Gondoleros dóciles
Apenas conozco Italia. Una pena, cierto. Tan sólo he pisado aquel país un fin de semana. Roma. Un fin se semana trepidante. No era un objetivo premeditado, pero surgió y me convenció. Dicho y hecho. Casi sin pensarlo, o quizá, precisamente, por eso.
La actualidad política vuelve a enfocar mi interés hacia una ciudad italiana, la romántica y (creo) idealizada Venecia. Un laberinto acuático, cuya estabilidad urbanística está en entredicho. A ella debe su nombre una comisión de la que tanto se habla en estas fechas, si bien la denominación formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho. Un órgano consultivo y, por lo tanto, no vinculante en sus opiniones e informes. Depende del Consejo de Europa y, al parecer, está formado por expertos constitucionalistas. Quienes, en no baja proporción, suelen opinar una cosa en privado y otra en público. Cosa lógica para quien debe posición, cargo y dietas a los que marcan el rumbo fijo de la singladura de la góndola política. El ejercicio del poder, ese que tanto pone y a tantos pone (y quita).
Los gondoleros de turno ven en la Ley de Amnistía un instrumento de reconciliación. Entre los políticos que la han redactado y Pedro Sánchez no cabe duda. Desde una óptica social y política, invocar tal argumento de ecos emocionales, de ternura convivencial, solo puede hacerse si se desconoce el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados. Fue una victoria a los puntos, ajustada, en ningún caso un ko aplastante, de mayoría reforzada, cualificada.
La dócil humedad de los canales venecianos no es sino la metáfora de la falsa solidez de una concordia ciudadana, que tan solo al margen de los criterios del razonamiento humano pueden sostener un efecto benéfico, siquiera placebo; así, la ley ha sido redactada por los delincuentes y encausados, quienes, recalcan con jovial expresividad, volverán a cometer los hechos por los que fueron condenados.
Nadie con dos dedos de frente es ajeno a la aberración legal y democrática que supone la ley de amnistía, por el cómo, por el quién, y sobre todo el para qué se pretende su entrada en vigor. Para nadie es un secreto. Bueno, y si fuera un secreto pues para eso está el Fiscal General del Estado, quien puede hacerlo saltar por los aires si es en beneficio de su amo.
Por cierto, muchos abogados echamos de menos que el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, sin excusas de (falsa) neutralidad, se pronuncie sobre algunas cuestiones, legales, procesales y normativas que dejan en situación de caquexia al estado de derecho.