Sin cobertura en un pueblo de León por el miedo a que las antenas causen cáncer

Mientras el mundo avanzaba hacia la hiperconectividad, Villamizar, en la vertiente leonesa de Tierra de Campos, quedó anclada en el pasado por el miedo de su alcalde pedáneo a que las antenas acarrearan problemas de salud a los vecinos. En este núcleo, la actual falta de cobertura móvil no es fruto del olvido administrativo ni de la falta de rentabilidad para las operadoras, sino de la oposición de quien en su día tuvo que autorizar la instalación, según relata una queja que ha dado origen a una intervención del Procurador del Común sobre su conexión telefónica y a internet.

En el momento en que se desplegaron las antenas de telefonía en el municipio, el representante de la entidad local menor se negó a su colocación. El motivo esgrimido entonces fueron los riesgos para la salud, bajo el convencimiento de que las ondas eran peligrosas y existía un alto riesgo de que los vecinos pudieran «contraer cáncer». Aquella decisión se tomó sin consultar al pueblo. El autor de la queja asegura ahora que, al reprocharle esta actuación al antiguo representante, mantiene su postura, afirmando que «de repetirse la situación, haría lo mismo».

En su escrito, el denunciante considera inadmisible que por la «incorrecta actuación» de un político del pasado, los vecinos actuales estén «condenados a perpetuidad» a vivir sin señal. A día de hoy, carecen de cobertura móvil de voz y datos. Aquella precaución sanitaria se ha convertido en una «nueva forma de exclusión social» para los vecinos de esta localidad.

Añade la queja que la situación actual no es la misma que hace 20 o 25 años: «hoy en día para cualquier interacción con la administración pública, con los bancos o con otros organismos más o menos oficiales es imprescindible el teléfono móvil».

La propia Consejería de Movilidad, en su informe de respuesta al Procurador del Común, reconoce su «preocupación respecto a la situación de este municipio». Y se compromete a «continuar dando traslado al Ministerio de éstas y otras carencias en nuestra Comunidad».

El Procurador del Común valora esa «disposición» de la Junta pero insiste en que los servicios de telefonía e internet son «imprescindibles». Considera pues que la situación descrita en la queja «debe ser entendida como un agravio comparativo vulnerador de un derecho al acceso a las infraestructuras de comunicaciones que son una base importante para el ejercicio de derechos y para el desarrollo de las áreas rurales».

En este contexto emplaza a la Consejería de Movilidad y a la Diputación de León a mediar para "facilitar la concesión de las autorizaciones" sea necesario para solucionar los problemas de conexión de telefonía móvil, internet y fibra óptica en éste y el resto de los municipios rurales de la Comunidad.