El combustible de la despoblación
DESDE 1983, año en el que se constituyó la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la despoblación ha golpeado sin misericordia a siete de sus nueve provincias. Solo se han salvado Valladolid y Segovia. En estos 42 años, los 39 últimos gobernados por la derecha, León ha perdido casi 80.000 habitantes, Zamora, 61.000 y Palencia, 30.400. No es casualidad que estas tres provincias sean las más afectadas por los incendios. La despoblación se ha convertido en un combustible peligroso.
Nos encontramos con la teoría de la “espiral de abandono”: como no hay población, la administración suprime servicios. Se cierra la escuela rural, se reduce la asistencia del médico, se elimina el transporte público y se abandonan los montes (uno de los recursos más valiosos del medio rural).
Se suprimen, porque ya no quedan suficientes vecinos, y porque esos pueblos no son rentables electoralmente. En zonas densamente pobladas, los hospitales, el AVE, una autovía, un instituto o un polígono benefician a miles de personas, que pueden condicionar el resultado en las urnas. Sin embargo, en estas zonas rurales despobladas, y ahora calcinadas, la misma inversión puede beneficiar, en el mejor de los casos, a un centenar de personas, lo que no afectaría a ningún resultado electoral. Es decir, invertir en la España vaciada no da votos.
No hay más que tirar de hemeroteca para recordar, por ejemplo, las numerosas movilizaciones que se han organizado en el último año en El Bierzo por la falta de oncólogos. Podríamos seguir enumerando una larga lista de carencias de estas provincias. ¿Quién quiere o quién puede establecer su domicilio en pueblos y ciudades en los que no se invierte lo suficiente en sanidad, ni en educación, ni en transporte, ni en infraestructuras ni siquiera en conservar el patrimonio?
Hace unos días, también en El Bierzo, asistíamos a ese espectáculo dantesco en el que las incontroladas lenguas de fuego, en tan solo una horas, asolaban las Médulas: una antigua mina de oro romana agotada en la que la vegetación autóctona fue de nuevo acomodándose con robles, castaños, encinas y carrascas. Árboles centenarios irrecuperables, que hoy son montones de cenizas tiñendo de gris un paisaje declarado Bien de Interés Cultural en 1996. Probablemente se hubiera evitado si la Junta de Castilla y León hubiera cumplido los compromisos adquiridos en el Diálogo Social en relación a la gestión de los montes, a la prevención y a la extinción de incendios. No solo no lo ha cumplido sino que, en consonancia con esa política de recortar en servicios donde la España Vaciada se desangra, ha ido reduciendo las partidas anti incendios hasta los 74 millones de euros. Un plan en el que la Junta apuesta por la empresa privada a pesar de que el operativo debe ser cien por cien público durante todo el año. Un operativo de 4700 personas que merecen todos nuestros reconocimientos en estos días en los que se juegan su vida para salvar lo que la clase política abandona.
Ana Fernández es Secretaria general de CCOO CyL