PELIGRO DE INCENDIOS
Asaja exige a Medio Ambiente que «rectifique» la restricción de uso de maquinaria agrícola «en plena campaña»
La organización agraria rechaza que se impida trabajar durante ocho horas al día «sin diferenciar territorios, cultivos ni condiciones meteorológicas reales»
Una cosechadora arroja el grano en un remolque conducido por un tractor en una explotación agraria.
El campo se encuentra en plena campaña de recogida del cereal y cuatro días sin poder usar maquinaria puede provocar graves perjuicios. Es el mensaje que da Asaja a la Administración autonómica, a la que reprocha que trate a todos los territorios de igual manera ante la amenaza de los incendios. La sección vallisoletana de la organización profesional agraria (Opa) ha exigido en la mañana de este martes a la Consejería de Medio Ambiente y Energía que «rectifique de inmediato» la resolución que prohíbe, entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde de los días 28, 29, 30 y 31 de julio, el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en el monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal en terrenos de secano.
La Opa «comparte la necesidad de extremar las precauciones ante situaciones de elevado riesgo de incendio» ya que «los agricultores y ganaderos son los primeros interesados en proteger sus explotaciones, sus pueblos y el medio natural». Sin embargo, la prevención, asegura en un comunicado enviado a los medios de comunicación, «no puede traducirse en una prohibición general y desproporcionada que paralice labores esenciales sin atender a las circunstancias reales de cada territorio».
La medida aplica la misma restricción a toda Castilla y León, «sin diferenciar provincias, comarcas, altitudes, cultivos ni condiciones concretas de temperatura, humedad o viento». Tampoco tiene en cuenta que los ciclos agrícolas «son distintos: mientras en algunas zonas la recolección está prácticamente terminada, en otras atraviesa un momento decisivo y no admite demoras».
Por otro lado, dada la proximidad de numerosas parcelas a montes, riberas, arboledas o terrenos clasificados como forestales, la franja de 400 metros «afecta en la práctica a una superficie agrícola muy extensa», advierte la organización agraria. Así, «no se trata de una limitación puntual, sino de impedir durante ocho horas diarias la cosecha y el empacado en plena campaña». La prevención, apunta Asaja Valladolid, «no puede consistir en prohibir trabajar al agricultor sin distinguir territorios, cultivos ni condiciones reales de riesgo». «No es admisible que se considere de forma general la actividad agraria como una amenaza que debe ser paralizada», denuncia.
La organización agraria critica también «la falta de antelación», ya que la resolución «fue firmada durante la tarde del 27 de julio y comenzó a producir efectos a las 0:00 horas del día siguiente, dejando apenas unas horas para reorganizar maquinaria, trabajadores, transportes y labores previamente planificadas».
Asaja Valladolid recuerda en su comunicado que la cosecha «no puede aplazarse indefinidamente. Un retraso de varios días puede provocar pérdidas de grano, deterioro de la calidad, sobresecado, rotura de espigas y dificultades para empacar el forraje». Tampoco es viable desplazar automáticamente todos los trabajos a partir de las 20:00 horas, «cuando la humedad nocturna, la menor visibilidad o la fatiga de los trabajadores pueden dificultar la actividad y generar nuevos riesgos».
Desde la Opa exigen a la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, que las restricciones «se delimiten territorialmente y se revisen diariamente en función de los índices reales de riesgo, la temperatura, la humedad o el viento y reclama excepciones para las labores agrarias».
También solicitan la convocatoria inmediata de una mesa técnica con las consejerías competentes y las organizaciones profesionales agrarias para acordar un sistema de prevención proporcionado, previsible y adaptado a la realidad del campo. Cuando estas restricciones provoquen pérdidas acreditadas, «la Junta deberá cuantificar su impacto y establecer las correspondientes compensaciones. Los agricultores no cuestionamos la prevención; exigimos medidas justificadas y adaptadas a cada territorio. No se puede paralizar el trabajo del campo mediante prohibiciones generales aprobadas con unas horas de antelación y de espaldas al sector”, concluye Asaja.