Diario de Castilla y León

EDITORIAL

El confinamiento de la población exige el amparo legal y constitucional

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CADA VEZ MÁS brotes y contagiados. Esa es la realidad que se está viviendo, a día de hoy, en Castilla y León. Y poco importa si se trata de la primera ola de contagios de coronavirus que aún sigue presente o de una segunda, como señalan ya otras comunidades. El hecho claro e innegable es que los contagios siguen creciendo y los rebrotes de COVID-19 aumentan de forma exponencial.

Ante esta situación, el mensaje de la Junta después del Consejo de Gobierno de ayer para evaluar la situación, pero sin ninguna medida nueva, es apelar a la tranquilidad y responsabilidad de los ciudadanos y remarcar que la situación, en ningún caso, es de alarma. Bienvenidos sean estos mensajes, que nadie duda son absolutamente necesarios, pero es necesario insistir en que en la lucha contra el coronavirus se exige de Sanidad capacidad de reacción para tomar las medidas adecuadas que frenen e impidan el aumento de los contagios y claridad a la hora de explicarlas. Esto último sigue echándose en falta y la mejor demostración es la prohibición o no de fumar, que hasta ayer mismo no se sabía que estaba prohibido, algo que acaba de confirmarse ahora. Por no saberlo lo desconocía hasta la Delegación del Gobierno.

Pero más grave aún es el caso del confinamiento de Aranda, que hasta el Juzgado de lo Contencioso de Burgos exige más explicaciones y los datos claros, concisos y concretos que determinen sin ningún género de dudas la necesidad de mantener el confinamiento a más de 30.000 personas. Una medida que, conviene recordar, afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que Sanidad debería tener muy presente. Eso, y que el confinamiento de la población exige del obligado respaldo legal. Se trata de medidas restrictivas muy graves y que no se cuenta ya con el estado de alarma para ejecutarlas.

Suspender y restringir derechos y libertades de las personas no se puede hacer con cuatro datos colgados en una página web, que es lo que hace la Consejería de Sanidad, tal y como resalta el auto del Juzgado Contencioso de Burgos por el que se rechaza la prórroga del confinamiento. Y, lo más importante, se justifica el porqué, que no es ni más ni menos que la ausencia de los datos claros. Aquellos que determinen la gravedad de la situación como para mantener ese confinamiento, que es justo lo que le viene reclamando el magistrado desde hace ya una semana, cuando en aquel primer auto aprobaba el cierre de Aranda de Duero, pero sólo siete días, no catorce como reclama Sanidad.

Decidir el confinamiento es responsabilidad del juez y, para eso, debe contar con todos los argumentos que le permitan llegar a la decisión que cumpla a rajatabla y sin ningún género de dudas con la legalidad. El responsable en ningún caso es el juez, la responsable de ese confinamiento es Sanidad, porque es ella quien debe reclamarlo con todos los datos y justificaciones precisas. El juez, como autoridad judicial, es responsable de comprobar que los datos son los correctos y será en base a ellos sobre lo que dictamine su resolución de confinamiento o no.

En ningún caso, el juez es la autoridad sanitaria. Quien tiene esa potestad es la Consejería y lo que cabe preguntarse es quién es el responsable en la Consejería de Sanidad. Y es que, de igual manera que los jueces no se meten en las instrucciones sanitarias, no parece muy democrático que los políticos den instrucciones a los jueces sobre cómo tienen que ejercer su labor.

La tarea es clara y la división de poderes aún más. La Consejería de Sanidad, como autoridad sanitaria, es la responsable de aportar todos los razonamientos, y que éstos vengan sujetados con cifras claras y precisas, para solicitar el confinamiento de una localidad, área, edificio, portal, manzana o lo que sea. Y el juez, a la vista de que esos datos son los correctos y siempre en base al amparo legal y constitucional, de validar esa orden de cierre.

Si el magistrado hiciera algo distinto sería prevaricar, algo que evidentemente no va a hacer nunca el juez. Pero es que, además, en el caso de la Consejería de Sanidad de Castilla y León llueve ya sobre mojado porque también tuvo problemas a la hora de llevar el primer confinamiento en la Comunidad, en este caso en el barrio vallisoletano de Delicias. Hasta tres días se tuvo entonces que esperar para que el juez lo validara.

A Sanidad habría que recordarle aquello de que cuando todos le vienen de frente quizás quien va en sentido contrario es ella. Claro que eso es lo que sucede cuando se cree que se tiene la razón absoluta. Y la única razón es que el confinamiento exige el amparo legal y constitucional.

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