Castilla y León refuerza la lucha contra los robos en el campo

Castilla y León, la comunidad con mayor superficie agraria de España y una de las más despobladas, arrastra desde hace años un problema persistente de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. La combinación de explotaciones dispersas, grandes distancias entre fincas y una vigilancia limitada en amplias zonas rurales ha convertido los hurtos en el campo en una preocupación estructural para agricultores y ganaderos, que aseguran que el problema va mucho más allá de episodios puntuales. "Es un problema que llevamos sufriendo desde hace años en el campo de Castilla y León", señalan desde Asaja, que sitúan la inseguridad rural entre las principales preocupaciones del sector en la comunidad. En su opinión, la sensación de vulnerabilidad es especialmente intensa en las explotaciones más alejadas de los núcleos urbanos y con menor presencia de vigilancia.

En este contexto, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, introduce cambios relevantes en la respuesta penal frente a estos delitos. La norma busca reforzar el tratamiento de la multirreincidencia y adaptar el Código Penal a una realidad muy presente en el medio rural: la reiteración de pequeños robos que, acumulados, generan un daño económico y operativo significativo en las explotaciones.

El principal cambio es que los robos superiores a 400 euros en explotaciones agrícolas o ganaderas pasan a considerarse delito agravado, lo que permite una respuesta judicial más contundente. "Valoramos positivamente cualquier medida que ayude a proteger el trabajo de agricultores y ganaderos", apuntan desde Asaja, que consideran que este ajuste «acerca la ley a la realidad del campo".

La organización agraria insiste en que el problema no es solo económico, sino operativo. "No estamos hablando únicamente de lo que se roba, sino de lo que se deja de producir o de trabajar cuando falta una pieza clave", explican, en referencia a robos de gasóleo, cableado eléctrico, sistemas de riego o herramientas.

La reforma también endurece el tratamiento de los hurtos de menor cuantía cuando existe reincidencia, un aspecto clave en Castilla y León, donde el sector denuncia la actuación repetida de determinados delincuentes. "Durante años hemos visto cómo los mismos autores entraban y salían del sistema sin consecuencias reales", señalan desde Asaja, que consideran que este cambio "corrige una de las mayores debilidades del sistema", exponen.

En la misma línea se pronuncia COAG, que pone el foco en el impacto acumulado de estos delitos. "El problema en el campo no son solo los grandes robos, sino la suma de pequeños hurtos que se repiten una y otra vez", explican.

COAG subraya que la nueva regulación puede tener un efecto disuasorio si se aplica con eficacia. "La reforma permite que los hurtos reiterados, aunque sean de pequeña cuantía, tengan consecuencias penales reales", señalan, al tiempo que recuerdan que hasta ahora muchas de estas conductas terminaban únicamente en sanciones leves.

HURTOS

La organización añade que este cambio puede contribuir a mejorar la denuncia de los robos en el medio rural. "Si el agricultor percibe que denunciar sirve para algo, se romperá parte de la espiral de impunidad que hemos visto durante años", apuntan desde COAG.

En la práctica, los robos en el campo de Castilla y León responden a patrones bastante definidos. Las OPAs coinciden en que en muchos casos se trata de grupos organizados que actúan de forma itinerante, con movimientos entre provincias y una planificación previa de los objetivos.

"Suelen vigilar las explotaciones antes de actuar y saben perfectamente qué materiales tienen salida fácil", explican desde Asaja, que citan como ejemplos habituales el cobre, el gasóleo agrícola, las baterías o la maquinaria ligera.

COAG coincide en ese diagnóstico y añade que "no es un robo improvisado, sino una actividad muy organizada, con desplazamientos constantes y objetivos claros en función de la facilidad para revender lo sustraído".

Ambas organizaciones advierten además de que existe un elevado nivel de infradenuncia en el medio rural. "Muchos agricultores ya no denuncian porque creen que no sirve de nada o porque el trámite es demasiado lento", señalan desde la organización, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema.

En este sentido, Asaja considera que la nueva ley podría ayudar indirectamente a revertir esta situación. "Si las penas son más claras y más firmes, también debería aumentar la confianza en el sistema", apuntan.

Sin embargo, las OPAs coinciden en que el cambio legal no será suficiente si no va acompañado de medidas operativas. "Sin más medios y sin presencia en el territorio, la ley se quedará corta", advierten desde Asaja, en una posición compartida por el conjunto del sector. COAG insiste en esa misma idea: «La clave está en la prevención y en la presencia policial. La ley ayuda, pero no sustituye a la vigilancia en el terreno».

Por ello, las organizaciones agrarias reclaman un refuerzo de la Guardia Civil en el medio rural, especialmente en las zonas más despobladas de Castilla y León, donde la distancia entre explotaciones complica la respuesta rápida ante los robos. También piden una mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y sistema judicial para agilizar los procedimientos, así como un mayor control de los canales de venta de material robado, especialmente en el caso del cobre y la chatarra.

Además, recuerdan la importancia de las medidas preventivas en las propias explotaciones. "Identificar maquinaria y equipos facilita mucho su recuperación en caso de robo", recuerdan desde COAG, en línea con las recomendaciones de los equipos ROCA.

En definitiva, el campo de Castilla y León recibe la ley de multirreincidencia como un avance relevante en la lucha contra los robos, pero mantiene una postura prudente. El sector agrario confía en que el endurecimiento penal ayude a frenar la reincidencia, aunque insiste en que la seguridad en el medio rural seguirá dependiendo, en gran medida, de la presencia efectiva de medios sobre el terreno y de una aplicación rigurosa de la norma.