CASO HULLA
Fiscalía pide 24 años de cárcel por el caso Montepío del carbón en la era Zapatero
Anticorrupción sitúa el líder sindical asturiano José Ángel Fernández Villa en la cúspide de una trama para desviar dinero del geriátrico

Villa, con Zapatero, en una imagen de archivo
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel de hasta 24 años de cárcel contra los investigados por el Caso Hulla, entre los que no figura el histórico sindicalista minero José Ángel Fernández Villa, conocido en León por ser el organizador de la fiesta de Rodiezmo y de quien el juzgado acordó en abril de 2024 el sobreseimiento de la causa contra él por su deterioro cognitivo. Aún así, en el escrito de la Fiscalía se sitúa al que fuera líder de SOMA-UGT en la cúspide de la presunta trama de irregularidades cometidas en las obras de la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, en el concejo asturiano de Aller.
Entre los investigados sí se encuentra José Antonio Postigo, el expresidente del Montepío de la Minería, para el que se solicita una pena de 24 años y 6 meses de cárcel, además de una multa de más de 80 millones de euros. Y es que, según recoge Europa Press, Postigo habría sido el principal colaborador de Villa en el supuesto entramado para desviar fondos mineros.
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La investigación se inició en 2017 a raíz de las acciones llevadas a cabo por el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana y por el líder sindicalista. La Fiscalía Anticorrupción, entonces, comenzó un seguimiento después de que ambos se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que se sospecha que pudieron derivar de la obra de la residencia, financiada con cargo a los fondos mineros después de que se modificase el decreto que regulaba su concesión, informa el Diario de León.
Sin poder sentarse Villa en el banquillo al acordarse el sobreseimiento provisional por demencia, Postigo se enfrenta a diferentes delitos por el presunto desvío de fondos mineros, entre los que figuran falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, y blanqueo de capitales, entre otros.
Por otro lado, entre los 18 investigados figuran los responsables de la empresa constructora Alcedo de los Caballeros J.A.F. y J.C.R., que se enfrentan a penas de cárcel de 18 años y 6 meses y 16 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, además de una multa de 80 millones de euros para el primero y de 70 para el segundo. En lo que respecta al arquitecto del proyecto, M.S., la petición de condena corresponde a 13 años y 6 meses de prisión junto a una multa de 80 millones.
Además de la apertura de juicio para 15 de las 18 personas investigadas en la causa, la Fiscalía también pide el decomiso de la residencia de mayores de Felechosa, además de varios vehículos, un inmueble y distintas cantidades de dinero afloradas en la investigación, confirma el Diario de León.
La trama comenzó en los despachos institucionales
Según la Fiscalía, valiéndose de la enorme influencia política y sindical de Fernández Villa ante el Ministerio de Industria, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y la Mesa Regional de la Minería, los cabecillas lograron flexibilizar las normativas reguladoras del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España.
En su plan consiguieron para apoderarse de grandes cantidades de dinero público a través de la eliminación del límite legal del 1% fijado para las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, logrando así que el Estado financiara íntegramente (el 100%) el coste de la macroestructura planificada por el Montepío en Felechosa.