Lentitud judicial en la macrooperación de corrupción en el PSOE de Soria

Ya es tiempo suficiente, a falta de dos jornadas que la tesis de las comparecencias de los consejeros del nuevo gobierno certifica que el PSOE de Carlos Martínez rema a favor del PP y de VOX, pero especialmente de Mañueco. Todos los comparecientes, incluidos los que no tienen nada que decir por su novedad en el ejecutivo, están saliendo triunfantes, dejando en evidencia al principal partido de la oposición. No podía ser de otra forma, en pleno julio y con las vacaciones parlamentarias a la vuelta de la esquina. Aunque Carlos Martínez lleva de vacaciones desde que tomó posesión, sin apenas pisar las Cortes. Nada se sabe de él. Sus constantes y continuas desapariciones son cada vez más frecuentes con el consiguiente desasosiego de sus más cercanos y la irritación de los principales barones provinciales, que contemplan como Martínez huye del trabajo con la misma intensidad que lo hacía su antecesor Luis Tudanca, que ahora espera un puesto en el Consejo de Cuentas cuando sea desalojado del Senado allá por septiembre. El asunto traerá cola y agrietará la ya delicada situación que vive el PSOE CyL, agravada por el escándalo de corrupción del consistorio soriano en tiempos de Martínez. La investigación no ha hecho más que empezar y llegará a las puertas del secretario autonómico y en ese momento el juzgado soriano tendrá que inhibirse en favor del TSJ, gracias al blindaje del aforamiento del jefe del PSOE autonómico. En Ferraz lo dan por amortizado, por mucho que él se haya empeñado en emprender una gira autonómica para tratar de lavar su imagen, empezando por el socialismo de Illa, amparo del independentismo y las desigualdades de territorios. Lavado que dejará hecho unos zorros la instrucción judicial y las investigaciones y grabaciones de la Guardia Civil. Es todo incipiente.

Aunque mucho está tardando el TSJ en explicar por qué se alerto al alcalde de la redada con siete detenidos y seis delitos de corrupción un día antes. Aviso que sirvió para dar el chivatazo, por ejemplo, a Carlos Martínez, como el reconoció a El País. Mucho están tardado también los juzgados sorianos en admitir a trámite la querella de VOX para que se investigue el chivatazo y sus consiguientes consecuencias en un delito de revelación de secretos. Hay algo que no cuadra ni encaja en los juzgados sorianos y en su proceder. El Consejo General del Poder Judicial debería actuar a la vista de que en la nueva etapa del TSJ la transparencia brilla por su ausencia. El asunto del chivatazo es lo suficientemente grave y alarmante como para que requiera la mínima celeridad que no le está brindando el entramado judicial soriano, coincidente con los intereses del líder autonómico socialista de dormir el asunto.