Diario de Castilla y León

Juan Carlos De Margarida

Verdes las han segado

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El sector agroalimentario está viviendo unos momentos de tensión que han alcanzado su punto álgido en Francia a través de las protestas de los agricultores que amenazan con que los productos no lleguen a los mercados y, por ende, a las casas. Esta situación es consecuencia del denominado Pacto Verde Europeo promovido por la Unión Europea (UE), por lo que cabría preguntarse qué propone realmente este Pacto y por qué esta ocasionando discrepancias con los agricultores.

Uno de los objetivos de la UE pasa por lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y el Pacto Verde Europeo es la estrategia a seguir para conseguirlo (“Objetivo 55”), cumpliendo así los compromisos asumidos en el Acuerdo internacional de París por los Estados, algo que se antoja especialmente complicado si entendemos a la situación por la que está atravesando el sector agroalimentario de la eurozona. Es decir, busca lograr cambios socioeconómicos para conseguir una economía moderna, próspera y competitiva y, para ello, se debe adaptar la legislación a los objetivos que se pretenden conseguir. Pero una cuestión son las palabras y cómo se redactan estos objetivos, y otra es cómo se reflejan en las normas para conseguirlos…

A pesar de esta declaración de intenciones que trata de lograr un objetivo que, a priori, a nadie le disgustaría, es necesario conocer la situación real de los agricultores de varios países de la UE, entre los que se encuentran Alemania o España, entre otros, además de Francia. Estos agricultores han criticado que el Pacto Verde profundice una competencia desleal cada vez más acuciante de terceros países no comunitarios de los que se importan alimentos y no sometidos a las exigencias de producción imperantes en la UE, como es la limitación del uso de fertilizantes o el alto grado en inversión tecnológica.

De hecho, los costes de producción de los agricultores no parecen dar tregua. Bien es cierto que los precios de los fertilizantes han descendido, sin embargo, siguen siendo altos. Por el contrario, las energías han subido de forma abrupta, principalmente por el coste del petróleo y las tensiones generadas por la guerra en Ucrania y Palestina. En suma, el sector se enfrenta a otros retos que agravan el momento, como es la amplia internacionalización, la innovación en la cadena de suministros, así como la sostenibilidad ambiental, sumado al escaso relevo generacional a pesar de que la demanda de alimentos es creciente.

La UE ha seguido fiel a su “Objetivo 55” y ya ha puesto en marcha las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, un compromiso que tiene su reflejo en la Legislación Europea sobre el Clima y que lo convierte, por tanto, en una obligación jurídica. En este sentido, son varias las propuestas que tratan de asegurar un equilibrio entre los objetivos marcados y la realidad, aunque los agricultores lo tienen claro: “verdes las han segado”. Los altos costes de producción, el recorte de las subvenciones, la incertidumbre derivada de las guerras, principalmente de Ucrania, así como las obligaciones de una producción “más verde” que no están teniendo en cuenta la realidad del sector, están llevando la situación a un nivel donde se vuelve muy necesario tomar medidas desde el consenso con todos los interlocutores implicados. Estas medidas deben ser comunitarias, en el marco de la UE, pero también desde los Gobiernos nacionales y regionales, que tienen que defender a sus agricultores ante un sector cargado de volatilidad, incertidumbre y gran competencia, en muchos casos, incluso desleal.

Por todo ello, es necesario valorar y proteger el esfuerzo que supone para agricultores, ganaderos y productores del sector agroalimentario el surtir de productos el mercado para hacer llegar al consumidor los productos básicos con los que sobrevivir en el día a día a un precio competitivo contra una multitud de adversidades como la sequía, la inflación, la guerra o la “economía verde”, que lejos de ser un problema debe ser un objetivo a conseguir en pro de la sociedad, aunque debe acompañarse de medidas que promuevan y apoyen a un sector que vive un momento de gran inestabilidad.

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