similar a la francesa.

Tras el encuentro en la Residencia de Estudiantes, la salmantina calificaba de «reconfortante» que en «tiempos de crisis geopolítica y creciente negacionismo ante los efectos y amenazas del cambio climático», se apoye la investigación para contribuir «a una sociedad más justa e inclusiva».

¿Hace falta más pedagogía?. «Es muy importante tratar de transmitir el mensaje de que esto no es una opción que podamos decidir si queremos o no. Tenemos que ir hacia un mundo más ecológico. Por eso el negacionismo es tan peligroso, porque es negar la evidencia de que está en juego la preservación de nuestra especie. Y esto va a conllevar una serie de renuncias en temas tan simples y tan claros como el transporte por carretera. Sabemos por los datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que más del 25% de las emisiones de efecto invernadero vienen del transporte por carretera. Hay que cambiar la mentalidad del ciudadano. Y las empresas también tienen su parte de responsabilidad. Y los sindicatos, que en España tienen muy asumida la necesidad de colaborar en este proceso de transición verde justa. Hay que dar protección a los trabajadores que denuncian incumplimientos de la normativa medioambiental y avanzar en el tema de los permisos climáticos, de la posibilidad de interrumpir el trabajo en caso de emergencia climática, que es algo que hemos visto en España, desgraciadamente, con la DANA», reivindica la investigadora.

Hacia tiempo, admite, que pensaba en regresar a España para trabajar en la universidad. La USAL, su «alma mater», le incitó a dar el paso, brindando su apoyo –a través de su Agencia de Gestión de la Investigación– para solicitar la subvención del Ministerio. «Sin su programa, probablemente, yo no hubiera retornado. Es muy importante volver con buenas condiciones y posibilidades de crecimiento y de estabilización. ATRAE incluye un compromiso de estabilización después de los cuatro años. Es una iniciativa pionera que va en la dirección correcta», celebra Nuria Ramos.