El campo, contra la especulación de los cereales

Continúan los malos tiempos para el cereal. No en lo agronómico, pues se espera una cosecha que podría ser histórica en cantidad y calidad, sino en los precios de mercado. Si en los últimos días las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han denunciado los bajos precios y han criticado a las lonjas por fijar cotizaciones del grano por debajo de costes, esta última semana no ha sido para menos: Asaja pide inspecciones de oficio en las operaciones de compra-venta que fijen precios por debajo de costes, y Upa carga contra la actitud «impúdica» de ciertos intermediarios.

Asaja Castilla y León ha señalado que con el arranque de las primeras cosechadoras «la situación de los agricultores de cereal ha pasado de difícil a crítica», ya que «los precios no remontan, sino todo lo contrario, y no cubren los costes de producción».

Ante esta situación, Asaja Valladolid pidió el pasado viernes a la Consejería de Agricultura de Castilla y León «que asuma sus competencias ejecutivas con respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria». La organización pide que la consejera, María González Corral, «deje de mirar a otro lado y realice inspecciones de oficio ante la compra-venta de cereal por debajo de los costes de producción que vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria».

La Opa reclama que González Corral «entre inauguración e inauguración, se ponga a trabajar para defender a los productores de cereal de la Comunidad y cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas por la Ley de la Cadena Alimentaria».

Desde la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2021, se estableció la obligación de que los contratos entre productores y compradores en el sector agroalimentario garanticen, como mínimo, la cobertura de los costes efectivos de producción.

Para asegurar su cumplimiento, la normativa contempla inspecciones de oficio, que pueden ser llevadas a cabo por la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), o por las comunidades autónomas, que tienen atribuidas competencias ejecutivas en materia de control de la cadena. «No se puede abandonar a su suerte a los productores de cereal», apuntan desde Asaja. «Muchas comunidades autónomas han comenzado a desarrollar sus propios mecanismos de control y realizar inspecciones de oficio pero en Castilla y León la situación está parada».

Por su parte, Upa Castilla y León denuncia que las cotizaciones del cereal que están marcándose actualmente en las lonjas «reflejan el comportamiento impúdico de intermediarios, almacenistas y operadores comerciales creando tendencias entre los agricultores de la región para que estos vendan a precios irrisorios y ruinosos». Por ello, la organización denuncia «el nivel máximo de especulación que sufre el sector cerealista castellano y leonés a día de hoy con referencias en las lonjas de la región, como por ejemplo la de Salamanca, con precios para la cebada de 182 euros tonelada, mientras que la Lonja de Lérida cotiza a 200 la de Barcelona 197, que aún son precios por debajo de costes».