Las propuestas del Mapa, cojas sin el Miteco

Un avance, sí, pero insuficiente. Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) de Castilla y León ven en el documento presentado a bombo y platillo por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), Luis Planas, con 43 medidas «estrella» el pasado lunes, bastantes lagunas. En primer lugar, inconcreciones sobre asuntos tan importantes como qué hacer para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria o cuáles van a ser las medidas para potenciar los seguros agrarios.

Pero, sobre todo, las lagunas más importantes están en la falta de implicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con asuntos tan importantes como la regulación del lobo tras su inclusión en el Listado de Especies de Especial Protección (Lespre) o los numerosos condicionamientos medioambientales que se les exige a agricultores y ganaderos. «Si no hay un avance en estos asuntos, los agricultores y ganaderos seguiremos con las movilizaciones», avanza en respuesta a este periódico el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

El secretario general de UPA Castilla y León y coordinador de la Alianza UPA-Coag, Aurelio González, valora los avances pero también ve cojos muchos asuntos referentes sobre todo a la ganadería. «Respecto a la papeleta de la PAC se puede decir que se ha solucionado de momento, pero hay que seguir negociando y no descartamos movilizaciones», explica.

Planas presentó a las Opas lo que consideró un conjunto «sólido y ambicioso» de 43 propuestas de medidas que, a su juicio, «dan respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones celebradas durante el último mes» y que, según valoró, «demuestran el compromiso del Gobierno con un sector que es pilar fundamental de la economía española».

El ministro explicó que, con esas medidas, agrupadas en siete ámbitos, «se da respuesta a las inquietudes puestas sobre la mesa en las distintas reuniones que ha mantenido con las tres organizaciones agrarias representativas del sector: Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y Unión de Pequeños Agricultores (UPA)». En los últimos días ha incluido en el grupo de las representativas a Unión de Uniones, UCCL en Castilla y León, una de las organizaciones más potentes detrás de las movilizaciones.

El Ministerio trasladó la iniciativa después del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que el martes anterior aprobó las propuestas de simplificación y de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), así como otras medidas presentadas por la Comisión Europea y que ahora deben ratificarse en el Parlamento. El ministro reiteró que fue un Consejo «tremendamente relevante por el alcance de más medidas adoptadas y por la urgencia con la que las instituciones europeas han dado respuesta» a las movilizaciones de agricultores y ganaderos en distintos Estados miembros, de las que ha reconocido que «han motivado un cambio de posición de la Comisión Europea».

Entre las propuestas presentadas se incluyen ya las recogidas en la propuesta de la Comisión Europea, que recibió el apoyo del Consejo de Ministros de la UE la semana anterior y que fue remitido al Parlamento europeo por la vía de urgencia.

El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.

Ayudas

La propuesta de medidas se suma a la mayor ayuda de Estado al sector agrario en España al margen de la PAC, con un total de 1.380 millones de euros en apoyos directos en los últimos dos años, explicó el Ministerio.

En cuanto a las medidas de simplificación, abarcan 15 propuestas entre las que hay medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (Bcam) sobre gestión de labranza (Bcam 5), coberturas de suelo (Bcam 6), rotación de cultivos (Bcam 7) y barbechos (Bcam 8), que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto. Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55% de los perceptores de ayudas de la PAC en España.

Igualmente, se flexibilizan y simplifican los criterios para la aplicación de ecorregímenes; se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario, y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos. También se flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se establece el principio de inspección única, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año.

En materia de ganadería, se prorroga la fecha para la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral en las explotaciones y para la identificación electrónica de los bovinos y se flexibilizan ciertos requisitos del decreto de ordenación bovina.

El Gobierno se compromete en su propuesta a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros.

La Unión Europea «está cada vez más cerca de este objetivo, que es una larga reivindicación de Estados miembros como España y Francia, y que sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo, aunque no en el Consejo», explicó Planas. Ha señalado que la UE aplica ya el reglamento de deforestación o las tasas de carbono en frontera para los países que no tienen reducción de emisiones de CO2, que son medidas equivalentes a lo que supone la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios, que es en lo que consisten las cláusulas espejo.

Entre las medidas propuestas por el Ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Además, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

Ley de cadena

La propuesta compromete al Gobierno para mejora y reforzar la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria (Aica) al convertirla en agencia estatal, con lo que contará con mayor estructura para incrementar las relaciones comerciales objeto de control, explicó el Ministerio en un comunicado. Entre las propuestas barajadas por Comisión Europea para la reforma del reglamento sobre prácticas comerciales desleales se incluye la introducción de elementos ya aplicados en España, lo que evidencia «el carácter pionero de la ley de la cadena reformada en 2021».

Por otro lado, en cuanto a los seguros, el Gobierno se compromete también a tomar las medidas necesarias, en diálogo con las organizaciones agrarias, para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios en una situación en la que las adversidades debidas al cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y el nivel de indemnizaciones. El Ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75% de la prima comercial).

En este ámbito las aportaciones del Ministerio para las distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario permitirían movilizar unos créditos por importe de 700 millones de euros. Así, la dotación extraordinaria de 20 millones de euros, más otros siete para avales en la línea de crédito Ico-Mapa-Saeca, permitirá movilizar 200 millones en créditos para jóvenes agricultores. Además, el Ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según las estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por 500 millones de euros.

También se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35% en los carburantes y combustibles y del 15% en los fertilizantes. En consideración de la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15% en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema, entre otras medidas.

El Ministerio aportará financiación para los gastos destinados a las campañas del plan de actuación contra la tuberculosis que no puedan ser cubiertos por fondos comunitarios y para los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra enfermedades animales emergentes, como la hemorrágica epizoótica.

En la primera quincena de abril se constituirá el foro sobre ganadería extensiva para analizar los principales problemas y desafíos que afectan a este tipo de producción, tanto sanitarios como económicos y de rentabilidad.

El Ministerio convocará una conferencia sectorial monográfica extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias para elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que lo favorezcan, así como el empleo más eficiente de los recursos de la PAC.

Reuniones

Las Opas celebran estos días reuniones para decidir la postura a tomar a nivel estatal respecto a la propuesta del ministerio. El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, avanza que Asaja está analizando las medidas «punto por punto» y tendrá reunión a nivel nacional para decidir las medidas a tomar al respecto. Sin embargo, en un primer avance, el responsable autonómico puede decir que «hay medidas que son positivas pero se quedan muy lejos de las pretensiones que Asaja tenía en los momentos de reivindicación». Por ejemplo, «dentro de las medidas de flexibilización, tanto burocrática como de laboreo, hay algunas que se aplican este año, pero ya no para años siguientes, o hay algunas en ganadería, que lo que hacen es retrasar su aplicación de este año para los siguientes».

«Nosotros queremos ir bastante más lejos», apunta Dujo. «Queremos que todas las medidas sean para toda esta PAC, sin distinciones de año, y entren todas en vigor todas este año de manera inmediata». También falla la propuesta en otras cuestiones. Por ejemplo, «no se concreta qué es lo que se puede hacer con la Ley de la Cadena Agroalimentaria, con el tema de lo seguros, o todo el tema del sector ganadero en materia sanitaria. Hay que tener una concreción mucho mayor al respecto».

Además, «uno de los temas principales reivindicativos que tenemos no se habla nada, y es todo lo relacionado con el Ministerio de Transición Ecológica, bien sea en materia de agua –infraestructuras, licencias, permisos, márgenes de ríos, limpiezas, todas esas cuestiones, como en materia de fauna salvaje, empezando por el lobo», señala Dujo. «Ahí hay un escollo importante que si la vicepresidenta del Gobierno no se baja del burro va a ser muy complicado cualquier acuerdo con el Gobierno».

Si esos escollos continúan, «si no hay acuerdo, seguiremos con las movilizaciones», avanza. «Aun teniendo claro que el momento actual es mucho más difícil la movilización, porque hay mucho trabajo que hacer, y no es tan fácil mover a la gente, que no había tareas agrícolas».

Por su parte el secretario general de UPA Castilla y León y coordinador de la Alianza UPA-Coag, Aurelio González, reconoce como cierto «lo que dice el Ministerio que en los dos últimos años se han puesto más ayudas al sector que nunca, eso los agricultores y ganaderos tenemos que reconocerlo», apunta. «También es cierto que en el caso de los cereales se quedan escasos, sobre todo en comarcas que sequía que no entraron en los bloques de máximos». En cuanto a la propuesta de Planas, «hay medidas que están bien, nos viene a dar la razón cuando veníamos pidiendo esta flexibilización de la PAC desde el año 2022 con las primeras tractoradas, y luego al año 2022. Vemos que gracias a que se ha movilizado todo el sector, y en otros países, se ha conseguido esa flexibilización, que nos parece interesante y es muy positiva con el tema de las Bcam, la rotación de cultivos queda más o menos bien solucionada. No se elimina, pero casi», señala.

Sin embargo, «otros temas se quedan escasos, como los ecorregímenes, que hay que flexibilizarlos más. El más interesante, la rotación de cultivos, siguen sin hacernos caso en cuanto a que se nos deje cubrirlo con oleaginosas, es decir colza y girasol, y que sea voluntario el tema de las leguminosas». Así, a juicio de UPA, «hay que seguir negociando».

Por otro lado, asegura que hay que ser «más incisivos con el tema de los aranceles en el trigo de Ucrania. Ahora resulta que el 75% de la exportación de trigo de Ucrania viene para España. Si no se pueden poner aranceles, tenga usted la decisión de rebajar las importaciones».

En cuanto al a la Ley de la Cadena, demandan un observatorio de costes en las comunidades autónomas, aunque ven que dotar de facultad sancionadora a la Aica es positivo. Piden también medidas para abaratar el gasóleo agrícola, y la financiación les parece bien «para un apuro grave», pero «los créditos hay que devolverlos».

Las medidas de saneamiento ganadero sigue siendo el talón de Aquiles de la propuesta. «El documento está bien, cambia la dinámica en la sensibilidad y también en la UE, pero sigue siendo insuficiente, hay que seguir negociando» apunta González, que no descarta que continúen las movilizaciones. Sus quejas van también hacia el Miteco: «La ministra solo re reúne con los ecologistas, y no con los agricultores y ganaderos».

El secretario general de Coag Castilla y León y coordinador de la Alianza UPA-Coag, Lorenzo Rivera, se muestra más optimista con la propuesta del Ministerio. «Las medidas de simplificación y flexibilidad que van a aplicar en la PAC nos parece que son acertadas, porque era lo que solicitábamos en ese documento común que firmamos las Opas y la Consejería allá por el mes de diciembre».

La excepción la pone Rivera respecto a la ganadería, pues con muchas de las medidas que siguen en vigor «no estamos de acuerdo». Sí les parece positivo que en los seguros agrarios «se comprometen a llegar al 70-75% que es lo que permite la ley». Así, «dependiendo la disposición de los Ministerios, el Miteco y el de Hacienda, para participar en este trabajo, para mejorar la cuestión fiscal y temas como el lobo y el agua, valoraríamos si seguir o no con las movilizaciones», concluye.

Por su parte, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) a través de su estatal, Unión de Uniones, cree que la oferta del Ministerio de Agricultura va en buena dirección, pero echa en falta medidas esenciales para el sector, ya que «se sigue sin abordar las disfunciones de la cadena alimentaria y se pone de perfil en las cláusulas espejo».