Un avance en transparencia ambicioso, que debe ser realista
TRANSPARENCIA. ESA ES, además de la perfecta gestión de lo público, la exigencia máxima que las administraciones deben imponerse. De ahí que deba aplaudirse la ambición de la Junta de Castilla y León por avanzar en una transparencia cada vez mayor, igual que se venía haciendo ya en la etapa anterior, sin olvidar los elogios recibidos por distintas administraciones, incluidos ayuntamientos y diputaciones.
Un avance en transparencia que, además de ambicioso, debe de ser realista. No se puede plantear como si se hiciera para Madrid, donde sus muncipios, Getafe, Alcorcón, Leganés, por citar sólo algunos de ellos, nada tienen que ver con la atomización e idiosincrasia de municipios que tiene Castilla y León, donde más del 97% de sus ayuntamientos no superan los 5.000 habitantes y apenas cuentan con recursos para la gestión del día y a día y la burocracia habitual y, mucho menos, la que exige esta nueva ley.
Una norma que, además, los sitúa en la ‘ilegalidad’ ya que una de sus principales novedasdes es el régimen sancionador que impone. Nadie duda que sea necesario porque hasta ahora el incumplimiento de la transparencia no pasaba del sonrojo y la vergüenza política al ser desvelado, pero debe tenerse muy presente la incapacidad con la que cuentan la mayoría de los pequeños ayuntamientos de la Comunidad para poder cumplirla, ante la falta de medios de los que disponen. No es que no quieran cumplir la nueva ley de transparencia, es que no pueden.
La base, el punto de partida, el camino que es obligado seguir para que esta ley sea efectiva y salga adelante pasa por el diálogo. Hay que escuchar, dialogar para sólo así poder proponer. Tienen que escucharse las exigencias de esos pequeños municipios donde el acalde es el mismo que cambia la bombilla del alumbrado público cuando se funde. Ahí está la evidenccia de esa falta de medios. Escuchar pasa por entender que no es lo mismo el Ayuntamiento de Valladolid o la Diputación de León que Abejar en Soria o Hoyocasero en Ávila, por citar sólo dos ejemplos. El nivel de exigencia no pueder igual para unos y otros.
Y ahí es donde debe incardinarse la nueva Ley de Transparencia, en ser capaz de adaptarse a la realidad de Castilla y León, a esa idiosincrasia de municipios pequeños y sin recursos suficentes para pode aplicar esta nueva ley, que es necesario que tenga en cuenta esta realidad y que busque y apueste por el diálogo entre todas las partes para que salga adelante. Y, sobre todo, que lo haga sin imposiciones y teniendo muy presente esa realidad de Castilla y León.