La agonía del sector forestal español

Todas las asociaciones de propietarios forestales de España, reunidas en torno a un Congreso Nacional celebrado el pasado mes de octubre en Valladolid, sede actual de la reunión de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, aprobamos un texto de medidas urgentes para el sector forestal que convenimos en llamar “Carta de Valladolid”. Nunca mejor momento que hoy para recordar esas reivindicaciones de los más de cuatro millones de propietarios forestales españoles que aglutinan cerca del 70% de la superficie forestal española, unos 19 millones de hectáreas. 

El dibujo de la realidad forestal española se perfila con una abrumadora falta de rentabilidad que afecta a muchas explotaciones y consecuentemente pone en riesgo su pervivencia para el futuro. No existen incentivos y apoyos suficientes a la actividad forestal, ni tampoco una fiscalidad adecuada. Los largos turnos de producción someten a las explotaciones a abundantes riesgos (catástrofes naturales, incendios, o plagas). Además, la aplicación de los reglamentos europeos es compleja por la diversidad forestal de nuestros territorios y  la compatibilización de usos, o la falta de integración de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales, territoriales y ambientales, entre muchos otros temas. En esta región, es especialmente acuciante adecuar la Ley Agraria de CyL a la ley de ámbito nacional.

En aquel texto que clausuraba el Primer Congreso Nacional de la Propiedad Forestal y que fue una iniciativa de la Federación de Asociaciones forestales de Castilla y León, se pedían tres medidas esenciales para dar un futuro a los montes privados de España y de Castilla y León, la Comunidad Autónoma más forestal de Europa, que, sin embargo, no contempla en su política agraria un espacio para el sector forestal. Estas medidas fueron remitidas al Gobierno de Pedro Sánchez, así como a todos los actores que intervienen en el futuro de las masas forestales privadas, para que todas ellas pudieran ponerse en marcha cuanto antes. Se podría decir que la principal conclusión extraída fue la necesidad urgente de gestión forestal sostenible y rentable como la mejor prevención y alternativa a los incendios forestales.

Los especialistas y propietarios forestales consideran que esta batería de medidas es esencial para revertir el grave riesgo que existe de degradación e incendios forestales cada vez más agresivos en los montes españoles de titularidad privada, los cuales en una alta proporción se encuentran abandonados por el minifundismo, el éxodo rural y cada vez más acuciados por la sequía y el cambio climático.

Tres medidas urgentes

1. Apoyo a la actividad forestal, como parte de la actividad agraria, que permita avanzar en su profesionalización, y una nueva Ley marco de Fomento de la Actividad Forestal, que promueva:

a. Una fiscalidad adaptada

b. Un marco de seguridad jurídico-económica.

c. Una contabilidad específica y adaptada, que cuantifique la provisión de servicios ecosistémicos.

d. Un nuevo modelo de sociedades con fiscalidad adecuada, que facilite la agrupación de explotaciones forestales, de manera sencilla, y que permita acceder al Registro de la Propiedad y actualizar el Catastro en áreas forestales. Un nuevo marco de apoyos públicos al sector, que promueva el Contrato Territorial u otras figuras similares. 

f. El fomento de líneas de crédito y de seguro específicas y adaptadas a las peculiaridades de la inversión forestal (largo plazo, amplios periodos de carencia, multifuncionalidad y riesgo)

g. Una simplificación y armonización de las normativas que afectan a la actividad forestal.

2. El reconocimiento del importante papel de los silvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos, y en particular en la conservación, mantenimiento y mejora de la biodiversidad y el patrimonio natural, la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la provisión de agua, la regulación del ciclo hidrológico y las inundaciones y el control de la erosión y la desertificación. Y, por tanto:

a. Que la legislación básica forestal y de conservación de la naturaleza se simplifique e incentive la actividad selvícola en el manejo de los sistemas y ecosistemas forestales como herramienta imprescindible para la prevención de incendios y para la generalización de la gestión forestal sostenible.

b. Que se ponga en marcha una financiación pública adecuada de la actividad forestal activando el Fondo Forestal Nacional y que se habiliten mecanismos para la materialización de los pagos por servicios ambientales.

c. Que se ponga en marcha una comisión coparticipada entre las distintas Administraciones con competencias en el régimen de propiedad y los representantes de los propietarios forestales para esclarecer y depurar la titularidad de la propiedad forestal.

d. Que se articule un pacto nacional por los bosques que supere la visión y actuación cortoplacista y la óptica urbano centrista y que asegure la supervivencia y viabilidad económica de los montes.

3. Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade a la sociedad la trascendencia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal.

CUMBRE DEL CLIMA DE LA ONU

Desde FAFCYLE y la Mesa interseccional de la Madera de Castilla y León consideramos que esta Comunidad es especialmente propicia como sede del encuentro preparatorio de la próxima Cumbre del Clima de la ONU, por ser Castilla y León, como hemos dicho, una comunidad con la mayor superficie forestal de Europa y con recursos forestales y bioenergéticos que tienen aquí gran potencialidad. Sólo resaltamos algunos de ellos: desarrollo de la biodiversidad, regulación del ciclo del agua y el clima, cuidado del suelo y absorción de CO2, generación de oxígeno, cuidado del paisaje, fuente de empleo y desarrollo rural. Y una fuente de vida constante y renovable. 

Es indiscutible el papel de los terrenos forestales y de sus propietarios en asuntos de carácter estratégico a nivel europeo como el pacto verde, la transición a la bioeconomía, la economía circular, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales, la soberanía energética y su transición a fuentes renovables.

Todas estas bondades son efectivas de forma directamente proporcional al cuidado continuo de nuestros bosques. Pero todo ello necesita del pacto político y dotarnos de los instrumentos legales que nos hagan estar en la vanguardia del desarrollo forestal.