Diario de Castilla y León

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EN ESTAS semanas la actualidad informativa está siendo frenética, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el desgraciado accidente y calamitoso ferroviario de Adamuz ha colmado y casi monopolizado las portadas de periódicos, digitales y televisiones públicas y privadas. No es para menos. El impacto de las cuarenta y cinco muertes, nos deja más interrogantes que respuestas y certezas. La responsabilidad penal ya ha iniciado sus trámites en el Juzgado de Montoro, provincia de Córdoba. Será la justicia la que tenga que dictaminar quiénes son los responsables a título de delito. Sin embargo, las responsabilidades políticas se tendrán que dilucidar en cuanto la Comisión de Investigación técnica e independiente establezca objetivamente qué ha ocurrido y porqué se ha producido este desastre.

A nivel internacional, los hechos ocurridos son de notable envergadura y su influencia en la política nacional será determinante. El órdago de Trump sobre Groenlandia ha copado el interés de media Europa. En Suiza, el foro de Davos, lugar de encuentro y diálogo de las élites políticas y económicas de todo el mundo, ha dejado un sabor agridulce y de cierta confrontación por la divergencia entre lo que se espera y se pretende por los países occidentales y lo que la realidad y los ciudadanos quieren y demandan. No obstante, ha sido una votación en el seno del Parlamento Europeo la que ha pasado más desapercibida y, sin embargo, va a ser clave en las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Las tractoradas, que paralizaron parte de las ciudades españolas hace unos días, fueron un síntoma claro de oposición de los agricultores al acuerdo que la Comisión Europea formalizó con Mercosur, oposición que los partidos de numerosos Estados Miembros de la Unión Europea (incluso Francia) pusieron de manifiesto en la Eurocámara. Los 324 votos a favor, 314 votos en contra y 11 abstenciones han provocado que la asamblea europea haya solicitado, en forma de moción, el auxilio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que examine si el acuerdo con Mercosur es compatible con los tratados comunitarios. La alianza comercial con los países iberoamericanos puede ser positiva siempre y cuando no perjudique los intereses de los agricultores europeos que, de acuerdo con lo que dice el acuerdo firmado, deja a nuestros agricultores en una posición de competencia muy débil que hace difícil poder competir con los productos del otro lado del atlántico.

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