Magnesita
Me gusta la forma en la que el ayuntamiento de Borobia, pueblo de apenas 200 habitantes situado en el Moncayo soriano, está gestionando el proyecto de ampliación de su mina de magnesita. La relación entre la empresa explotadora del yacimiento y el consistorio está regulada por un convenio de 2009. Llega ahora la petición de ampliación del proyecto, y el ayuntamiento, consciente de que esta iniciativa industrial puede ser uno de los últimos clavos a los que agarrarse para detener su despoblación, muestra interés para que todo siga adelante, pero, y ahí está la clave, exige que se ejecuten todos los puntos de aquel convenio.
El pleno del consistorio borobiano acordó hace unos días presentar alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental preceptivo. Alegaciones que exigen a la empresa que cumpla con algo tan importante como es la construcción de una planta de transformación de la magnesita que daría empleo a unos 50 trabajadores, con preferencia para personas vinculadas a la localidad.
El pueblo hizo su parte, poner a disposición de la empresa los terrenos para la explotación minera, con el coste que conlleva en cuanto al deterioro del entorno natural, aunque la magnesita sea un mineral inerte que no contamina. Pero ahora pide que los propietarios hagan la suya, algo que, sin duda, contribuiría a asentar población y supondría una garantía de futuro. Esta manera de hacer las cosas de los borobianos es, en mi humilde opinión, la más adecuada.
La realidad, su realidad, aquí no vale la palabrería, es la que es, pero, por supuesto, están dispuestos a hacer valer lo que en su momento acordaron con la empresa. Y todo ello más allá de que esta pueda aducir alguna causa más o menos razonable para no haber cumplido hasta ahora. Llegado este momento, lo que hay que hacer es exigir. Las alegaciones hacen referencia también a la construcción de un desvío de acceso a la mina para que los camiones no crucen por medio del pueblo, algo ya contemplado en la Declaración de Impacto Ambiental que permitió la puesta en marcha del proyecto y que tampoco se ha ejecutado.
La Junta de Castilla y León, como autoridad competente, tiene la responsabilidad, y hasta la obligación moral, de ayudar al ayuntamiento para que la empresa cumpla. Creo que esta manera de hacer las cosas es, además, una buena estrategia para aquellas zonas rurales a las que llegan proyectos que pueden deteriorar su entorno natural: que se pongan en marcha si cumplen con la legislación, una legislación que debe ser rigurosa, también en la vigilancia ambiental; que se exijan contrapartidas que les procuren futuro; y que las instituciones se aseguren de que los pueblos reciben los beneficios acordados. Herramientas tienen para ello.