La renta media agraria no llega al SMI

Parecen datos antiguos pero acaban de salir a la luz: según los informes más recientes de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, los agricultores y ganaderos profesionales de Castilla y León cobraron por término medio menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Concretamente, un 15,8% por debajo, lo que se traduce en 11.790 euros frente al un salario mínimo que se fijó en ese ejercicio en 14.000 euros. Pero no solo es Castilla y León la que registra una renta menor que el SMI. El conjunto nacional se anota un rendimiento medio agrario por contribuyente de 12.441, también por debajo del SMI.

Solo seis autonomías: Canarias (18.626E), Baleares (16.221E), Madrid (14.799E), Murcia (14.057E), Aragón (13.251E) y Andalucía (13.201E) superan el SMI en rendimiento neto agrario de agricultores y ganaderos profesionales, es decir, aquellos cuyos rendimientos netos agrarios suponen más del 50% de sus rendimientos totales. Castilla y León es la siguiente de la tabla, en séptimo lugar, la primera de las autonomías por debajo del SMI en los aludidos rendimientos, con los referidos 11.790E. Hay que aclarar que en esa tabla no están País Vasco y Navarra, que tienen su propio sistema estadístico por el régimen foral.

Más en concreto, esa renta media de Castilla y León proviene de la cantidad total de rendimientos agrarios declarados, 291.251.176 euros divididos por 24.703 contribuyentes profesionales del campo. Por debajo de Castilla y León figuran La Rioja, con una media de 11.672 euros por contribuyente profesional agrario, Cataluña (11.584E), Extremadura (11.238E), Castilla-La Mancha (10.213E), Galicia (9.774E), Comunidad Valenciana (8.824); Asturias (7.226E) y Cantabria (6.384E).

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) han salido a la palestra para denunciar la baja renta de agricultores y ganaderos. De hecho, todos los datos expresados han sido difundidos por Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), a través de su organización estatal, Unión de Uniones. Tras analizar los datos fiscales de los contribuyentes agrarios, la Opa concluyó que el rendimiento neto obtenido por la actividad agraria de los agricultores y ganaderos profesionales está, de media, bastante alejado del SMI aprobado cada año por el Gobierno. 

La organización ha tenido acceso a los datos más recientes disponibles de la Agencia Tributaria, sobre el número de declarantes de ingresos agrarios en IRPF, tanto en estimación directa como por módulos, y de los rendimientos netos obtenidos en el ejercicio de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En ese año 2022, «un total de 940.312 contribuyentes declararon ingresos agrarios, de los cuales solo 159.913, es decir el 17%, podrían asimilarse a profesionales del sector al obtener más del 50% de sus rendimientos netos del trabajo en su explotación», explican desde Unión de Uniones.

El rendimiento neto total declarado por estos profesionales en toda España –con la salvedad de las mencionadas Navarra y País Vasco– habría sido en el ejercicio 2022 de 1.989,4 millones de euros, lo que arrojaría un rendimiento medio de 12.441 euros anuales por contribuyente. «Dicho rendimiento medio estaría por debajo de la media de rendimientos medios del conjunto de actividades económicas, 13.374 euros, y sería igualmente inferior, concretamente un 47,5% menos, a los rendimientos del trabajo declarados por el conjunto de los asalariados», siguen explicando en la Opa.

«Se ha de recordar que en el año 2022 el Gobierno fijó el SMI en 14.000 euros anuales; es decir, que el rendimiento neto agrario de los profesionales [en el conjunto nacional] estuvo un 11,1% por debajo del SMI de aquel año», añaden. La organización señala, así, la diferencia del tratamiento que se hace por parte del Gobierno entre los autónomos, en este caso agrarios, y los asalariados. UCCL recuerda que entre el año 2028 y 2025, el SMI acumula una subida del 60,9% desde el año 2019.

«¿Cómo no vamos a respetar que todos, trabajadores por cuenta propia y ajena, tengamos unos ingresos dignos?» apuntan desde la organización. «Lo que criticamos es que no se reconozca por parte del Ministerio de Trabajo el esfuerzo que estamos haciendo los autónomos agrarios al asumir estas subidas para hacer frente a las campañas agrícolas».

También recuerdan que el sector agrario, con la mermada rentabilidad, «no sólo está absorbiendo esos incrementos, sino que está pagando, en el caso de los temporeros, del orden de un 8% por encima de los mínimos establecidos por el Gobierno». Así lo revelan los datos oficiales que reflejan, por ejemplo, que en 2024, frente a un SMI oficial para los temporeros de 53,7 euros/hora, los agricultores «pagaron de media 58 euros».

SIN INTERLOCUCIÓN

La situación no se ciñe exclusivamente al SMI. Según la Opa, hay «una total ausencia de interlocución» con el sector agrario por parte del Ministerio de Trabajo. «Hemos pedido reunirnos con motivo de la Reforma Laboral de los fijos discontinuos, para la implantación del registro diario de jornada, para la reducción de la jornada laboral y ahora para las subidas del SMI» expresan desde Unión de Uniones, «pero la Ministra nunca escucha al sector agrario antes de tomar las decisiones que nos afectan», concluyen.

Bien es cierto que la renta agraria en 2022 cayó hasta los 28.983,80 euros en España (3.119,07 en Castilla y León), cuando en 2021 había alcanzado 29.942,96 euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

La situación actual ha podido modificarse respecto al año 2022. Según el primer avance del Mapa sobre la renta agraria de 2024, la renta agraria habría alcanzado en toda España los 37.759 millones de euros el pasado año, el 14,2% más que el año anterior, 2023. La producción de la rama agraria registró su valor récord, con 68.430 millones de euros, un 4,3% más que en 2023 también en el marco nacional, ya que el Mapa no ha publicado aún datos por autonomías.

La producción vegetal aumentó en 2024 un 8,9% hasta los 38.831 millones de euros por los buenos rendimientos obtenidos en la mayoría de los cultivos tras dos años de fuerte sequía, aun cuando la producción animal se redujo un 1,3% en valor por la caída de sus precios. Los consumos intermedios se estiman en 28.914 millones de euros con un segundo año de descenso (-8,5%), tras el máximo histórico que registraron también, precisamente, en 2022.

En cuanto a los datos específicos sobre la renta agraria de Castilla y León, los últimos datos disponibles corresponden a 2023, cuando la producción total de la rama agraria sumó 7.922,11 millones de euros, de los que 3.018,73 procedían de producción vegetal y 4.617,35 de producción animal. Los consumos intermedios anotaron 4.805,66 euros, hasta dar como resultado una renta agraria de 3.201,02 millones de euros.

En este contexto de rentas, las Opas alertan sobre nuevas normas de tributación publicadas por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2024. Así, Asaja Castilla y León ha advertido de las repercusiones que para el agricultor tiene en sus prestaciones sociales reducir su base de cotización en el nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluye los del sector agrario. «Hay que tener en cuenta el peso que este sistema de cotización tiene en el campo de la comunidad autónoma: en Castilla y León los autónomos en el sector son el 61% de los cotizantes agrarios, frente al 25% nacional».

NUEVO SISTEMA

Según explica Asaja, en enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluyen los del sector agrario. El nuevo sistema no permite al autónomo elegir su base de cotización, como se venía haciendo, sino que le obliga a elegir cada año una base mensual, que tiene un carácter provisional hasta que se proceda a su regularización anual según los rendimientos de su actividad. Rendimientos que en el caso del sector agropecuario fluctúan mucho cada año, al depender de variables incontrolables como la meteorología o los mercados internacionales.

La regularización del año 2023 se comenzó a finales de 2024 y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está notificando ahora a los autónomos si la cuota que pagaron en el año 2023 se ajusta o no a sus rendimientos netos según lo declarado en el IRPF de ese año. Si la cuota fue mayor se le devolverá lo que corresponda, y si fue inferior deberá pagar.

«Asaja, como conocedora de las notificaciones que se han realizado a una gran parte de los profesionales del sector, ha comprobado que la mayoría de las notificaciones son porque la cuota que han pagado es mayor de lo que les corresponde según sus rendimientos netos minorados del ejercicio 2023», apunta la Opa. «Esto implica que el agricultor o ganadero va a cotizar por una base de cotización inferior a la que podría desear y que, en la mayoría de los supuestos, supone una base muy inferior a la base mínima de cotización del régimen general».

Si bien a simple vista esto podría suponer una ventaja para el autónomo al cotizar menos, «esto no es así, ya que estos trabajadores autónomos verán recortadas sus prestaciones sociales tanto en el corto plazo (en caso de bajas o permisos por IT, IP, maternidad o paternidad y riesgo durante el embarazo), como en el largo (jubilación)».

Por ello, desde la Opa consideran que se debería revisar el sistema, «teniendo en cuenta a la hora de su negociación a los representantes de las organizaciones agrarias conocedoras de las especificidades del sector, puesto que, en una Comunidad como la nuestra donde las explotaciones son más pequeñas y muy profesionalizadas, los tramos de cotización van a quedar encuadrados en los 3 primeros, cuyas bases de cotización están muy alejadas de la base mínima del régimen general, dando lugar, como hemos señalado anteriormente, a un grave perjuicio para estos profesionales y un paso atrás con respecto al año 2007, cuando se integró el régimen especial agrario de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Autónomos, a través del cual los agricultores y ganaderos cotizaban más y tenían mayores prestaciones».

«El autónomo del campo quiere seguir, como hasta ahora, pudiendo elegir aumentar su base de cotización, sobre todo aquellos años que sus rendimientos estén por debajo de los habituales»

«En cualquier caso», señalan desde Asaja, «los autónomos del sector agrario de nuestra Comunidad (que suponen el 61% de los cotizantes del sector en Castilla y León frente al 25% nacional), no deberían tener en ningún caso prestaciones inferiores a las que supondrían cotizar por el SMI, y si sus rendimientos anuales no les permiten cotizar por ese tramo deberían recibir el apoyo necesario para cotizar en el tramo mínimo de ese nivel», concluyen.

MÓDULOS

Coag, por su parte, considera «insuficiente» la Orden de módulos publicada por Hacienda para el ejercicio fiscal 2024, que regula el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado, para la Renta 2025. La Opa sí valora la exclusión del IVA de la venta de los productos agrícolas y ganaderos del cómputo para cotizar por el régimen de módulos, situado en 250.000 euros. Una «histórica reivindicación fiscal de esta organización», asegura, que, aunque supone un avance, «se queda corta». Por ello, Coag reclama a los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda, elevar el límite de facturación para poder acogerse a este régimen fiscal hasta los 300.000 euros.

«La inflación de costes y precio ha elevado la facturación global de los agricultores profesionales, pero no su rendimiento neto; 250.000 euros es una cifra que no está actualizada a la realidad de las explotaciones agrarias profesionales. En 2022, con el estallido de la guerra en Ucrania, los costes de los principales inputs que se utilizan en la actividad agraria se dispararon por encima del 40% y, aunque en la última campaña experimentan una tendencia a la baja, sus valores están muy alejados del escenario pre-bélico», subrayó el responsable de Fiscalidad de Coag, Andrés Góngora.

De otro lado, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ante la campaña de regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios, pide «que se rectifique, pues se podrían recortar las prestaciones entre un 32% y un 44%». La Opa demanda una rectificación en la campaña que la Seguridad Social está llevando a cabo para regularizar las bases y cuotas de cotización de los agricultores profesionales que ya estaba de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos [RETA] de la Seguridad Social.

La organización alerta de que, «de proceder a la regularización, los profesionales agrarios de alta en el RETA antes del 1 de enero de 2023, sufrirán recortes en las prestaciones sociales de un 32%, de forma inmediata a las incapacidades temporales, a medio plazo a las de viudedad, y a largo plazo a las incapacidades permanentes y jubilación; unas caídas que aún acusará más –un 44%– a los que están dados de alta en el RETA después del 1 de enero del 2023», concluye UCCL.