La gestión, la obligación y la eficacia en el gasto en la acogida de menas
LA OBLIGACIÓN de acoger menores no acompañados (menas) no es algo sólo de regulación legal, es de obligación moral recogida en la declaración de Derechos Humanos de la ONU y de la UE. Es una obligación moral en un mundo donde la mayor globalidad es la maldad. La maldad de los hombres con los hombres.
Pero siendo así las cosas, hay formas y fórmulas para articular el reparto de menores migrantes entre los territorios. Y lo que no puede es salir ese reparto de una imposición de los separatistas de Junts. Castilla y León, en este nuevo reparto, tendrá que acoger 309, doce veces más que Cataluña. Bien es cierto que en la actualidad la cifra de los que acoge Castilla y León se sitúa en 187, muy por debajo de Cataluña y otros territorios. Pero es que ese desequilibrio se ha ido generando de forma arbitraria precisamente por las decisiones del gobierno central, que vive al amparo de los separatistas, independentistas y nacionalistas de todo ámbito y latitud.
Hace mucho tiempo que Pedro Sánchez abandonó toda intención de dialogar. Sobre todo de dialogar con quienes van a tener que gestionar la acogida y el día a día de esas personas, que son las comunidades autónomas. Y esa es la parte de razón que le asiste a la Junta en defensa de los intereses de los castellanos y leoneses. El diálogo para que el reparto de menas salga de un acuerdo y no de una imposición. Y esa también es la parte en la que se pierde la oposición parlamentaria al convertir cualquier asunto en arma arrojadiza contra el ejecutivo de Fernández Mañueco. Lo cual sólo hace que agrandar la debilidad de una oposición sin rumbo ni estrategia más allá de la improvisación de la actualidad diaria.
Pero también es cierto que había que revisar, auditar y analizar el coste de la acogida de menores. A la vista del gasto, desvelado por la Junta estos días, la gestión de las administraciones no parece los más eficaz. La acogida de cada menor va de los 2.000 a los 2.500 euros, en función del alojamiento. Es más que evidente que se puede gestionar con mucho menos coste para las arcas públicas dando el mismo servicio, cuidado y protección a los menores. ¿Que familia, por ejemplo, dispone en Castilla y León de 2.500 euros mensuales para el mantenimiento de un hijo? El dinero público debe utilizarse con eficacia. Sin racaneo en materia de sanidad, educación o servicios sociales. Pero también sin derroche. Si este coste no lo resiste cualquier economía familiar, no tiene que asumirlo las arcas públicas, que son los impuestos de todos. En este asunto de la inmigración falta mucha sensibilidad, pero también mucha eficacia, que genera incomprensión ciudadana.