Diario de Castilla y León

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APENAS sobrepasa el reloj las ocho de   la mañana de este domingo (por ayer), que se prevé caluroso. Así que me ha dado por madrugar y aquí estoy echando de comer y encendiendo el generador para que beban los animales en estos días casi veraniegos. Seres indómitos, estas reses de lidia, de las pocas razas a las que se les sigue permitiendo ser lo que son. Así es, y así debe ser, aunque a los ya iniciados en la ñoñez mascotista les parezca una animalada.

Mientras espero, a la sombra, apoyado en el tronco de un pino, a que se rellene la pila de las vacas de vientre, llega al móvil un mensaje. Un archivo que contiene la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se anula, y se deja por tanto sin efecto ni validez, el Decreto por el que el Ayuntamiento de Valladolid creó unos carriles bus-taxi y otros carriles para bici. Que no se crearon sobre tierra ignota, sino que supusieron la cancelación (oh, qué bello y sugerente vocablo) de carriles de circulación ordinaria.

Aconsejo la lectura de la sentencia, ni muy extensa ni camuflada su esencia en prolijos y epidérmicos tecnicismos. Básicamente ratifica lo que ya expresó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de que tal creación de un plan de circulación de ese calibre debe ser aprobado por Ordenanza, sujeta al trámite del pleno municipal. Lo que equivaldría a ser sometida a la soberanía de la ciudadanía del municipio. Pero no, al más puro estilo sanchista, el caos circulatorio se aprobó por Decreto.  Es decir, porque sí.

Argumenta el Ayuntamiento que esta materia la ha resuelto ya otras veces por Decreto. Como si hacer algo mal de modo repetido sanara un vicio radical. La sentencia, de impoluto desarrollo en su argumentación sistemática, deja perlas como la notoriedad del colapso circulatorio que, junto con su manifiesta ilegalidad, ha regalado el anulado Decreto.

El ‘carril Decreto’ no es sino una modalidad del rancio sanchismo, para evitar que la democracia pedalee.

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