La política de vivienda, en el centro de la acción de los gobiernos

ESTÁ LA POLÍTICA ideológica, esa que suele pregonar lo que no hace o aconsejar lo que no se aplica, o la que incluso huye de las responsabilidades del gobierno para siempre estar en la parte acusatoria y exenta de evaluaciones. Y luego está la política dedicada a la realidad. Un ejemplo de esta última es el plan de la Junta para apoyar el acceso a la vivienda, uno nuestros dramas sociales. Resulta un fracaso claro y evidente de las políticas de décadas que en una sociedad avanzada y con mecanismos y recursos económicos y técnicos en España sea una odisea acceder a una vivienda, que es uno de los ejes de un proyecto de vida individual o familiar. Imperdonable que la política siempre llegue tarde a las soluciones cuando el agua llega al cuello de los ciudadanos.

Algo más de 21.000 familias se beneficiarán de estas ayudas para poder hacer frente a los gastos que supone disponer de un hogar, aunque no sea en propiedad. Pero es evidente que esto ni es suficiente ni basta. Es una acción encaminada a sortear la marejada de la crisis de vivienda.

Somos un país de extremos. Polarizado por los cuatro costados. Pasamos de la burbuja inmobiliaria, con miles de esqueletos de edificios abandonados a su suerte a no construir durante una década por la demonización que sufrió el sector del ladrillo. De aquellos estigmas, estas consecuencias. ¿Cómo se resuelve el problema de la vivienda? Evidentemente construyendo viviendas. Y poniendo en el mercado las que están atrapadas por la Sareb, ese chiringuito con el que todos pagamos los desmanes inmobiliarios de las cajas politizadas que jugaban al Monopoly con el dinero que no tenían. En 2023, hace ya dos años, Pedro Sánchez, accedió al gobierno con el compromiso de poner en el mercado 180.000 pisos, una cuarta parte de ellos de la Sabeb. Pero la Sareb es un ente endogámico que se dedica a retener esos pisos que hemos pagados todos para especular y sacarlos en el mejor momento. Los ofrece a las comunidades autónomas en una condiciones económicas desmedidas, además de en estados lamentables, que obligan a una inversión enorme. Sánchez invita con la cartera de la Sareb y pagan las comunidades autónomas con los fondos que deberían destinar a fortalecer los servicios sociales.

Ha hecho más la Junta por la vivienda en los tres años y pico de mandato actual que el inservible Ministerio de Vivienda desde que lleva reabierto y separado de Fomento. Eso sí, a la Junta también se le exige menos carga burocrática y agilidad en el pago de las ayudas, no sea que cuando lleguen al beneficiario, éste se haya muerto de hambre por hacer frente a los gastos de la vivienda.