La lucha contra la despoblación con ayudas al agro prioriza la innovación

l Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España (MITECO) ha dado un paso clave, con impacto directo en el campo castellano y leonés, al publicar la nueva Orden de bases que actualiza y afina el marco de subvenciones para «proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación», abriendo una vía estable para financiar iniciativas agrícolas, ganaderas y de la cadena agroalimentaria que creen actividad y empleo donde más falta hacen. Se trata de la Orden TED/1074/2025, de 24 de septiembre, que modifica la Orden TED/1358/2021 y que entró en el BOE el 3 de octubre de 2025; su entrada en vigor se produjo al día siguiente, el 4 de octubre de 2025, y llega tras tres años de convocatorias con más de 3.000 solicitudes y más de 600 beneficiarios, con el propósito declarado de ganar claridad, flexibilidad y eficacia en selección y gestión de proyectos.

Para el medio rural de Castilla y León, el encaje territorial es claro: los proyectos podrán desarrollarse en municipios de menos de 5.000 habitantes; también en municipios de 5.000 a 20.000 si su densidad es inferior a 100 hab/km² y las actuaciones se ejecutan en núcleos de menos de 5.000; y en «áreas funcionales no urbanas» –agrupaciones de municipios con estrategia integrada– de menos de 15.000 habitantes (permitiendo que un solo municipio supere los 5.000 si actúa como cabecera). Incluso se admite centralizar determinadas actividades de coordinación o formación en municipios de hasta 30.000 habitantes cuando el proyecto se dirige a una pluralidad de pueblos elegibles. Es un diseño que favorece comarcas agrarias de baja densidad y dispersión poblacional, donde la viabilidad de servicios y nuevos negocios agroganaderos depende de escalas supramunicipales.

REQUISITOS

A la hora de pedir las ayudas se mantienen tres modalidades con beneficiarios definidos y pensados para tejer alianzas campo-instituciones-empresa. La Modalidad A agrupa entidades locales (ayuntamientos, diputaciones en CC.AA. uniprovinciales, consorcios locales y agrupaciones conforme al art. 11.3 de la LGS) para actuaciones en su ámbito territorial; la B se dirige a entidades sin ánimo de lucro con actuación al menos supraprovincial, también en agrupación; y la C abre la puerta a PYMES, autónomos y entidades de economía social con domicilio fiscal en España (con requisitos de alta, no ser empresa en crisis y respeto al régimen de minimis). En A y B, si hay agrupaciones, cada integrante es beneficiario y debe firmarse un acuerdo interno con reparto de tareas, presupuesto y representación única ante la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.

La intensidad de la ayuda es potente para el medio rural: hasta el 90% del gasto subvencionable en A (entidades locales) y B (tercer sector), y hasta el 70% en C (iniciativa empresarial), con el límite adicional de minimis en esta última. La compatibilidad con otras ayudas públicas se admite siempre que la suma no supere el coste total; en C, por su naturaleza, se alinea con el marco de minimis del Reglamento (UE) 2023/2831. Además, puede autorizarse –sin nueva convocatoria– la concesión de ayudas adicionales si a final de ejercicio hay crédito disponible, y cada solicitante solo puede presentar un proyecto por convocatoria.

La gestión y tesorería se facilitan de forma apreciable, algo crítico para ayuntamientos rurales y pequeñas explotaciones: se permiten anticipos de hasta el 100% en las tres modalidades; en A y B, de oficio y sin garantías; en C, con garantía en la Caja General de Depósitos por el importe anticipado más un 5%, salvo una excepción que permite anticipar hasta el 25% (máx. 25.000 euros) sin garantía, según fije la convocatoria. Esta liquidez temprana puede ser decisiva para acometer inversiones en establos, centros de transformación o servicios agrarios compartidos en territorios con limitada capacidad financiera.

También se flexibiliza la subcontratación: las entidades locales (A) podrán subcontratar hasta el 100% del presupuesto –conforme a la Ley de Contratos–, mientras que B y C podrán subcontratar hasta el 70%. Si lo subcontratado supera el 20% de la ayuda y 60.000 euros (IVA incl.), habrá que pedir autorización previa, con silencio positivo en un mes. Se reafirma, además, que la beneficiaria asume la responsabilidad de ejecución y debe contar con la capacidad técnica y, en su caso, competencia administrativa.

El «qué financia» se despliega en un Anexo I del BOE mucho más detallado, que importa especialmente al agro regional. Hay una tipología específica (la nº 13) para «Agricultura, ganadería, agroalimentación y sectores vinculados a la primera transformación de productos y valorización de residuos de cultivos y explotaciones», con medidas alineadas a la agricultura ecológica, regenerativa y de precisión; la ganadería extensiva, el bienestar animal y la convivencia con grandes carnívoros; la diversificación de rentas y circuitos cortos; o la gestión del agua y la calidad del suelo. El énfasis es claro: apoyar la transición productiva en fincas y granjas, y reforzar la cadena de valor rural, desde el campo a la pequeña industria de primera transformación.

Junto a esa parte agraria, se consideran otras tipologías que sirven de palanca para el sector: gestión forestal sostenible (bioeconomía forestal, resiliencia al fuego y función protectora sobre cultivos), relevante para montes de utilidad pública y para el suministro de biomasa; energía (optimización de la producción o del consumo, con impacto en habitabilidad y atracción de actividad económica); sociedad de la información y digitalización (mejora de comunicaciones y proyectos de digitalización) que habilitan agricultura de datos y teledetección; industria y comercio (mejora del comercio local y acceso a mercados, crucial para el producto agroalimentario de proximidad); o proyectos en zonas afectadas por incendios y catástrofes, pensados para reparar impactos y ganar resiliencia. Se incluyen igualmente vivienda y servicios sociosanitarios, que son condiciones de base para atraer y retener mano de obra cualificada en el territorio.