Diario de Castilla y León

EDITORIAL

Cuando el protocolo no rige y la víctima es otra niña

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La muerte terrible de la pequeña Sara en Valladolid hace cuatro años a manos del marido de su madre supuso toda una conmoción. Por la violencia con la que se empleó aquella bestia. Por el encubrimiento de la madre. Porque Sara tenía cuatro añitos cuando llegó moribunda en camilla al hospital. Y por el cúmulo de negligencias y desidias perpetradas por las autoridades judiciales y administrativas que debían protegerla y cuya dejación y parsimonia impidió que aquel animal que hoy se pudre en la cárcel consumara todo tipo de aberraciones con la niña. 

Sara, con su muerte, propició que la Junta decidiera cambiar los protocolos para evitar, por ejemplo, que ningún niño con sospechas de agresiones abandone un centro sanitario sin permiso de las autoridades competentes, judiciales y administrativas. La Junta tardó cuatro años en modificar un decreto. Lo hizo el actual gobierno. Así es de lenta la maquinaria legislativa y política de este país. Incluso para proteger a lo más indefenso que hay, que es una niña de cuatro años a la intemperie de su verdugo.

Culminó el proceso legislativo a mediados del pasado mes de enero. Pues un nuevo caso, de otra niña, de cuatro años, ha puesto en entredicho a las autoridades administrativas y judiciales. No es que el decreto no haya funcionado. Porque las medidas jurídicas no funcionan por sí mismas. Hay que aplicarlas. Pus los Servicios Sociales de Protección de la Infancia han tardado 11 días en tener conocimiento de un caso que llegó al reputado Hospital Río Hortega el 26 de febrero y se notificó a los juzgados en esa misma fecha.

Pero nadie llamó, como marca el decreto, desde el Río Hortega, al departamento de la Consejería de Familia para que autorizase la salida de una niña, a la que el forense apuntó como víctima de una agresión sexual y que presentaba una enfermedad venérea. Se la mandó para casa con su madre sin encomendarse a quien marca el protocolo de obligado cumplimiento. Hasta tal extremo es la necedad de este caso, más grave en la operativa que el de Sara, puesto que ahora hay un mecanismo legal para retener a un niño que presenta síntomas de agresiones, que Servicios Sociales lo ha conocido 11 después y sólo porque saltó en los medios de comunicación.

La pregunta es si, además de aprobar la nueva medida y alardear de ella durante dos años, ¿se ha preocupado la Junta en difundir y dar a conocer entre los profesionales sanitarios del Río Hortega, el nuevo protocolo de actuación? ¿O el Río Hortega sólo está preocupado de vender motos a quien se las quiere comprar para dar lustre a la imagen del mayor y más costoso complejo sanitario de Castilla y León, pero que no ha sabido aplicar los protocolos mínimos promovidos por su propia administración para proteger a una niña de cuatro años que presuntamente ha sido víctima de una agresión sexual en el ámbito familiar? Sanidad debe abrir una investigación interna inmediatamente. Si no lo hace es una señal de que a la política le preocupa más la imagen que la propia realidad.

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